Una de las ventajas de contar con un académico al frente del Ministerio de Economía es que se puede entender su pensamiento y la estructura teórica de su probable propuesta a partir de la lectura de sus escritos, por ejemplo, con relación a lo que debería ser el funcionamiento del sistema productivo.
Más allá del foco de Martín Guzmán en los problemas de reestructuración de deuda, su documento de 2018, producido en conjunto con Joseph Stiglitz y José Antonio Ocampo, debería dar una luz sobre lo que él entiende debería ser una política macroeconómica para un país subdesarrollado.
El objetivo de esta nota es exponer cuál sería el marco conceptual que deberíamos esperar a partir de la propuesta del Presupuesto 2021, que el Ministro indicó sería el punto de partida para un plan económico. De manera adicional, pretendo señalar algunos problemas que podrían ser encontrados en su implementación.
Prevenir la pandemia económico-financiera
El inicio del análisis es el rol de un tipo de cambio real estable y competitivo (TCREC) como palanca para el desarrollo económico, asociado a la utilización de políticas industriales. Para ello es necesario contar con un sistema de tipos de cambio múltiples que permita generar incentivos para la inversión en sectores transables y que ¨derramen¨ efectos positivos sobre el resto de la economía.
Las conclusiones en términos de política económica a que lleva el documento, inducen a pensar que, por los próximos años, tendríamos un tipo de cambio real con una leve depreciación con relación a los valores actuales, un manejo proactivo de las retenciones con una tendencia a disminuirlos (en función de la situación fiscal) al sector industrial y a la exportación de servicios (dado que permanente se hace hincapié en la necesidad de promover derrame de conocimiento sobre el sector de no transables) y una fuerte regulación de la cuenta capital para impedir el ingreso de flujos de capital de corto plazo.
De allí surge una política direccionada de crédito hacia determinados sectores que tendrían potencial de incrementar de la productividad total de la economía en su conjunto, tanto a través del sector financiero privado como de la actuación de bancos públicos y una repotenciación del BICE como banco de desarrollo.
Si bien el documento no especifica políticas vinculadas a la cuestión fiscal, el uso reiterado de la palabra macro– estabilidad, permite pensar que se está refiriendo a una situación fiscal prolija que permita obtener los superávits necesarios para que el Tesoro afronte sus compromisos y llevar adelante una política de inversión en infraestructura y capacitación de la fuerza laboral. Esto fue reforzado por las repetidas menciones al periodo 2003/8 como un ejemplo de consistencia macroeconómica. Desde el punto de vista financiero, cabe destacar la acumulación de reservas como elemento que contribuye a la estabilización del TCREC, esterilizando el ingreso de divisas a tasas de interés que sean compatibles con el rendimiento de las reservas, minimizando este costo de acumulación (un rendimiento real anual de entre 0 y 1%).
Otro tema relevante, aunque no surge explícitamente, es la necesidad de mejorar la flexibilidad laboral para permitir el desplazamiento de la mano de obra hacia los sectores productores de bienes transables que requieren calificación (con salarios más altos). El sector productor de bienes primarios (probablemente agro, petróleo y minería) sería quien deba soportar (y por varios años) el costo de estas políticas, probablemente con un esquema de retenciones parecido al actual con retenciones diferenciales para productos elaborados.
Sin embargo, a la hora implementar este conjunto de políticas, las buenas intenciones se enfrentarán con algunos desafíos:
-
La credibilidad y capacidad de gestión de las instituciones públicas para poder implementar políticas activas con suficiente consenso.
-
Bajo qué criterios serían definidos los sectores con mayor posibilidad de derrame
-
Estabilidad en el tiempo de las políticas para alentar las decisiones de inversión (como ocurrió con la suspensión de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento).
-
Dificultad de cambiar en el corto y mediano plazo hábitos de ahorro en un sistema bimonetario y prescindir de la referencia al dólar como unidad de cuenta y reserva de valor.
-
El tamaño del sistema financiero privado no permite imaginar un vehículo eficiente para canalizar el crédito.
-
Contar con un sistema impositivo simple, estable y eficiente que, además de generar los recursos, actúe como un buen inductor de los animal spirits empresariales.
-
Si bien el artículo reconoce que el flujo de fondos es la fuente de recursos para que las Pymes inviertan en los países emergentes, se castiga tributariamente sus ganancias.
-
En la industria, quienes lideran los efectos de derrame de conocimiento sobre la economía suelen ser las grandes empresas con acceso a tecnología de última generación y capacidad de acceso a los mercados externos. No parece un buen incentivo aumentar la inversión el imponerles tasas impositivas diferenciales.
* Economista. Posgrado en Negocios en la Fundación Getulio Vargas-San Pablo.
