A una semana de la entrada en vigencia del DNU 70/2023 algunos cambios ya comenzaron a notarse. Entre los primeros están el aumento de las prepagas del 40% para enero, y que fue notificado a los usuarios a pocas horas de conocerse la normativa. Otro cambio importante es el de la derogación de la ley de alquileres, que según referentes del sector inmobiliario redundó en una mayor oferta. Sin embargo, muchos inquilinos, a pocos días de anunciado el DNU, recibieron notificaciones de aumentos, y en las plataformas que ofrecen alquileres gran parte de los precios pasaron a dólares. El impacto de la derogación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas y el Observatorio de Precios es mucho más difícil de medir. Sin embargo, tal como registró PERFIL, se siguen presentando grandes dispersiones en productos básicos y limitaciones para la compra de algunos alimentos en supermercados.
Como primer efecto sobre el bolsillo, el mismo 21 de diciembre, un día después de la presentación del DNU, algunas prepagas invocaron la norma para comenzar a aplicar un aumento cercano al 40% a partir de enero, algo que notificaron 8 días antes de la entrada en vigencia de la regulación citada. Además, anunciaron subas de hasta 36% en febrero y otro porcentaje en marzo. Lo que pudo constatar PERFIL es que, ante el reclamo de los usuarios y previendo la posibilidad de que muchos deban abandonar el servicio por aumentos que rondarían el 80% en los primeros dos meses del año, las empresas comenzaron a ofrecer nuevos planes, e incluso servicios más económicos que ya tenían pero que no estaban brindando. Otras decidieron dar marcha atrás con la suba y aplicarla de manera escalonada. “Ante las situaciones complejas que nos atraviesan a todos, el porcentaje del 35,6% que adicionamos al incremento del 6,26% para el mes de enero de 2024 y que íbamos a aplicar efectivamente en el mes de febrero se realizará en forma progresiva y en partes iguales durante los próximos cuatro meses”, comunicaron.
El DNU también incorporó la derogación de la Ley de Alquileres. Según explicó a PERFIL Alejandro Bennazar, director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), “en el quinto día (después de la aplicación del DNU) empezó a notarse que apareció la oferta y las inmobiliarias, al disponer de estas unidades, empiezan a cerrar más contratos”. Sobre la forma en la que van tomando forma estos nuevos contratos no regulados, Bennazar explicó que “hasta ahora los cierres son en pesos y de duración promedio de un año”, algo que estiman cambiará a medida que se “genere confianza en el propietario”. Lo que recomiendan desde la CIA es sellar contratos por dos años y actualizaciones trimestrales.
Ana María Ponce (77) tiene un local comercial en el centro de la ciudad de San Luis. Según le comentó a PERFIL, está evaluando volver a ponerlo en alquiler. “Hasta ahora no lo hacía porque consideraba que las actualizaciones no me iban a rendir por la inflación. Ahora tampoco tengo nada asegurado, pero estoy evaluando la situación, debido a que puedo pactar un contrato corto y arrepentirme si no funciona”.
José Rozado, director de Reporte Inmobiliario, aseguró a este medio que “es prematuro sacar conclusiones reales, objetivas y verdaderas” sobre el impacto del DNU. “El mercado inmobiliario tiene una fuerte inercia, y más aún estacionalmente después de la segunda quincena de diciembre y mediados de febrero. Esto todavía se ve potenciado por efecto del cambio de gobierno, nuevas medidas y DNU”. Según Rozado, lo que sí puede observarse “es una expectativa positiva entre los operadores inmobiliarios”. Por ahora, concluyó, “hay un interés renovado en propietarios que habían sacado de la oferta el alquiler”.
Quienes no tienen una expectativa tan positiva son los inquilinos. La organización Inquilinos Agrupados presentó un amparo solicitando la suspensión de la derogación de la Ley de Alquileres, porque consideran que el DNU es inconstitucional. En sus redes sociales compartieron denuncias de usuarios sobre el paso de alquileres a dólares y disminución del tiempo de contratos, que ya no tienen un plazo mínimo de tres años. La asociación afirmó que “con el aumento trimestral atado a la inflación no hay salario que aguante ni 6 meses”.
Según pudo constatar PERFIL, en distintas páginas en donde se ofrecen alquileres, los propietarios comenzaron a publicar precios en dólares y aumentaron las quejas de los usuarios que cobran sus sueldos en pesos.
Las leyes de Abastecimiento, Góndolas y el Observatorio de Precios, derogados por el DNU, facultaban al Estado a controlar los precios excesivos e impulsaban la oferta de producción local. Si bien en este caso es más difícil conocer el impacto directo, lo cierto es que el sinceramiento de precios y la desregulación redundaron en una inflación que, según estudios privados, cerró diciembre en una cifra cercana al 30%.
Por otro lado, en productos como la yerba, las dispersiones de precios pueden llegar al 80% entre supermercado y supermercado, y se mantienen los máximos de compra por cliente en bienes básicos como el aceite.
El economista Santiago Manoukian explicó a PERFIL que lo que estamos atravesando “es una fase de corrección de precios relativos, condición necesaria para la implementación de un programa de estabilización que aún no conocemos”. Las dispersiones de precios, agregó, “deberían ir desapareciendo a medida que baje la inflación, porque una de las consecuencias principales de la inflación es la pérdida de precios de referencia”.
El problema es que, en este contexto, el Estado se queda sin recursos para evitar abusos. “Si el supermercado retiene mercaderías, especulando con el precio, no se lo puede multar”, explicó en un informe del Centro de Economía Política (CEPA).
