El 8 de julio de 1989, se producía en la Argentina el primer recambio de gobierno en democracia en más de cincuenta años y, al mismo tiempo, la primera alternancia entre dos gobiernos constitucionales de distinto signo político. El radical Raúl Alfonsín le entregaba los atributos del mando al justicialista Carlos Menem. El peronismo volvía al poder, y con él, también la primera línea de la dirigencia sindical.
La trascendencia histórica de este recambio constitucional ocurría en un contexto de grave crisis económica y social. La sucesión presidencial legítima y pacífica era un indicador de continuidad y de consolidación de la democracia. Pero al mismo tiempo, contenía situaciones y fuerzas de nítida ruptura que derivaban tanto de la aguda crisis socioeconómica y las graves tensiones sociales que acompañaron el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín, como del proyecto de poder que se había gestado en torno del candidato justicialista triunfante en las elecciones del 14 de mayo. La legitimidad constitucional, que había sorteado y superado toda clase de obstáculos y desafíos, marchaba por carriles paralelos de los factores de poder real y de la crisis terminal del modelo estatal, expresada en la acelerada escalada hiperinflacionaria.
Salariazo y revolución productiva. Durante la campaña electoral, en los turbulentos meses finales de 1988 e inicios del 89, Carlos Menem había levantado las consignas del “salariazo” y la “revolución productiva”, un discurso y un perfil populares que buscaba reflotar la idea de un pacto consensuado por los distintos poderes de la sociedad. La mayor parte del sindicalismo, de fuerte tradición peronista y negociadora, se sumó a la propuesta y la campaña de Menem, luego de los realineamientos que siguieron a la elección interna partidaria del 9 de julio de 1988.
El 9 de mayo, cinco días antes de las elecciones, la Unión Industrial Argentina (UIA) había firmado un documento con la Confederación General de Trabajo (CGT), en el que se comprometía a evitar nuevos despidos o suspensiones hasta el 15 de junio. Firmaron los asesores de la UIA, Daniel Funes de Rioja y Darío Martínez, y por la CGT, Saúl Ubaldini, José Pedraza y los abogados de la central obrera, Enrique Rodríguez y Héctor Recalde. La certeza de los empresarios sobre el triunfo de Menem era acompañada en el empresariado por la incertidumbre sobre cómo se iría a enfrentar el proceso hiperinflacionario y el descontrol de las variables macroeconómicas.
El 14 de mayo, la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde triunfa ampliamente con un 47,3% de los votos frente al 36,9% de la fórmula radical Eduardo Angeloz-Juan Manuel Casella. Al día siguiente, se puso la mira en las disputas internas del sindicalismo: la conducción de la CGT, el Ministerio de Trabajo y el manejo de las obras sociales. El sector sindical que más había apoyado a Menem, liderado por Luis Barrionuevo, se propone “alcanzar la unidad que no logró Lorenzo Miguel” –en palabras de Barrionuevo, designado al frente de la Administración de las obras sociales– y acepta analizar tanto un proyecto de flexibilización laboral como la posibilidad de privatizar empresas estatales, y admite la necesidad de trabar una alianza de poder con el grupo Bunge & Born.
Neoliberal. Menem se proponía un giro drástico de apertura y liberalización económica, y los gremios debían adaptarse a esa transformación que afectaría al régimen de las relaciones laborales y el empleo, particularmente en el sector público y las empresas del Estado. Para encarar esa drástico giro neoliberal, el nuevo presidente selló un acuerdo con el grupo Bunge & Born, principal empresa agroexportadora y alimenticia del país.
Por su parte, Lorenzo Miguel, junto al dirigente petrolero Diego Ibáñez, ratifican su apoyo a Saúl Ubaldini como secretario general de la CGT, tomando distancia frente a los primeros pasos de Menem, y una reubicación en el nuevo mapa político. Al mismo tiempo, los 25, antes identificados con la línea renovadora de Antonio Cafiero dentro del justicialismo, y cercanos a Ubaldini, se apartan de la influencia del líder cervecero y consiguen así la promesa de participar en diferentes áreas de gobierno.
El 6 de junio, todavía con Alfonsín en el ejercicio de su mandato, el sindicalismo menemista desactiva la decimocuarta huelga general y reitera sus cuestionamientos a Ubaldini mientras el presidente electo anunciaba el nombramiento de Jorge Triaca, veterano dirigente del gremio de los trabajadores del plástico al frente del Ministerio de Trabajo. La decisión surgía de una reunión entre Menem, Luis Barrionuevo, y los reposicionados Diego Ibáñez y Lorenzo Miguel. Las definiciones desde la dirigencia sindical se habían planteado en una reunión realizada el 29 de mayo, en la sede de la Federación de Luz y Fuerza, en la que se dispuso mantener en vigencia la llamada Mesa de Enlace hasta la normalización de las 62 Organizaciones, funcionar como sustento explícito del nuevo presidente electo y convenir en que la solución a los problemas era política “y no se resuelve con paros” (sic).
Pacto social. Días antes de asumir la cartera laboral, Triaca lanza la idea de un pacto social, que es puesta en duda por el titular de la CGT. Ubaldini intenta ocupar un mayor protagonismo, y rechaza la sugerencia del designado ministro de Trabajo de abandonar las medidas de fuerza en el nuevo gobierno justicialista. Este le responde: “las huelgas son políticas. Nosotros le hicimos 13 paros al gobierno radical porque eran circunstancias políticas que nos llevaban a tomar esa determinación”.
Por su parte, Ubaldini señalaba que si no hay soluciones, se debe dar paso a los que las tienen, mientras la CGT pedía que Menem asumiera cuanto antes y la Mesa de Enlace Sindical, bajo la batuta de Barrionuevo, subrayaba su disposición a que la central obrera convocase a una huelga general y una movilización en apoyo a esa exigencia. El 12 de junio, Raúl Alfonsín, en un mensaje dirigido al país, reconocía que el espacio para mantenerse en el poder hasta el final de su mandato, el 10 de diciembre, se hallaba demasiado acotado y anunciaba su resignación del cargo y el adelanto del traspaso de poder al 8 de julio.
Con Triaca ya en sus funciones ministeriales, se adelantan algunas medidas de gobierno: pago semanal de los salarios e integración de empresarios en el gabinete. Por esos días, el ministro habla de “un nuevo bloque de poder social, político, económico y tal vez militar que llevará a cabo la reconstrucción del capitalismo argentino”. El cual, estaría integrado –según la observación de los analistas– por un grupo de políticos pragmáticos, un bloque de capitalistas productivistas y un conjunto de sindicalistas propensos a privatizar todo lo que se pueda y en el menor tiempo posible, para delinear un nuevo modelo de acumulación o despegue productivo del país.
El 8 de julio Menem asume la Presidencia y tras prestar juramento ante la Asamblea Legislativa, expresa en su discurso inaugural, que “la revolución productiva que hemos proclamado, tiene un corazón, una idea central, una esencia: terminar con una Argentina a la cual le está prohibido trabajar”.
Son varios los ofrecimientos que recibe Ubaldini para alejarse de la CGT: desde una agregaduría diplomática en España, hasta la representación argentina ante la OIT. A poco de asumir, el gobierno de Menem, con el designado ministro de Economía Miguel Roig, envía dos proyectos de leyes que constituían su carta fuerte para domar la crisis económica y tomar las riendas del Estado; uno de Emergencia Administrativa y otro de Emergencia Económica.
Aparato. La transición gubernamental de Alfonsín a Menem estuvo fuertemente marcada por las mutaciones producidas en la estructura económica y la composición del sector asalariado. Menem llega muy acompañado y apoyado por el aparato sindical; sin embargo, apenas toma el bastón presidencial, opera un giro hacia políticas marcadamente neoliberales que incluyen la privatización de empresas públicas, la desregulación y apertura de la economía y la flexibilización de las relaciones laborales, esto, indudablemente afectó directamente el poder de los gremios y sus dirigentes.
La línea divisoria entre “viejo” y “nuevo” sindicalismo tendrá más razones económicas que ideológicas. Los sindicatos industriales pierden fuerza relativa frente a los de servicios y empresas del Estado, cuyos dirigentes deben optar entre participar o quedar excluidos del proceso de privatizaciones. Surge, al mismo tiempo, un sindicalismo empresarial que acerca a la dirigencia tradicional a las nuevas reglas del libre mercado a través del control de las obras sociales y la participación en servicios “tercerizados”, aseguradoras de riesgo, fondos de pensión y jubilaciones y turismo. Por otro lado, cobra renovada presencia un sindicalismo combativo al calor de la oposición a las privatizaciones y sus efectos sobre el empleo.
*Periodistas e historiadores. Autores de La lucha continúa, 200 años de historia sindical en la Argentina, entre otros libros.
El Plan Bunge & Born
La designación de Miguel Roig, presidente del holding Bunge & Born como ministro de Economía se decidió el 30 de mayo del 89, luego de una larga disputa interna que existía con el otro economista en carrera, Domingo Cavallo, quien sería designado canciller. Se produjo una semana después de que Menem ganara las elecciones y mantuviera una reunión con el directorio del grupo empresario.
El 19 de junio, Roig adelantaba su plan económico, que incluía un tipo de cambio alto, crear una nueva moneda, la autonomía del Banco Central, refinanciar la deuda interna en títulos y bonos de manera compulsiva, emitir líneas de crédito blandas y un shock productivo, favoreciendo las exportaciones, flexibilizando el trato a la inversión extranjera y privatizando servicios a cargo del Estado. Roig murió a los pocos días de asumir, de un ataque cardíaco, cuando se dirigía a firmar un acuerdo de precios con los grupos empresariales. Lo sucederá Néstor Rapanelli, vicepresidente del mismo grupo económico.
La participación del grupo Bunge & Born dentro del gobierno de Carlos Menem tuvo una corta vida y su final lo determinó la segunda espiral hiperinflacionaria, que se desató tras una nueva devaluación del Austral en diciembre de 1989. La renuncia de Néstor Rapanelli, el 18 de diciembre, marcó el fin de esa participación empresarial dentro del gobierno de Menem. Sin embargo, el “Plan BB” sentó las bases del modelo económico que se mantendría hasta diciembre de 2001.
