La sociedad argentina enfrenta una nueva encrucijada con “acechanzas” para algunos y “esperanzas” para otros. En ese marco, nadie puede hacerse el distraído sobre las consecuencias que deja un nuevo fracaso en materia económica y social, lo cual se expresa en una profundización de las deudas sociales. Nuevos pobres que hace una generación habían dejarlo de serlo, y pobres crónicos más pobres, para quienes el horizonte de la modernidad se desmorona año tras año, experimento tras experimento político, fracaso tras fracaso económico. Un proceso que ocurre bajo un manto político perverso, siempre prometedor y desmemoriado.
Todo es cambiante en la economía argentina, salvo los problemas estructurales, que se mantienen inmutables. Es claro que no fueron los resultados de las PASO los que imprimieron volatilidad a los mercados financieros, sino el estancamiento y la incertidumbre macroeconómica generados por acumulación de herencias y nuevas malas praxis. Nada que ofreciera un claro y sostenible horizonte de crecimiento. Antes como ahora, el desafío continúa siendo cómo superar la crisis cambiaria, hacer retroceder la inflación, recuperar el crecimiento y cumplir con los compromisos externos. En ese marco, atender con urgencia la inseguridad alimentaria, evitar que la pobreza se profundice y mantener un clima de paz social. Seguramente mucho más, pero nada menos.
Inseguridad alimentaria. El Indec anunció hace unos días que la población pobre aumentó de 27,3% a 35,4%, entre el primer semestre de 2017 –uno de los mejores niveles logrados por este gobierno– y el primer semestre de 2019. Pero esta cifra es un promedio entre dos trimestres. El primero, donde la pobreza habría alcanzado 34,2%, y el segundo, en el que ya habría llegado a 36,6%. Este es en realidad el dato cuasioficial disponible más actual, previo incluso al impacto generado por la devaluación pos-PASO. Por lo cual, seguramente, a pesar de algunas medidas de emergencia adoptadas, la tasa de pobreza en estos momentos rondaría el 37%-38%, y el deterioro no parece todavía haber llegado a su techo.
En materia de indigencia, o pobreza extrema, el resultado no es muy diferente. El 7,7% informado oficialmente como promedio del primer semestre rondaría no menos del 9%. En ese contexto, sabemos también según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA que la inseguridad alimentaria severa (padecer hambre en forma frecuente) estaría afectando al menos a uno de cada diez hogares y a casi 15% de los niños/as y adolescentes de áreas urbanas.
Esta situación se explica en parte por un contexto de estanflación agravada. Sin duda, un problema económico serio, pero también una grave situación social. Una vez más es evidente que los relatos gubernamentales triunfalistas no fundados en diagnósticos acertados ni en acuerdos sociales estratégicos no nos llevan a buen puerto. No es cierto que hayamos tenido “menos pobres que en Alemania” o que sea “fácil vencer la inflación”, tampoco que “juntos somos imparables” o que los argentinos podamos pronto “recuperar la felicidad”, ni estamos en la víspera de un “cambio cultural”. Este tipo de promesas nos entierran aún más en el laberinto. No sirven los golpes de efecto para salir de la crisis, ni tampoco para evitarlas, ni mucho menos para resolver los problemas de fondo que las generan.
De un cuarto a un tercio. La sociedad argentina viene hace mucho atravesada por privaciones crónicas en materia de recursos, funcionamientos y capacidades de desarrollo humano e integración. En efecto, si bien la situación actual es complicada, no es inédita, así como tampoco ha sido la más grave que hayamos atravesado en las últimas décadas. El problema es que las deudas sociales se vienen concentrando tras décadas de fracasos acumulados, y con cada nueva crisis o recesión la pobreza estructural y las desigualdades sociales se hacen más hondas. La estructura social argentina actual no solo es más pobre sino también más profundamente desigual que una, dos o tres décadas atrás.
Cabe destacarlo: durante las últimas tres décadas nuestro país ha registrado –cuando bien nos ha ido– entre un cuarto y un tercio de la población en situación de pobreza crónica. La crisis actual constituye un episodio más de esta triste saga del subdesarrollo argentino. Y las medidas de “alivio social” adoptadas por este y otros gobiernos no han sido nada extraordinarias. El hecho de que más del 30% de los hogares requieran para subsistir de un programa de asistencia social, sin dejar con ello de ser pobre, más que un dato alentador constituye la demostración del fracaso de las políticas económicas emprendidas, así como de las dirigencias políticas como líderes idóneos para conducir los necesarios cambios sociales que requiere nuestro país.
Tal como muestra el gráfico, la pobreza monetaria en nuestro país persiste en el tiempo o incluso se agrava con cada crisis, teniendo como piso un 25% de personas bajo la línea de pobreza, con un 6% de indigentes. Esto sin considerar que en términos absolutos el número de pobres estructurales sigue aumentando. Dado este derrotero, sorprende que la evidencia no haya generado todavía un cambio radical de actitud, decisión y compromiso por parte de las clases dirigentes.
Demandas. Es evidente que los mejores momentos económicos de la historia reciente no llegaron a todos con la misma fuerza, ni mucho menos para compensar desigualdades crecientes, así como tampoco en las crisis todos resultan afectados de la misma manera. En la actual coyuntura también ha habido una élite ganadora o, al menos, no tan perdedora: los sectores altos dolarizados, los grandes exportadores, no pocos especuladores y corporaciones financieras que logran comprar barato y vender caro. Pero no necesariamente tienen culpa ni les cabe responsabilidad de la crisis económica ni del subdesarrollo social. En realidad, es el campo político el que no los ha convocado ni motivado a contribuir activamente en función de un proyecto distinto de país. De un país con más desarrollo productivo y equilibrios regionales bajo un nuevo pacto redistributivo que permita superar pobrezas estructurales.
La demanda es clara, no se trata solo de tranquilizar a los agentes de los mercados ni brindar paliativos sociales: son necesarias políticas de crecimiento en el marco de acuerdos políticos estratégicos, incluso para poder encarar reformas estructurales que hagan más eficiente, sostenible y equilibrado el crecimiento y los procesos redistributivos que dicho proceso requiere. En cualquier caso, en una sociedad estructuralmente rentista, estancada y empobrecida, no son justamente los pobres ni los trabajadores o clases medias vulnerables los que deben ni pueden seguir siendo las víctimas expiatorias de las malas políticas. Pero a pesar de todo, todavía reina una paciente paz social y nuestro régimen democrático muestra sus mejores virtudes en momentos críticos. Algo que debemos valorar, y que no es poco. Al menos nos permite enfrentar la emergencia con algunas armas. Sin embargo, cabe advertirlo, estos recursos pueden no llegar a ser suficientes, en especial si apuntamos a no repetir errores y a dar un verdadero giro histórico a nuestro derrotero. Para tal efecto, debería entrar en escena un innovador diálogo económico, político, social y científico.
Conicet, UBA, Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA).
Una nueva agenda de inclusión social
p.H.
Más allá de las cuestiones políticas vinculadas a la temática, desde la academia se formulan continuamente líneas investigativas y propositivas para este tema.
El martes 8 de octubre se realizará en la UCA el seminario “Inclusión social y laboral en la Argentina. Hacia una agenda renovada de política social para la superación de la pobreza”, organizado por el Programa Pobreza, Inclusión y Política Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, con la colaboración de Cáritas Argentina, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, ACDE y la red Politólogos por la Vida.
Más de un centenar de instituciones del sector público nacional, provincial y municipal, así como del ámbito sindical, empresarial y de la sociedad civil, han adherido al encuentro; fueron convocadas con la finalidad de contribuir a una renovación de la política social que coloque su centralidad en la inclusión social y laboral.
Las discusiones rondarán en torno a cuatro temáticas: estructura social, informalidad ocupacional y pobreza estructural; políticas de transferencia de ingresos mínimos y de activación laboral; formación para el trabajo, seguro de desempleo y servicios públicos de empleo; y desafíos de la economía popular y de las pymes para la formalización laboral.
