Para los argentinos, Malvinas es una cuestión nacional en la que, por la complejidad de los factores en juego, está excluida la posibilidad de improvisar y cuyo tratamiento exige políticas de Estado, consensuadas, responsables y continuadas a lo largo del tiempo. En este tema, en mi modesto entender, están inseparablemente ligados dos aspectos claves: el diferendo sobre la soberanía de las islas, que requiere de una adecuada estrategia diplomática, y el efectivo ejercicio de nuestros derechos sobre el espacio marítimo argentino, en el que están comprendidos los territorios insulares.
En el primero de esos aspectos, la declaración conjunta firmada el 13 de septiembre pasado por los vicecancilleres argentino y británico, lamentablemente, puso en evidencia un manejo demasiado improvisado de parte de nuestra Cancillería. Más allá de las intenciones, el hecho de que el Reino Unido haya proseguido con sus ejercicios militares en nuestras islas muestra que la vía buscada no nos ha acercado a una solución favorable del conflicto.
Mandatos. En este tema, todo gobierno argentino debe guiarse por una serie de mandatos: un mandato constitucional, que establece como un objetivo irrenunciable del pueblo argentino la recuperación de nuestra soberanía en las islas del Atlántico Sur; un mandato histórico, surgido con la Nación misma, que desde el comienzo pobló de manera pacífica esos territorios, hasta que se produjo la usurpación británica de 1833; y un mandato político, expresado en el reclamo permanente de todos los gobiernos argentinos, en lo que constituye una genuina política de Estado de nuestro país a lo largo de casi 200 años. Y cabe agregar el mandato moral o espiritual que surge de la sangre derramada por quienes cayeron en defensa de ese reclamo.
No siempre nuestros gobiernos siguieron estrategias adecuadas en pos de ese objetivo, pero debemos reivindicar la iniciada por el gobierno radical del doctor Illia, que en 1965 logró que las Naciones Unidas aprobaran la Resolución 2065, instando a la Argentina y al Reino Unido a buscar una solución negociada al litigio sobre soberanía. Desde entonces, ha sido la base del planteo de nuestro país y por una década logramos avanzar en ese rumbo, con el establecimiento de vuelos regulares entre el continente y las islas, a cargo de Aerolíneas Argentinas, y una serie de medidas que llevaron a que en 1974 el gobierno británico propusiese un sistema de condominio como paso previo al reconocimiento pleno de nuestra soberanía, planteo que el general Perón se mostraba dispuesto a aceptar, y que su fallecimiento y las vicisitudes que atravesamos a partir de entonces impidieron acordar y poner en práctica. Pero incluso poco antes de la guerra de 1982 no estaba descartado seguir avanzando por esa vía, mediante un sistema de “retroarriendo”, como lo ha testimoniado en su libro Confidencias diplomáticas el entonces embajador en Londres, Carlos Ortiz de Rozas. Como sabemos, los intereses de quienes monopolizaban la economía isleña y la soberbia incompetencia de la dictadura abortaron esa posibilidad de una solución pacífica al diferendo.
Negativa. Desde entonces, los británicos se han negado a incluir el tema de la soberanía en las negociaciones bilaterales. Y nuestros sucesivos gobiernos han alternado entre estrategias de endurecimiento y de acercamiento: el del doctor Raúl Alfonsín se negó a restablecer relaciones con el Reino Unido si no se reiniciaban negociaciones por la soberanía; el de Carlos Menem, a partir de la declaración conjunta firmada en Madrid el 19 de octubre de 1989, puso la cuestión bajo un “paraguas”, sin tratarla; los de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner adoptaron medidas para elevar el costo de la ocupación británica, como forma de presión. Ninguna de esas estrategias ha mejorado la situación a favor de nuestros intereses, y hoy una base de una potencia de la OTAN, con capacidad de operar fuerzas no convencionales, está instalada en nuestro territorio insular; los recursos estratégicos de nuestra plataforma marítima son sujetos a prospecciones con vistas a su extracción por empresas multinacionales y en sus aguas operan barcos que explotan y depredan nuestras pesquerías.
Paraguas. Esta situación no se resolverá con discursos ni con proclamas altisonantes; pero tampoco con las orientaciones que se traslucen en la declaración conjunta firmada recientemente. Aunque no se lo reconozca en forma explícita, se está volviendo a la política del “paraguas”, como surge de la mención a la declaración de Madrid de 1999 y por la intención manifestada de facilitar la explotación de nuestros recursos por los británicos.
Los logros que tuvo nuestra diplomacia desde 1965 se basaron en una política de acercamiento que supo negociar redes de intereses mutuos suficientemente densos, en los que Malvinas era un punto en la negociación. Eso cimentó un diálogo constructivo y es el camino que, con inteligencia, paciencia y firmeza, deberíamos retomar teniendo en cuenta el panorama actual. Recordemos que la política británica hoy busca en América del Sur un lugar para canalizar negocios e inversiones, ya que su salida de la Unión Europea la debilita y aísla, al tiempo que pierde influencia en otras regiones del mundo.
Ese factor, que inteligentemente habría que usar en nuestro provecho, va de la mano de una cuestión a la que nuestra dirigencia política aún no le da su justa valoración estratégica. Me refiero al reconocimiento por los organismos internacionales de la extensión de la soberanía argentina sobre nuestra plataforma continental marítima, ese otro “país líquido” que triplica nuestro territorio continental, y en el que Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur aparecen como puntos emergidos en una inmensidad de Mar Argentino. Cualquier proyecto de explotación de recursos en el área, hasta por simple proximidad, para ser viable debe contar logísticamente con nuestras costas continentales.
Presencia. Pero para que ello sea posible, surge de inmediato el otro aspecto que mencionaba al comienzo: es necesario que la Argentina esté efectivamente presente en esos espacios marítimos. Por legítimos que sean nuestros derechos históricos, por inteligente que fuese la acción diplomática, resulta impensable recuperar las islas si no estamos en el mar, con una presencia activa que, al tiempo que vele por nuestros derechos e intereses, asegure una real integración económica, social, política y cultural de esos territorios insulares. Sin una apropiada política marítima, las Malvinas están muy lejanas.
Imaginémonos por un momento que un habitante actual de las islas reconociese que sus intereses están vinculados a la Argentina y estuviese dispuesto a aceptar nuestros derechos soberanos. ¿Qué pensaría al ver que nuestro país no tiene una política de ocupación efectiva de sus espacios marítimos, prácticamente sin Armada, sin flota mercante, sin flota pesquera y hasta sin flota de dragado y balizamiento que asegure la navegabilidad de sus ríos y el acceso a sus puertos? ¿Qué podría esperar de un Estado y una sociedad que maltratan sus espacios territoriales, que no muestran vocación por ocuparlos e integrarlos, por aprovechar sus recursos, desarrollarlos y protegerlos? Seguramente se preguntaría: “Si así actúan con los espacios donde ejercen su soberanía de manera incontrovertida, ¿cómo nos tratarán a nosotros?”. Y esto, insisto, en el hipotético caso de un isleño que mirase con buenos ojos a la Argentina, si es que existe.
Desde ya que no basta con una presencia activa en nuestro “país líquido” para recuperar las Malvinas. Pero sin esa política y sin esa presencia, será virtualmente imposible. Es indispensable tomar conciencia de nuestros intereses en el mar y actuar en consecuencia, si aspiramos a ejercer sobre los territorios insulares los derechos que nos asisten.
Intereses. Y es momento de hacerlo, antes de que siga pasando el tiempo. Significativamente, en 2016 se han cumplido cien años de un trabajo señero en la materia, publicado justamente con el título de Intereses argentinos en el mar. Su autor, el vicealmirante Segundo R. Storni, comenzaba advirtiendo sobre el “divorcio aparente” entre la importancia que tanto el mar como las vías fluviales tienen para la Argentina y la escasa conciencia de ella en “el público absorto en la vida interna de la nación y en sus problemas diarios y excitantes”, algo que no parecemos haber superado desde entonces. Hace ya un siglo, Storni buscaba promover una conciencia marítima, convencido de que “el mar será el vehículo y el sostén” de la riqueza de la Nación.
Esta idea obedecía a un profundo análisis de la realidad. Storni, nacido en Tucumán, era a la vez marino y hombre del interior, y desde esa visión planteaba la necesidad de integrar, en la conciencia y la acción de los argentinos, nuestras dos realidades geográficas: la de un país extenso y de abundantes recursos tanto en la tierra como en el mar. Conviene recordar que otro hombre también del interior, en este caso salteño, el general Jorge Leal, héroe de la exploración terrestre antártica, consideraba que nuestro mar territorial y su Plataforma Submarina eran nuestra “Pampa Húmeda sumergida”, por las inmensas riquezas que contiene.
Nuestros intereses están ligados a lo marítimo, no sólo por esos recursos, sino prácticamente por todas las actividades productivas, cualquiera sea el espacio geográfico en que se desarrollen. Ya en 1916, Storni destacaba cómo el comercio exterior argentino dependía principalmente del transporte marítimo y fluvial. Una realidad que, cien años después, sigue vigente, ya que el 80 por ciento de nuestras exportaciones e importaciones se realiza por esa vía. Con pleno conocimiento de causa, Storni afirmaba: “Es necesario llevar a todo el interior de la República este convencimiento: que cuando se construye un puerto, se profundiza un canal, se adquiere un barco o se instruye un piloto, se sirven tanto los intereses litorales como los intereses del que planta cañas en la zona subtropical o esquila ovejas al pie de la cordillera”, es decir, los de quienes producen en toda nuestra geografía y, con ellos, los de la Nación toda.
¿No es tiempo de aggiornar esa doctrina, adecuándola a nuestra realidad actual? Esa realidad dice que el espacio marítimo argentino abarca 6 millones de kilómetros cuadrados, un “país húmedo” que supera en extensión al “país seco” de nuestras tierras emergidas y en el que se insertan, geográfica, estratégica, política y económicamente las Malvinas e islas del Atlántico Sur. No será posible, insisto, recuperar el ejercicio de nuestra soberanía en ellas si no contamos con las políticas y los medios para hacer efectiva su integración al conjunto del país.
Cuando el mundo vea que la Argentina tiene una política consistente, con estrategias continuadas como políticas de Estado, con respecto a sus espacios marítimos y al manejo, desarrollo y protección de sus recursos, vamos a estar en una mejor posición negociadora. No sólo con respecto a Malvinas, sino también sobre otros espacios insulares y marítimos y su proyección antártica, región que seguramente será objeto de fuertes disputas entre grandes potencias y países que, como el nuestro, tienen históricos derechos y políticas continuas de permanencia.n
*Secretario general de la C.G.T.
Sin una política marítima, las Malvinas están muy lejanas
El líder de la CGT, que además dirige el gremio de Dragado y Balizamiento, hace un análisis de la relación con Gran Bretaña y sostiene que el gobierno nacional no atiende a las necesidades del “país líquido” que es el Mar Argentino.
