Hernán Fuentes sorprendió al anunciar públicamente que su región estaría en proceso para lograr la independencia del resto del Estado peruano. Sus declaraciones causaron no sólo sorpresa sino rechazo, a tal punto que el mismo Fuentes trató de amortiguar sus declaraciones al señalar que “la insurgencia es un derecho constitucional”.
Perú es un Estado unitario y no federal, como Argentina, las regiones son un nivel de gobierno intermedio y no un Estado dentro del Estado, por lo tanto, cualquier declaración de independencia se opone a la ley Suprema y es abiertamente anticonstitucional. Tampoco podría lograrse a través de un referéndum porque eso no está contemplado en la Constitución peruana. Entonces, surge la pregunta, si es abiertamente inconstitucional, ¿por qué Hernán Fuentes, un dirigente controvertido, insiste en la independencia de Puno, una región fronteriza con Bolivia y conocida en Perú como epicentro del contrabando?
Perfil.com se comunicó con Iván Garzón Vallejo, investigador de la Universidad San Pablo de Arequipa, Perú, quien explicó que ve “poco viable la independencia económica de una región que vive del comercio”. También en su artículo Puno: ¿Independencia o sucursal del chavismo?, (www.ivangarzonvallejo.blogspot.com), Garzón Vallejo explica algunas claves sobre Fuentes:
“La jugada política consiste en que un gobernante con bajísima popularidad en su región apela al nacionalismo sureño (ya de por sí susceptible de exaltación) para reivindicar su representación política y ponerse como protagonista de la clásica disputa “nosotros” contra “ellos”. ¿Se trata de la puesta en escena de quien le disputaría a Ollanta Humala el discurso nacionalista en las elecciones presidenciales de 2011?”
Fuentes es un dirigente que parece moverse más cerca del chavismo que del gobierno central peruano y algunos hechos lo demuestran:
La causa por las casas del programa ALBA, supuestamente financiadas por los gobiernos de Venezuela y Bolivia. La convocatoria a un concurso docente distinto al implementado por el Ministerio de Educación nacional y su manifiesta simpatía por Hugo Chávez al señalar que a su juicio las FARC son una organización beligerante y una de las decisiones que más molestó al Gobierno nacional peruano: la sanción de una ordenanza regional que promueve el cultivo de coca, contradiciendo la legislación nacional y los compromisos internacionales de Perú.
