La justicia analizará nuevamente qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. La causa ya pasó por cuatro magistrados.
Clarín precisó que la Cámara Federal de Casación aceptó tratar una apelación de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes figuran formalmente como dueños de la propiedad pero se sospecha que son testaferros de Toviggino. Los imputados objetan que la causa la investigue la Justicia en lo Penal Económico, donde se encuentra actualmente. El tribunal fijó una audiencia para el próximo 12 de agosto a las 11.30 para escuchar la postura de la defensa de Pantano y Conte y del fiscal general de Casación Mario Villar.
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Según reporta la agencia Noticias Argentinas, madre e hijo apelaron el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que hace un mes ordenó que el caso esté a cargo del juzgado 10 de ese fuero, hoy a cargo de la juez subrogante Verónica Straccia, y reclaman que el expediente regrese al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
En la causa se investiga la compra de la mansión de la localidad bonaerense de Pilar de 105 mil metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujo y colección,a nombre de Real Central SA., una sociedad que está registrada a nombre de Pantano y Conte. Sin embargo, según la documentación que consta en el expediente, ninguno de los dos tiene la capacidad económica para adquirirla.
La deriva del expediente: cuatro jueces y dos fueros
El primer magistrado a cargo de la causa fue el juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3, en Comodoro Py. Rafecas fue el primero en allanar la propiedad; en ese procedimiento se encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central y los 54 vehículos, junto con cédulas azules -los documentos que autorizan a manejar un auto- a nombre de familiares de Toviggino.
Luego, el caso pasó al fuero Penal Económico, donde el juez Marcelo Aguinsky planteó como hipótesis que la propiedad se habría comprado con fondos de la AFA. Según las investigaciones de Aguinsky, los Telepase de los autos se pagaban a través de una tarjeta corporativa de la entidad a nombre de Pantano, que financiaba gastos de 50 millones de pesos por mes.
En ese punto, la defensa de Pantano y Conte pidió que el caso pasara a la justicia federal de Campana, aduciendo que es el tribunal que tiene jurisdicción sobre Pilar, y el juez de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones aceptó el planteo y derivó el caso al juez González Charvay.
Esto cosechó el rechazo de todos los fiscales de la causa, que apelaron la decisión ante el tribunal de Casación, que dijo que la decisión ante el planteo de los acusados correspondía a la Cámara de San Martín en lo Penal Económico. Y así los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robigilio resolvieron que el expediente debía tramitarse en su fuero. El caso volvió al juzgado Penal Económico 10, a cargo de Straccia solo de forma interina, ya que está vacante; resolver su titularidad está en manos del presidente Javier Milei.
Ese es el fallo apelado ahora por la defensa de Pantano y Conte, que insistieron en que vuelva a Campana. Esa apelación fue aceptada por la Cámara de Casación Penal, donde los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña señalaron que "reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación" y aceptaron tratarla. Barroetaveña presidió el Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre pasado.
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