El Gobierno de Brasil creó un programa nacional para bloquear el uso ilegal de teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones en las cárceles, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones de las organizaciones criminales desde el interior de las cárceles y reforzar la seguridad pública.
La gobernación puso en marcha el Programa Nacional de Neutralización de Comunicaciones Ilícitas en Establecimientos Penales, una política de estado instrumentada mediante un decreto federal que busca interrumpir de forma inmediata la conectividad de las organizaciones criminales dentro de los centros penitenciarios. La clave central de esta normativa radica en la creación de un sistema ágil que permitirá solicitar el bloqueo administrativo de los teléfonos móviles utilizados por los reclusos mediante la identificación del código IMEI, evitando así la necesidad de incautar físicamente el aparato o de tramitar una autorización judicial individual para cada procedimiento.
Para la ejecución del programa, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública trabajará en cooperación directa con los estados regionales, el Distrito Federal y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). La iniciativa contempla un plazo de hasta 180 días para habilitar la plataforma digital encargada de centralizar los pedidos de baja técnica y regulará además la instalación de inhibidores de señales de radiocomunicación en las inmediaciones de los predios carcelarios.
Asimismo, la normativa establece la creación del Registro Nacional de Perímetros de Seguridad Penitenciaria, una base de datos georreferenciada integrada al Sistema Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen). Esta herramienta delimitará las zonas críticas circundantes a los penales para focalizar los rastreos técnicos, apuntando a frenar un flagelo histórico: la coordinación de delitos, extorsiones y actividades delictivas perpetradas por los líderes de bandas narco que continúan operando desde el encierro.
La nueva estrategia tecnológica complementa las tareas de inteligencia y requisa que se despliegan en el terreno. Muestra de ello fue el reciente balance de la Operación Mute, coordinada por la Secretaría Nacional de Políticas Penales, la cual movilizó a 4.212 policías penales para inspeccionar 107 establecimientos con más de 88.000 internos, logrando la incautación de 598 teléfonos celulares en todo el territorio brasileño.
El impacto del crimen organizado tras las rejas
El uso de dispositivos móviles dentro de los penales brasileños trascendió hace tiempo la simple comunicación personal para convertirse en el centro de mando operativo de las principales facciones criminales de la región, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Desde sus celdas, los jefes narco no solo coordinan el tráfico internacional de drogas y armas, sino que también ordenan ejecuciones de rivales, motines y ataques contra las fuerzas de seguridad en el exterior, manteniendo el control territorial de sus organizaciones sin interrupciones.
En el plano del delito tecnológico y la estafa económica, las cárceles de Brasil se transformaron en auténticos "centros de llamadas" clandestinos dedicados al fraude masivo. Entre las modalidades más frecuentes se destacan los falsos secuestros, donde los reclusos extorsionan telefónicamente a familias exigiendo rescates inmediatos mientras simulan tener a un allegado cautivo, y las estafas virtuales mediante la clonación de cuentas de WhatsApp y transferencias bancarias instantáneas (Pix). Un caso emblemático investigado por la policía civil reveló redes que operaban desde pabellones de alta seguridad logrando recaudar millones de reales mensuales mediante el engaño sistemático a pequeños comerciantes y adultos mayores en diversos estados del país.
La experiencia en cárceles federales argentinas y el uso de inhibidores
A nivel local, el debate sobre el control tecnológico de las comunicaciones en las prisiones cuenta con antecedentes directos impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. en la resolución firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se formalizó mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial. En el marco de la implementación de protocolos de seguridad estrictos en complejos penitenciarios federales, como Ezeiza, Marcos Paz y Piñero, la gestión nacional avanzó en la instalación progresiva de sistemas de inhibición de señales de telefonía móvil, internet y GPS con el propósito de neutralizar el delito organizado intramuros.
Sin embargo, la experiencia argentina demostró que la aplicación de estas herramientas enfrenta constantes desafíos logísticos y judiciales, tales como las interferencias que los equipos provocan en las zonas residenciales vecinas a los penales o los amparos judiciales presentados por los internos. Mientras el sistema brasileño apunta ahora a un bloqueo administrativo ágil por código IMEI sin necesidad de incautación física, en el plano nacional la discusión sigue centrada en equilibrar la efectividad de los bloqueadores estáticos con el derecho constitucional a las comunicaciones legales, evidenciando que el contrabando hormiga de terminales a través de visitas y la complicidad interna continúan siendo los talones de Aquiles del sistema carcelario.
