El 10 de diciembre de 1983, justamente el Día de los Derechos Humanos, la democracia regresaba a la Argentina con la asunción del presidente radical Raúl Alfonsín. Sin embargo, aún quedaba un largo camino para poder hacer justicia por las víctimas del terrorismo de Estado y dejar atrás a la dictadura más sangrienta de la historia de este país.
En su discurso de asunción, Alfonsín prometió: “Se propiciará la anulación de la Ley de Amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la Justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables”.
Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983.
En ese sentido, agregó: “Más allá de las sanciones que pudiera determinar la Justicia, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas”. Un plan que no demoró en poner en marcha.
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El 15 de diciembre de 1983 el en ese entonces presidente de la Nación convocó al Congreso a sesiones extraordinarias a través del decreto 146/83 con el fin de que se deroge la Ley 22.924, conocida como Ley de Autoamnistía. Esta legislación fue sancionada por los dictadores el 22 de septiembre antes de abandonar el poder y protegerse de las sanciones que podrían recaer en su contra.
Decreto 146/83 en el que Alfonsín convoca a sesiones extraordinarias.
Además, Alfonsín solicitó que se trate en el organismo bicameral la modificación del Código Penal en materia de torturas, la aplicación del recurso de “Habeas Corpus” en las condenas dictadas por los tribunales militares y la modificación del Código de Justicia Militar “previendo la revisión jurisdiccional ordinaria de las sentencias de los tribunales militares”.
El proceso judicial contra los dictadores comenzó el mismo día que Alfonsín convocó al Congreso, ya que en el decreto 158/83 ordenó: “Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”.
“Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el art. 1.”, decretó.
Nueve dictadores fueron acusados en el Juicio a las Juntas Militares.
El expresidente solicitó al procurador General de la Nación, a través del decreto 157/83, que iniciara investigaciones judiciales por crímenes cometidos por los lideres guerrilleros, Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Gabriel Galimberti, Héctor Pedro Pardo yEnrique Heraldo Gorriarán Merlo.
El mismo 15 de diciembre Alfonsín dispuso la creación de laCONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), un órgano descentralizado que tenía como objetivo investigar la desaparición forzadas de personas durante el golpe de Estado. El presidente fundó esta organización un 15 de diciembre, pero recién el decreto 187/83 se publicó el 19 del mismo mes en el Boletín Oficial.
El decreto a través del cual constituyó la CONADEP.
Esta comisión logró recopilar testimonios de los sobrevivientes, identificó dónde estaban los centros clandestinos de detención y elaboró el famoso informe “Nunca Más” de más de 50 mil folios. Esta información fue utilizada luego por los fiscales Julio Strasseray Luis Moreno Ocampo para llevar adelante la causa en contra de los dictadores.
Menos de diez días después de que Alfonsín convocara a sesiones extraordinarias, el Congreso declaró nula la Ley de Autoamistía, denominada por los militares como “Ley de Pacificación Nacional”.
La declaración de "inconstitucionalidad" de la Ley de Autoamnistía.
En ese sentido, el Ejecutivo promulgó esta legislación el 27 de diciembre y se publicó dos días después en el Boletín Oficial. Los miembros del Congreso consideraron como “inconstitucional” a esta ley y establecía: “La persona que hubiera recuperado su libertad por aplicación de la legislación 22.924 deberá persentarse ante el tribunal de radicación de la causa dentro del quinto (5) día de vigencia de la presente ley”.
En tan solo 20 días de gestión, Alfonsín logró establecer las bases necesarias para que la Justicia pueda condenar a quienes realizaron el golpe de Estado más sangriento de la historia argentina. De esta manera, inició el proceso que culminó en el Juicio a las Juntas Militares, cuya sentencia se leyó el 9 de diciembre de 1985.
