El Estado Nacional convocó en febrero de 2015 a un concurso para prestadores de servicios de televisión digital abierta para diversos puntos del país, entre los cuales se incluía AMBA. La convocatoria era una cierta reiteración de la ocurrida en 2011, luego cancelada por la autoridad de aplicación (AFSCA). Se trataba de una de las mejores muestras de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009, al proponer ampliar la oferta informativa y la pluralidad de voces, particularmente en el caso de la televisión abierta cuyo mercado estaba congelado en mano de los únicos cuarenta operadores existentes en todo el territorio nacional por los últimos cincuenta años. Por caso, con provincias con oferta de un único canal de televisión abierta.
De algún modo también, se trataba de ampliar la participación del sector privado en la televisión digital, cuyo despliegue a nivel nacional se había iniciado en 2010 entre el Consejo Asesor de la Televisión Digital y ArSat, pero únicamente con las señales emitidas sobre la plataforma pública de Radio y Televisión Abierta S.E.
La convocatoria incluía, por primera vez en la historia de la radiodifusión argentina y en cumplimiento de los fallos derivados de la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, la participación del sector sin fines de lucro.
Los fundadores de Editorial Perfil se propusieron entonces la participación bajo dos propuestas comunicacionales diversas: Perfil TV con oferta esencialmente informativa y Caras TV bajo oferta comunicacional abierta a todos los públicos.
El 4 de mayo se produjo la apertura de la licitación, en la cual finalmente, los fundadores del Grupo Perfil compitieron con el Grupo Szpolski y con el Grupo Indalo. Del análisis de las ofertas, las de los competidores fueron declaradas inadmisibles por no haber cumplido recaudos de admisión previstos. Injustificadamente, las ofertas del Grupo Perfil fueron rechazadas por artilugios formales.
Frente a ello, se promovieron sendas acciones legales, tanto interponiendo los pertinentes recursos administrativos como promoviendo acciones judiciales para impedir que las frecuencias en cuestión pudieran ser objeto de nuevas licitaciones, con gravísima afectación de derechos.
La revisión de las situaciones dadas, ante el nuevo regulador en la materia, permite hoy que, finalmente, los fundadores de Editorial Perfil puedan acceder a las licencias.
Nos encontramos entonces, comenzando un camino que pueda permitir la mentada ampliación de la oferta informativa y de actores de la comunicación audiovisual; adicionalmente junto a las nuevas señales de televisión abierta para prestadores sin fines de lucro adjudicados en el país.
Claramente, todo ello va en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión: la diversidad de voces no supone disponer solamente de más operadores, sino de opiniones diversas que puedan ser recibidas por todos los ciudadanos.
(*) Titular del estudio especializado en radiodifusión y telecomunicaciones Pachecoy & Asociados, responsable de la tramitación ante AFSCA/ENACOM de las licencias del grupo.
