Alejandro Nieva, Auditor General de la Nación, defendió la reforma constitucional en Jujuy porque moderniza las instituciones. A su vez, apuntó contra el Gobierno nacional y sostuvo que en las manifestaciones hubo gente infiltrada. “Hemos recibido información de que habían venido militantes de La Cámpora” declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).
¿A usted le tocó conciliar con la oposición la redacción del texto de la reforma constitucional?
Exactamente, y lo trabajamos muy bien. Los miembros de la comisión redactora del bloque justicialista, entre ellos, juristas destacados, trabajaron mucho y muy bien para contribuir al logro de una Constitución de la que nos enorgullecemos.
La reforma es una excelente pieza, que moderniza nuestras instituciones, que diseña la arquitectura institucional recogiendo enseñanzas de lo que ha sido la historia crítica constitucional de los últimos tiempos.
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Después de las reforma de 1994 se ha reforzado la independencia el Poder Judicial, se pone en la Constitución el sistema de selección de jueces a través de un Consejo de la Magistratura, se mejora el control y se crea una Auditoría General de la provincia, replicando un modelo más moderno de control, como el que tiene la Constitución Nacional por la ley de administración financiera, y en el orden de los derechos también.
No había referencias a la paridad de género, y hoy está. Lo mismo con los nuevos paradigmas sobre cómo deben abordarse los derechos de los niños y la lucha contra el cambio climático.
Desde el punto de vista de contenidos, la nueva Constitución de Jujuy es un avance notable en términos de derechos, de organización institucional y de limitación del poder, porque es algo que siempre se ha enseñado, que una Constitución está hecha a favor del ciudadano para protegerlo del abuso del poder público.
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En ese punto, hay limitaciones al poder: la reelección de los intendentes y diputados o la prohibición del indulto a los delitos de corrupción. Hay una cantidad de normas que se han incorporado que valen en el sentido que estoy señalando.
Morales dijo que decidió dejar sin efecto dos artículos de la Constitución. Si se llegó a un acuerdo por escrito con la oposición, ¿eso es una decisión absoluta del gobernador? ¿Puede decidir por sí solo sacar dos artículos?
No, lo que pasó fue que el fin de semana se exacerbó el conflicto con algunas comunidades, que son las que todavía cortan rutas en Purmamarca, por la no compresión de un texto.
El artículo que incorporamos, vinculado a las comunidades indígenas, no es una copia, pero contienen lo establecido en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupa, provee la entrega de otras tierras necesarias para su desarrollo, garantiza y establece el derecho a la consulta previa e informada para todo asunto que tenga que ver con los recursos naturales y las cuestiones que afectan sus interés. Esto estaba escrito en el nuevo artículo 50, pero se generó una gran confusión.
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El gobernador no decidió por él, hicimos una ronda de consultas. De hecho, nuestro bloque tiene 29 legisladores convencionales y, junto al bloque justicialista, conversamos en la aprobación del informe final y en habilitar una reconsideración de esos dos puntos. Eso se consensuó y sucedió. No fue decisión del gobernador, fue resultado de un análisis prudente, intentado llevar tranquilidad a la sociedad jujeña.
Sobre todo, a sectores donde una minoría significativa no comprendía que de ninguna manera la Constitución que estábamos impulsando podía afectar sus derechos.
Eso fue lo que se hizo, se abrió la sesión para aprobar el informe final de la comisión redactora y ahí se produjo la moción de reconsideración, donde se volvió al texto original en dos artículos que eran los que generaban esta situación.
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¿Tiene pruebas para decir que en las protestas hay infiltrados de otras provincias financiados por el kirchnerismo o el gobierno nacional?
Nosotros de lo que vimos, de los testimonios que recogimos. Por ejemplo, el sábado cuando estaba el corte en Purmamarca, comisionamos, desde la mañana estaban funcionarios del gobierno, como la secretaria de Pueblos Indígenas, el ministro del Gobierno fue a llevar copias del texto constitucional para que puedan leer los artículos pertinentes, aun cuando previo a la aprobación había existido un amplio proceso de consulta.
Fueron, y allí, además de ser rechazados, se veía gente que no era jujeña que estaba digitando, usurpando y desvirtuando un legítimo derecho a protestar o reclamar de las comunidades. Vieron ahí el accionar de estos grupos que entorpecían la acción de mediación que se intentaba llevar a cabo.
Yo tuve conversaciones con representantes de las fuerzas de seguridad, que nos hablaban de que los sectores más violentos era precisamente gente que había venido de otros lugares, y hemos recibido información de que habían venido, en colectivos, militantes de La Cámpora, del kirchnerismo duro de la Provincia de Buenos Aires. No tengo pruebas directas. Leí que el gobernador daría a conocer esas pruebas hoy.
Alejandro Gomel (AG): ¿Por qué había tanto apuro por sacar una Constitución?
Si se lo lee así, puede parecer apurado. Pero si se mira todo el proceso, pre constituyente inclusive, donde se debatió el tema en la Legislatura, hubo un proceso de información antes de enviar el proyecto de ley.
Allí, el propio gobernador informó al pueblo los temas que, a nuestro criterio, deben ser objeto de reforma. Todo eso llevó mucho tiempo. Luego hubo un tratamiento, la aprobación por los dos tercios de los miembros de la Legislatura, una convocatoria a elecciones y un proceso electoral donde el tema de la reforma fue uno de los ejes de campaña, donde se esclareció cuáles eran los puntos principales, que desde nuestra óptica debían ser reformados.
Incluso, la que más desata esto es nuestra decisión de incorporar un artículo que consagra el derecho a la convivencia pacífica, donde se prohíbe el corte de rutas que, como todos sabemos, es un delito penal. Casi sería una obviedad.
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Para nosotros, los jujeños, que vivimos 15 años de violencia en las calles con Milagro Sala y su grupo, era necesario que se refleje eso en el nuevo pacto de convivencia, por eso se hizo campaña, entre otras cosas.
Tuvimos una elección, se consagró el resultado, se iniciaron las reuniones, se convocó, y tuvimos reuniones desde la mañana a la noche. Las comisiones recibieron a cientos de organizaciones, personas e instituciones para dar su opinión sobre el texto de la reforma.
Se trabajó en comisión, se hicieron los dictámenes y se hizo el debate. Podíamos haber tomado alguna semana más y nada hubiera cambiado con la decisión.
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Primero, que los grupos que se oponen a todo, como la izquierda, que logró seis convencionales y estuvo allí hasta el momento del debate, llegó ese momento y renunciaron. A algunos podrá parecerles escaso el tiempo, pero creemos que fue el suficiente.
AG: La Comisión Interamericana de DDHH lanzó un informe muy duro respecto a Jujuy y dicen que “Argentina debe respetar los estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas de Jujuy”.
Sí, me parece que han escuchado la campana del Gobierno nacional, que sabemos que ahí está Raimundi. No sabremos quién habrá estado operando para que salga ese comunicado.
Estamos haciendo una presentación, en este momento, en los organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la propia OEA, para informar qué se aprobó en la Constitución, y de qué manera están trabajando en Jujuy para desestabilizar el gobierno democrático, desde el oficialismo y el kirchnerismo, en alianza con el Frente de Izquierda.
De ninguna manera en la provincia hay una acción represora de la policía, solo en Purmamarca se intentó restablecer el orden. Teníamos miles de personas intentando trasladarse el fin de semana, y no se pudo concebir.
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Los hechos de ayer en la Legislatura no fueron actos represivos sino de defensa de la democracia y de la institucionalidad, de la misma forma que sucedió con el ataque al Congreso de Trump en Estados Unidos o con lo de Bolsonaro.
AG: Este informe se mete en un tema de fondo, que es el artículo sobre el corte de rutas. Dice allí que “los cortes de ruta son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”, y va en contra de lo que ustedes plantean. ¿El corte de ruta es una modalidad legítima de protesta o no?
Nuestro código penal establece que es un delito, de manera que no compartimos ese criterio.
Esto es un comunicado, no tuvimos oportunidad de defender nuestra postura previo a que salga, donde operó el kirchnerismo, de alguna manera, pero vamos a discutir este punto de vista desde nuestra posición.
MVB JL
