El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este lunes que solicitó el arresto de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015.
El órgano, dirigido por el régimen de Nicolás Maduro, dicto órdenes de aprehensión contra la nueva presidenta de la Asamblea, Dinorah Figuera; Marianella Fernández, y Auristela Vásquez por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales y asociación ilícita.
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También solicitó la alerta roja a Interpol y la incautación de sus bienes; el bloqueo y la inmovilización de cuentas bancarias, y la prohibición de enajenar y gravar activos.
Solicitó, asimismo, las detenciones de José Figueredo Márquez, secretario, y de Luis Alberto Bustos, subsecretario de la Asamblea opositora. Ninguno de ellos se encuentra en Venezuela.
La junta directiva fue designada el 30 de diciembre cuando los exdiputados de la Asamblea opositora votaron a favor de la eliminación del gobierno interino liderado hasta ese momento por Juan Guaidó.
Propusieron crear, en reemplazo, una comisión encargada de administrar los activos del país en el exterior, manteniendo las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA que controla Citgo, una refinadora con sede en Houston.
El monto de activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados en el exterior supera los US$30.000 millones.
La Asamblea Nacional elegida en 2015 funciona en forma simbólica. Su mandato terminó en 2021, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos la reconoce como la única institución legítima.
Sus miembros, muchos de ellos en el exilio, no reconocen como legítimas las elecciones de 2020 en las que el gobierno recuperó el control de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez.
