La discusión no es el porcentaje del Gasto Público sino sus prioridades, qué bienes o servicios no pueden quedar relegados al arbitrio del mercado, sea que el Estado ejecute o que el Estado pague.
“Moderado”. Así lo vio la bancada oficialista y también opositores y gobernadores. Ya no los trató de “ratas”; solo de enriquecerse, hacer estragos, generar retornos y pertencer a un poder putrefacto. |
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Carlos Leyba (*)
“La inviolabilidad de la propiedad privada”, norma implícita de la Constitución (art. 14), es redundante y provocativa: el art. 14b procura la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”.
El segundo punto dice “equilibrio fiscal innegociable" y el tercero “reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB”. Reducir el Gasto implica determinar su composición. La Argentina próspera se interrumpió en 1975, hasta entonces sin pobreza exasperante (4%), desempleo crítico (3%), el sector público pesaba 20% sobre el PIB. Salud, educación, seguridad; eran mayoritariamente de carácter público.
Sistema tributario intrincado, evasión importante: el déficit fiscal se arrastraba desde décadas. La economía no estaba endeudada en el exterior y los residentes no atesoraban en moneda extranjera. Los inmuebles se vendían en pesos, a 10 o 15 años y los campos en pesos con hipotecas a tres años.
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No debería haber razón para que el Estado, con el 25% del PIB, no pueda llevar a cabo las tareas que realizaba hace medio siglo.
Lo que está detrás de ese 25% es ¿cuáles serán las tareas del Estado? ¿Gratuidad de salud, justicia, educación y seguridad? ¿Las obras de infraestructura que no fueran pasibles de ser realizadas vía privada dada la rentabilidad a precios privados?
La discusión no es el porcentaje del Gasto Público sino sus prioridades, qué bienes o servicios no pueden quedar relegados al arbitrio del mercado, sea que el Estado ejecute o que el Estado pague. En ambos casos es “gasto público”.
En los primeros diez países líderes en “libertad económica”, el promedio de Gasto Público sobre PIB es 35%. Países con un PIB pH que es como mínimo 5 veces el nuestro, sin pobreza., etc. Tendríamos que hacer mucho más que ellos con un porcentaje mucho menor. Pudimos hacerlo cuando no teníamos alarmante pobreza ni desempleo y no habíamos sufrido el industricidio.
Resuelto qué, cómo y cuánto del Gasto Público, hay que lograr la eficiencia sin déficit. El Tratado de Maastricht exigía un déficit fiscal inferior al 3% del PIB.
La cuarta proposición es una reforma tributaria que reduzca la presión. Para ello la lucha contra la evasión debe ser implacable. Simplificar el sistema y ayudar al comercio son mejoras tan necesarias como aumentar la progresividad. Esto requiere estudios y también la difusión de métodos digitales para las transacciones, eliminando al máximo el uso de billetes.
La “reforma tributaria” es crucial y dimensionar el gasto público, procurado el equilibrio y simplificado el sistema, implica una lucha sin cuartel contra la evasión, lucha en la que todo blanqueo o moratoria, es un paso atrás que bajo ningún concepto puede dejar de establecerse como compromiso: la lucha contra la evasión es prioritaria y es ahora, todos los subterfugios como “la no residencia fiscal” deben ser derogados.
El quinto punto es la “coparticipación” y “la existencia de un modelo extorsivo”. La única extorsión histórica es que hay regiones con un PIB pH de 30 mil dólares y otras con uno de 5 mil dólares: si somos una Nación hay que transferir de unas a otras. Es una discusión ideológica profunda: ¿Ocupar el territorio, la demografía? ¿Nivelar el territorio, el desarrollo?
Una deuda pendiente para los que nos sentimos parte de la historia de la Nación. La Santa Mama Antula, nombre quechua, su marcha fue de adentro hacia el Puerto. Una metáfora de cómo el país profundo se fue vaciando y con él la riqueza humana (concentración urbana) y material (cancelación de la cadena de valor). Hay que reparar.
El sexto es “el compromiso” de avanzar en la explotación de recursos naturales. El apetito de las provincias es ese. Pero ¿y los recursos? No sólo las inversiones que requieren permisos científicos, desde la perspectiva ambiental y social. No se trata de extraer y destruir, sino de construir, extraer y transformar “in situ” para “agregar valor”. Hacen falta leyes, inversiones con transferencia de tecnología y trabajo local: la reciprocidad es central.
Séptimo, “una reforma laboral” que debe materializarse en los convenios colectivos. Lo central es el abuso de laboralistas y la justicia laboral sesgada, que destruyen el sistema. Lo mismo con el derecho penal. Mas que leyes, lo que está en juego es “la cultura de los jueces”. Es urgente legislar en materia penal y laboral para que la “interpretación” de la norma no modifique la normalidad. Hay abusos a nivel judicial.
Finalmente es incomprobable que una “reforma laboral” promueva el trabajo formal. ¿Qué reforma laboral? Costos y beneficios para encaminar, primero, la formalización del empleo y segundo, condiciones objetivas (tasas de interés, crédito a largo plazo, incentivos fiscales, ampliación de mercado) para atraer inversiones. Ponerse al día con los incentivos a inversiones en Brasil, EEUU, Méjico o la UE para poder hablar de lo que está realmente probado. “Gris es toda teoría y verde el árbol de oro de la vida” Goethe.
La cuestión previsional es un problema desde que el número de aportantes quebró la relación con los beneficiarios. Pero se agravó desde que el trabajo se informalizó y con la irresponsabilidad de C. Kirchner y S. Massa que hicieron que desde 2010 (70% por moratoria) los jubilados y pensionados por moratoria, se hayan multiplicado. Hay que liquidar esos beneficios que, en la mayor parte de los casos, son una infamia. Nada impide el seguro de jubilación. Pero el sistema de reparto es – con la necesaria purga de moratorias y jubilados por incapacidad trucha – el único que no pone a la previsión social en la timba de mercado.
Respecto a la reforma política lo único que hay que hacer es cumplir con el art.38 de la Constitución.
Lo último es la apertura: implica romper el Mercosur y conociendo el pensamiento de Milei, es aceptar la distribución del trabajo que impone la globalización de las multinacionales. A eso se oponen las “derechas” como Trump y Meloni y los intereses lógicos de las naciones. En Occidente los globalistas están en el ocaso.
Siempre las políticas económicas han sido nacionales. Renunciar a la moneda y a la política monetaria, es deja de tener política económica nacional. Renunciar a la moneda, abrirse al globalismo primario, invitar a la economía de la extracción basada en el litio y la venta del territorio a intereses extranjeros, es prepararnos para la liquidación en tributo al anarcocapitalismo.
Juan Bautista Alberdi, tan traicionado en estos días, sostuvo que la crisis es el empobrecimiento repentino de la sociedad y que el estado crónico de la pobreza se perpetua a sí mismo.
Acerca de la pobreza, no hay “Pacto de Mayo”, por eso son las tablas de “tu ley”.
