Los datos y la evidencia en las políticas públicas son temas que casi no se escuchan dentro de la agenda electoral actual. En medio de la campaña, no son temas en disputa porque no son considerados relevantes para la gestión del futuro gobierno. Más allá de alguna mención diminuta en las plataformas electorales —que suele relacionar al uso de datos solo con una cuestión de transparencia y gobierno abierto— no se los discute o incentiva.
En un contexto en donde se habla del ajuste que se viene, ni siquiera se piensa en recortar o no las áreas de datos. Nadie les presta atención: sólo existen por la perseverancia de quienes trabajan en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que la Administración Pública Nacional (APN) almacene sus datos con seguridad, los cuide y los utilice para tomar decisiones?
Como en otras áreas de las políticas públicas más visibles, aquí también falta liderazgo. Necesitamos tener un Capitán Kirk que lidere la gobernanza de datos en el Estado nacional argentino. Alguien que pase a la acción, tome los riesgos necesarios y saque a esta agenda del freezer de la política. El punto de partida en el que encontrará a la gestión de datos estatal es desalentador. Durante años se esbozaron planes, crearon dependencias y diseñaron sistemas que nacieron y murieron sin encontrar continuidad. Algunas áreas avanzaron en la incorporación de evidencia en su tarea diaria, pero otras se quedaron atrás generando una madurez heterogénea: sin líder, no hay misión.
Datos y políticas públicas
No todas fueron pálidas. Es cierto. En los últimos años la digitalización y automatización de los trámites de la ciudadanía con el Estado nacional avanzó. A veces forzado por las circunstancias, como la aceleración que ocurrió por la pandemia, pero avanzó. Nombremos dos ejemplos. Hoy podemos realizar una mayor cantidad de trámites digitales mediante la web de Trámites a Distancia (TAD) y, más recientemente, asistimos a la eliminación de la prueba de fe de vida para jubilados. Pero todavía queda mucho por recorrer en esta arena: basta decir que aún tenemos que llevar presencialmente una fotocopia de nuestro DNI en algunos de estos trámites. El TAD, que nació en 2017, también representa un caso de una buena implementación que sobrevivió a los cambios de gobierno, lo cual es imprescindible para cualquier mejora.
InteroperAr, en contraposición, no tuvo la misma suerte. Este sistema para el intercambio de información entre dependencias de la APN se reglamentó en 2018, pero su utilización actual es poca o nula. Los intercambios de datos entre ministerios continúan siendo bilaterales y bastante discrecionales. Este atraso lleva a que la calidad de la información con la que cuenta la burocracia sea mala. En casos muy groseros, el Estado parece un Leviatán avanzando con antifaces. Por dar un ejemplo claro, a la hora de diseñar la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no pudo estimar a cuántos hogares les correspondería. Mejor dicho, ni siquiera estuvo cerca: le erró por casi cinco millones de familias. Tampoco pudo segmentar las tarifas energéticas por algo que no fuera el valor del metro cuadrado, reduciendo las posibilidades de lograr una distribución más justa de los subsidios.
Hay una explicación para estas disparidades en la agenda de datos en el Estado nacional. La dimos al comienzo y la volvemos a dar: los esfuerzos están desperdigados por toda la administración sin nadie que los aglutine. Nadie está liderando esta nave, este Enterprise. Necesitamos una entidad dentro del gobierno cuya principal tarea sea coordinar y gestionar los datos de manera integral. Una entidad que establezca directrices para el uso y el intercambio de datos, y asegurar que se cumplan. Almacenar la información, pero no utilizarla —en una suerte de silobolsas de datos— es lo mismo que no almacenar nada: el objetivo es aprovechar todos los datos disponibles para tomar decisiones basadas en evidencia. Así es como deben hacerse las políticas públicas en el siglo XXI.
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Como las sucesivas gestiones no le han dado prioridad a estos temas, las consecuencias operativas dentro del Estado están a la vista. Una muy importante es la pérdida de recursos humanos técnicos: cada vez es más difícil competir con el sector privado —al que se suma el sector externo— en la retención de perfiles dateros. En paralelo con este fenómeno, es visible el deterioro en la infraestructura informática. Sin inversión ni recursos humanos que la mantengan, la seguridad informática estatal parece pender de un hilo con cada vez más hackeos y venta de datos personales: el PAMI, el RENAPER y la CNV son los casos más recientes. Datos de historias clínicas, de nuestros DNI, datos extremadamente sensibles que no deberían estar siendo vendidos en alguna página oscura de la web. En suma, todas muestras de cómo las capacidades estatales se esmerilan si nadie vela por ellas.
Pero dejemos de mirar por un momento a la Argentina para ver cómo otros países han logrado una gestión más eficiente de datos. Miremos a Estonia, que nombró un Chief Data Officer (CDO); o Perú, que creó los roles de Oficial de gobierno de datos y de Oficial de datos personales; o Uruguay, que estableció una agencia especializada (AGESIC). Los tres casos tienen algo en común: el apoyo político les permitió a las oficinas de datos gubernamentales llevar a cabo una estrategia transversal a la administración.
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No importa la forma institucional utilizada: todos los modelos exitosos jerarquizaron estas oficinas, haciéndolas depender directamente de la máxima autoridad del país —presidente o primer ministro—. Esta jerarquización no fue solo de palabra y con un cargo en el organigrama: fue un apoyo real de mandatarios y mandatarias que alinearon al resto de la administración en la estrategia de gestión de datos.
Es 2023 y la gestión de datos debe entrar en agenda. La capacidad del gobierno para manejar datos y generar información está atrasada y la actualización está llegando tarde. Cuando el Estado deja de dar respuestas, su misma funcionalidad comienza a ser cuestionada. Es por esto que la estrategia de gestión de datos del próximo gobierno tiene que venir desde arriba y ser aquella que tome lo realizado hasta ahora y lo potencie hacia el futuro. Las elecciones son una instancia privilegiada para darle luz a estos temas: ojalá alguien lo pueda ver. Pero, pasadas las elecciones, gobierne quien gobierne, a partir del 10 de diciembre es imprescindible que jerarquice a los datos dentro de su gestión. Así, los datos en el Estado podrán llegar, como dijo el Capitán Kirk: “audazmente a donde nadie ha ido antes”.
