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OPINIóN / Economía
martes 14 julio, 2020

Igualdad y desarrollo, los desafíos de la pospandemia

El esfuerzo del Estado, realizado con las medidas de emergencia, deberá multiplicarse a la hora de encarar la reconstrucción económica, para alcanzar así el doble objetivo de la reactivación y de la reducción de la desigualdad.

Pobreza Foto: Cedoc Perfil

Hace una semana, el presidente expresó, en un encuentro con mandatarios del Mercosur, la necesidad de “encontrar soluciones al mayor desafío de la región que es la desigualdad”. El diagnóstico se basa en los datos duros que ubican a América Latina, epicentro actual de la pandemia, como el continente más desigual del mundo. Pocos días atrás, en el marco del aniversario del Grupo de Puebla, con la participación de los ex presidentes Lula Da Silva, Pepe Mujica, Evo Morales y Rafael Correa, Alberto Fernández volvió a resaltar el objetivo de construir "un continente con más igualdad". Se trata de un desafío mayúsculo para la región, que ahora suma los efectos de la pandemia. La Cepal estima que la caída del PBI latinoamericano alcanzará un 9,1% este año, que el desempleo pasará de 8,1% a 13,5%, que la tasa de pobreza subirá un 7% para llegar a 37,2% de la población, mientras que la pobreza extrema tendrá un incremento de 4,5 por ciento. Las previsiones en materia de desigualdad son escalofriantes: el índice de Gini sufriría un alza de 4,7 por ciento.

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La insistencia del presidente, que nuevamente se refirió al problema de la desigualdad durante su discurso del Día de la Independencia, reconoce que el desafío de nuestra región es, también, el de la Argentina. En nuestro país, después de los avances entre 2003 y 2015 cuando, según el Banco Mundial, el índice de Gini (que mide la desigualdad) cayó desde 51,2 en 2003 al 41,7 en 2014, la política económica del gobierno de Macri significó un profundo retroceso. En esos 4 años, según el INDEC, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces, mientras que el 1% más rico, de acuerdo con Cepal, logró capturar más del 15% del Ingreso Nacional, contra apenas el 1,5% que se reparten los que habitan el 10% más pobre. En este contexto no sorprende el intenso debate en torno de la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y la mayoritaria aprobación popular que la iniciativa reúne. Si buceáramos en esas adhesiones, encontraríamos que no se trata de un enamoramiento con el instrumento particular de ese impuesto extraordinario, sino con una necesidad de reparación más profunda frente al abismo que nos separa de los niveles de igualdad que nos caracterizaron hasta antes de la entrada en vigencia del neoliberalismo de la mano de la última dictadura cívico-militar, lo que explica la demanda de muchos sectores por que el impuesto a las grandes fortunas no sea sólo por única vez. Esa demanda, más bien, dado que Argentina ya tiene un impuesto que grava regularmente a la riqueza, debería saldarse con una reforma progresiva sobre Bienes Personales.

 

Grafico columna Vallejos

 

El abanico de medidas de emergencia de los últimos meses, apuntó a morigerar los impactos de la crisis del coronavirus sobre nuestra economía, golpeada como la de todos los países del mundo, independientemente de las estrategias sanitarias que unos u otros hayan adoptado. Ese esfuerzo del Estado deberá, sin embargo, multiplicarse a la hora de encarar la reconstrucción económica, para alcanzar el doble objetivo de la reactivación y de la reducción de la desigualdad. Se trata de crear riqueza, expandir el Ingreso Nacional, pero, también, mejorar la forma en que se distribuyen. Para avanzar en ese camino, un primer punto será la recuperación del 25% del salario de los trabajadores que sufrieron ese recorte durante la suspensión de actividades ante la pandemia y, partiendo de ese piso, la reapertura de las paritarias. Luego, la reforma tributaria que el presidente también ha calificado como necesaria, ocupa un lugar significativo. Porque un sistema impositivo es, fundamentalmente, un sistema de estímulos a través del cual el gobierno da una orientación a la matriz productiva y favorece mayores o menores grados de justicia social y equidad distributiva, reasignando recursos entre sectores productivos y sociales. No es casualidad que la recaudación tributaria en nuestra región fuera de sólo 23,1% del PIB para el año 2018, mientras que, en el mismo año, ese guarismo alcanzara al 40,3% para la Unión Europea. Los países con los mejores indicadores de desarrollo humano ostentan mayores niveles de recaudación en relación con el tamaño de sus economías.

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En la Argentina, como mostramos en el informe “Coronavirus: ¿quién paga la crisis?”, durante 2015-2019, el deterioro de la matriz tributaria fue fuerte: los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, los muy progresivos retrocedieron 1,4 y los progresivos, cayeron 1,3 puntos. Tras la baja en las alícuotas de Bienes Personales, la ratio de recaudación por ese impuesto sobre la recaudación total, cayó de una tasa promedio de 1,36%, durante 2003-2015, a 0,74% en 2015-2019. Ese sesgo regresivo impone que cualquier reforma futura esté vinculada a impuestos altamente progresivos. La comparación internacional, conduce a la misma conclusión. En países como Francia, Inglaterra y Canadá, el tributo a la riqueza ronda el 4% del PBI, una cifra que más que cuadruplica el equivalente argentino. Los países más desarrollados se han volcado a privilegiar los impuestos progresivos, como parte del consenso nacional que exige un proyecto de desarrollo para cualquier país que aspire a ello.

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Por último, hay otro elemento crucial: la asimetría entre quienes evaden y quienes, sin tener altos ingresos ni patrimonios, pagan los impuestos más regresivos, como el IVA. Según el INDEC, al 31 de diciembre de 2019, había activos de argentinos en el exterior por casi U$S 400.000 millones. La fuga, medida como incremento de esos activos, superó los U$S 103.000 millones entre 2015 y 2019. La acumulación de esa riqueza off shore no sólo está en la raíz de la toma de deuda externa y de la falta de dólares que sufre nuestra economía, sino también, dada la estrecha vinculación entre fuga y evasión, de la insuficiencia de ingresos fiscales. Según los registros de la AFIP, para 2017 (últimos disponibles), del total de la riqueza declarada por residentes (aproximadamente 1 millón de personas), el 40% se encontraba fuera de la Argentina, mientras entre los más ricos (aproximadamente 15.000 personas) ese porcentaje se elevaba al 80%. Pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados, no habían sido reconocidos ante el fisco.

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Proyectando esa relación para 2019, existen no menos de U$S 235.000 millones exteriorizados que no tributan en el país. Los números hablan por sí solos: no sólo es justo y necesario mejorar la progresividad del sistema, mediante la imposición de la riqueza, que podría complementarse con impuestos a los beneficios extraordinarios de sectores como el financiero, sino que el mejor diseño tributario requiere, para alcanzar su objetivo, ampliar la base imponible, es decir que los dueños de las riquezas y las ganancias que se generan en el país tributen sobre el 100% de sus patrimonios y beneficios. Esto último exige generar las condiciones para repatriar los capitales argentinos, por un lado, y desalentar la decisión de seguir fugándolos, por el otro. En ello se juega gran parte del debate profundo -y efectivo- sobre la igualdad y el desarrollo.

 

* Diputada Nacional, Economista.


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