Con mucho ruido y pocas nueces se viene dando a conocer por medios de comunicación que, si bien desde hace tiempo se implementan políticas orientadas a la apertura del Estado, el Plan 2020-2023 busca impulsar el enfoque de gobierno abierto de manera integral y articulada en todo el país, con el objetivo de alcanzar políticas públicas efectivas, federales e inclusivas.
Esta publicidad de política pública comunicada desde el área Gobierno Abierto y País Digital dice estar implantando un Plan Estratégico, el primero, negando todo lo realizado por el gobierno anterior, con sus puntos altos y bajos.
Reconocen así, que no construyen políticas de estado sino política de un solo gobierno que tiene como característica creer que la política nace con ellos y no en conjunto con la pluralidad de fuerzas políticas de la nación.
Sin Gobierno Abierto, difícil combatir la corrupción
Pero además, expresan publicitariamente que busca un mecanismo participativo como novedad cuando estos fueron puestos en práctica ya con anterioridad no sólo para la Ley de Acceso a la Información Pública para apertura del gobierno sino también para la reforma integral de ley de Ética Pública o políticas de compliance como la guía para la implementación de la Ley 27.401.
Después, busca explicitar dimensiones de prácticas de apertura, las que denomina como federal, internacional y un ecosistema abierto. Todas estas son en verdad una misma y están atadas a la misma práctica de los funcionarios sólo si cambian la cultura dentro de las organizaciones estatales. Más que anunciar denominaciones, la reforma no iniciada y principal, es la reforma transversal e interna de la cultura administrativa. Sin ella, todo lo que se comunica es impracticable.
Lo importante a resaltar como novedad aquí es que, en la Asamblea de Apertura de Sesiones del Congreso de la Nación del día 1 de marzo, el Presidente Alberto Fernández no hizo ninguna referencia a la necesidad que ante tantos problemas de gestión pública, con hechos de corrupción hoy denunciados y un ministro recientemente renunciado, vaya a enviar o retome la discusión de las leyes de apertura, transparencia y compliance del Estado que tendrían como autoridad de aplicación a las áreas Gobierno Abierto y País Digital, la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Transparencia Internacional evidencia nuestra inactividad
Por esto, corresponder resaltar que pasó desapercibido y hay que alertar que no hubo referencias al tratamiento con urgencia de leyes como las de Ética Pública, de Derechos de Datos Personales, de Gestión de Intereses o Lobby, de Gobierno Abierto, ni habló sobre el estado en particular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, hoy acéfala.
De más está decir que, tampoco rindió cuentas sobre el déficit en las respuestas de derechos de acceso a la información pública ni sobre qué ocasionó que durante un año completo de pandemia los portales de transparencia activa no estuvieron funcionando aportando datos abiertos y reutilizables que hubieran permitido un control sobre las compras públicas y el destino de las vacunas contra el Covid-19.
Obviamente entonces tampoco hubo referencia alguna sobre la situación de la Argentina en el Ranking de Transparencia Internacional, en el cual hemos caído después de varios años de mejora en dichos índices anticorrupción.
Gobierno Abierto para una Gobernanza Pública
Finalmente, esto tiene correlación con el sector privado en tanto si no hay reglas anticorrupción y de compliance vigentes nos vamos alejando de la OCDE, por ejemplo, u de otros organismos internacionales de Estados que agrupan y exigen lineamientos para promover las prácticas económicas éticas, sin opacidad, que permitan las relaciones comerciales con los principales países que demandan nuestros recursos agroexportables, industriales o de servicios tecnológicos.
A estos hechos, debemos sumar los bolsos, retiros de fondos y promesas de empleo que comienzan a aparecer, mostrando la habitualidad de las prácticas con falta de integridad y ética legal que se dan en áreas de recursos humanos, compras y contrataciones en distintas áreas del Estado y los conflictos de interés o abuso de poder de directores, interventores, presidentes de entes públicos dependientes o sociedades del Estado. Todos actores de rango medio pero que ya dejan ver prácticas con opacidad y uno no quiere imaginar lo que puede estar ocurriendo a nivel de ministerios. Ojalá sean excepciones y tengan respuestas de la justicia de modo rápido y no sean parte de un modo sistemático de corrupción en la administración.
Y un #24M, por si fuera poco, Argentina se retira del Grupo De Lima y evita condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela por parte del régimen generado por Chávez y actualmente administrado por Maduro
