Para impulsar los proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de envergadura, es necesaria la articulación público-privada. Estos proyectos son de alto riesgo tecnológico, y cuando tienen importancia estratégica para los países, como el caso de la vacuna anti- Covid-19, los Estados suelen promoverlos con inversiones, subsidios o créditos para reducir el riesgo que implican.
Rara vez los privados los afrontan solos. Un ejemplo reciente de ello es la alianza público-privada entre la NASA y SpaceX, la que le permitió a los EE.UU. retomar los vuelos espaciales tripulados por primera vez desde 2011 (desde ese año tuvieron que contratar a Roscosmos, la Agencia Espacial Federal de Rusia).
En la Argentina, los logros de Invap en tecnología nuclear y satelital han requerido un fuerte compromiso de las políticas públicas a lo largo del tiempo, y de la colaboración con múltiples empresas.
Volviendo a la vacuna, la Universidad de Oxford recibió una inversión de 84 millones de libras del gobierno británico para su desarrollo. A su vez, ésta se asoció con la multinacional farmacéutica británico-sueca AstraZeneca para implementar una estrategia de fabricación y distribución global, lo que supuso alianzas con otras empresas farmacéuticas.
Para lograr una vacuna de bajo costo y accesible, AstraZeneca firmó acuerdos con dos fondos público-privados los cuales permitieron sumar US$ 750 millones al desarrollo (la Coalición para el impulso de Innovaciones frente a Epidemias, CEPI en sus siglas en inglés y con GAVI, Alianza por las vacunas).
El Grupo Insud y la Fundación Slim realizaron un acuerdo con AstraZeneca para fabricar la vacuna en serie, a riesgo, antes de su aprobación regulatoria (algo inédito). En la Argentina se producirá el principio activo en la planta de mAbxience, originalmente destinada a la producción de anticuerpos monoclonales, a partir de una transferencia tecnológica de AstraZeneca.
Ciudadanía demandante y responsable significa funcionarios reflexivos y responsables
Hasta ahora, ningún desarrollo de vacuna duró menos de cinco años, y algunos alcanzaron los 20 años. En el caso de la vacuna contra el Covid-19, se estima que estará aprobada y empezará su distribución entre los 12 y 18 meses después que se inició el proceso.
Esta compleja trama de acuerdos a escala internacional entre universidades, gobiernos, empresas y fondos público-privados, habla de la necesidad de colaboración entre múltiples actores para afrontar los crecientes desafíos de salud, ambientales y tecnológicos, entre otros.
En el marco de una situación de emergencia nacional e internacional como la que estamos viviendo, parece lógico que los Estados adquieran la vacuna para asegurar su provisión lo más rápido posible a las poblaciones de riesgo.
Cuando se cuestiona por falta de competencia la compra futura de esta vacuna por parte de los Estados latinoamericanos, no se comprende el concepto de “monopolios por innovación” (acuñado por Joseph Schumpeter). Las empresas de I+D disruptivas e innovadoras como mAbxience suelen obtener un monopolio, no por una posición dominante en el mercado, sino por la capacidad científico-tecnológica que ninguna otra (ni organismo estatal) posee. En pocas palabras, nadie, al menos por un tiempo, les puede competir, porque no han desarrollado aún las capacidades para hacerlo.
Si se optara por evaluar varios desarrollos sin empezar lo antes posible la transferencia de tecnología de uno de ellos, y así lanzar el proceso de fabricación, la vacuna no estaría disponible a principios de 2021 como se estima, sino mucho más tarde, con el costo de vidas que ello implica.
El futuro acceso a la vacuna es producto del acuerdo entre múltiples actores públicos y privados. La nueva y desafiante realidad nos exige más redes y complementación. Solos no podemos.
*Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de Untref y docente de Unsam en Innovación.
