Transcurrido más de medio año de gobierno de Jair Bolsonaro la expectativa del mercado respecto al crecimiento del PBI para el 2019 pasó de 2,6%, en enero, a 0,81% en julio, según el informe Focus difundido por el Banco Central brasileño. Más allá de los aspectos estrictamente económicos, el gobierno y la política en general han tenido una fuerte incidencia en el derrumbe de la proyección de crecimiento. En primer lugar, las dilaciones de la reforma previsional y las dudas respecto a la capacidad del gobierno de llevar adelante reformas económicas. En segundo lugar la incertidumbre política en general, tanto por la falta de confianza respecto a la dirección de las políticas del gobierno (su contenido), así como la inestabilidad que surge de un gobierno con índices de desaprobación récord para un inicio de mandato, en frecuente roce con los otros poderes (en particular el Legislativo) y en estado de permanente polémica.
La reforma previsional es la prioridad que se ha impuesto el gobierno de Jair Bolsonaro. El tema está instalado en la agenda pública desde hace un par de años (Temer la intentó realizar y no pudo) y se ha generado un consenso “por arriba” en favor de la reforma. Desde luego, tal reforma del sistema previsional no trae beneficios para la población, sino todo lo contrario (en lo inmediato al menos). Centralmente, la necesidad de mayor tiempo de contribución y la suba en la edad de jubilación. Por lo tanto, el primer obstáculo para la reforma es su impopularidad, la falta de consenso “por abajo”. La reforma es bien vista por aproximadamente el 50% de la población, lo cual es bastante tratándose de que retira beneficios. En general, los legisladores son reticentes a aprobarla por temor a las consecuencias electorales, a pesar de que la consideren necesaria para las cuentas públicas. El sistema brasileño para la elección de diputados es de lista abierta, donde el elector vota a un único candidato y no a una lista entera. Una de las consecuencias de esto es la personalización de la elección, por lo tanto la reputación del candidato tiene una relevancia mayor. La reforma logró una primera aprobación en Diputados, pero por ser una enmienda constitucional deben realizarse dos votaciones por cámara. Aún resta una votación en Diputados y las dos en el Senado.
Si bien en un primer momento la reforma fue presentada casi como una panacea que generaría automáticamente empleo y traería inversiones, en el último tiempo el gobierno le ha bajado el tono a sus efectos positivos.
De modo más realista, ahora en el discurso oficialista la reforma pasó de ser generadora automática de la recuperación económica a ser una condición necesaria pero no suficiente para que ésta tenga lugar. Sin reforma no habrá recuperación, sino todo lo contrario, ese es el mensaje con el que se busca generar respaldo popular.
El segundo obstáculo que enfrenta la reforma es la ausencia de una formación de mayoría legislativa por parte del oficialismo. Esto ha hecho con que la aprobación se demore al máximo, el costo de las negociaciones (básicamente la liberación de fondos públicos para los legisladores) sea más elevado y el alcance de la reforma se vea afectado.
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Las dudas respecto a la viabilidad de las reformas parten de esa fraǵil situación en el Congreso y comenzaron a instalarse ya en diciembre ante la negativa de Bolsonaro a practicar el llamado presidencialismo de coalición. El rechazo a distribuir ministerios entre otras fuerzas políticas fue seguido de la negativa a liberar enmiendas presupuestarias a los legisladores para la implementación de proyectos en sus territorios. En esto último el gobierno terminó cediendo, no sin obstáculos generados por su propia base así como la desconfianza de los diputados de que el gobierno cumpla su parte. De un lado, los bolsonaristas que militan las redes sociales pero que también han salido a las calles en tres oportunidades este año, boicotearon la liberación de partidas escrachando a los diputados. Acusados de “Vieja política” y de corruptos, partidos y figuras del centro y de la derecha fueron el blanco de las manifestaciones bolsonaristas. Es decir, potenciales aliados fueron atacados por la radicalidad del bolsonarismo. Ante el desgaste, quienes estaban cerrando negociaciones con el gobierno, negociaciones que incluían ministerios, decidieron retroceder. La reforma fue demorada en comisión más de la cuenta y ya en el plenário el gobierno negoció liberar enmiendas presupuestarias para los diputados por 1.130 millones de reales. La negativa a formar coalición terminó saliendo más cara.
La negativa de Bolsonaro a negociar con los demás partidos tiene origen en el discurso contra la corrupción y las formas de hacer política. Cabe señalar al respecto que con la llegada de Bolsonaro la corrupción ha pasado de ser el principal problema del país para el 20% de la población a serlo para un 7%. Dato siempre relevado por las consultoras de opinión pública y que apunta uno de los éxitos de Bolsonaro.
La incertidumbre en relación al rumbo económico del gobierno tiene que ver con las internas propias del gobierno y las ambigüedades de Bolsonaro en relación al rumbo económico. Si bien se trata de una orientación liberal han habido algunas intervenciones del presidente contrariando al equipo económico y que tienen que ver con el hecho de que Bolsonaro sólo se “convirtió” al liberalismo económico en vistas a disputar las elecciones de 2018. La intervención para frenar el aumento del precio de combustibles de Petrobras (que produjo una caída inmediata de 7,8% de las acciones de la compañía) fue una decisión unilateral del presidente, sin consultar al ministro de economía. Otro pequeño pero simbólico episodio fue el anuncio del aumento del Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF), en los primeros días del gobierno. Por la mañana Bolsonaro dijo que el aumento ya estaba firmado y por la tarde el Jefe de la Casa Civil (símil Jefe de Gabinete) lo desmintió: “él (por el presidente) se equivocó”, repitió Onyx Lorenzoni. De ambos casos lo que resultó evidente fue la falta de coordinación al interior del gobierno y junto con otros hechos sirvieron para señalizar los límites del liberalismo económico de Bolsonaro. Pero sobre todo, por el estilo del propio Bolsonaro y por las formas de gestionar las contradicciones al interior de la alianza de gobierno (militares, liberales y conservadores) por momentos se trata de un gobierno poco previsible. Internas feroces que incluyen a los hijos del presidente, la salida de importantes ministros e incluso del reputado economista liberal Joaquim Levydel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y una bancada oficialista dividida no ayudan.
Vinculado a eso y volviendo a la reforma previsional, hubo siempre una ambivalencia de parte de Bolsonaro en su compromiso con la reforma. Por momentos comprometiéndose de lleno en las negociaciones para la aprobación y por momentos desligandose: “nosotros ya enviamos la reforma al Congreso, ahora es tareas de ellos”, y actitudes similares desde el inicio del año que incluyeron el enfrentamiento con el Congreso generando el peor clima posible para tramitación de la reforma.
La aprobación a la gestión de Bolsonaro ha ido en picada desde que asumió. Habiendo partido de 60% hoy se encuentra en apenas por encima de 30% según distintas consultoras. Junto con Collor de Mello, Bolsonaro tiene la peor imagen para un presidente en su inicio de mandato. Sin embargo parece ya estabilizada en ese nivel. Además, las diferencias en la aprobación según región y por ingresos es considerable. Según la última encuesta de Datafolha en el nordeste sólo el 25% aprueban la gestión de Bolsonaro, mientras que en el sur el 42%. Entre los que tienen hasta dos salarios mínimos de ingreso familiar la aprobación es de 27%, y entre los que reciben más de diez es de 52%.
El gobierno, por indicación del ministro de economía Paulo Guedes, supeditó la implementación de medidas económicas importantes y otras reformas a la aprobación de la reforma previsional. Sin esta, explicó Guedes, cualquier medida sólo serviría para “vuelos de gallina”. De todos modos algunas medidas se han tomado hasta el momento y entre ellas se destacan las referidas a las desburocratización del Estado. La revocación de más de 200 reglamentaciones y decretos en desuso o considerados innecesarios en abril y una nueva ola de revocaciones que estaría por delante, junto con la medida provisoria de Libertad Económica (decreto, que aún debe ser aprobado por el Congreso), que como su nombre lo indica flexibiliza controles estatales, son algunas de las principales medidas de liberalización de la economía interna. Desburocratización, reducción del aparato del estado y liberalización económica son puntos en lo que el gobierno viene avanzando con decisión.
En un intento por dinamizar la economía hasta tanto no sea promulgada la reforma previsional, el gobierno estaría anunciando en la semana entrante la liberación de retiradas del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS). Los trabajadores podrían retirar parte del dinero de ese fondo lo que representaría una inyección considerable de dinero en la economía. De todas formas no hay consenso respecto los beneficios de la medida, ya que el FGTS es utilizado por el gobierno para la construcción de viviendas y la liberación de retiradas por parte de los trabajadores podría afectar al ramo de la construcción.
Si bien en esta primera mitad del año la política no ha ayudado a la economía, luego de la aprobación de la reforma previsional y con la mirada en las elecciones municipales en 2020, es de esperar que en los últimos meses del año Brasil tenga un Ejecutivo más activo en la búsqueda de la tan esperada reactivación económica.
* Politólogo.
