El derecho fundamental a la alimentación está en grave riesgo en la Argentina actual. Estamos viviendo en los últimos años problemas alimentarios y nutricionales muy alarmantes, que se han visto agravados aún más luego de la brutal devaluación que sufrimos en este mes.
Cada vez más gente asiste a los comedores comunitarios y más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Pero en estas últimas semanas hay un desborde del cuadro social, por el encarecimiento que se registran en los precios de los alimentos. En cada barrio se están abriendo nuevos merenderos, los antiguos merenderos ahora se transformaron en comedores, y los comedores se ven obligados a entregar viandas extras porque no dan abasto con el incremento de la demanda de los vecinos. Las partidas gubernamentales no alcanzan a cubrir con estas necesidades. Y las y los maestros y los integrantes de las organizaciones sociales y eclesiales hacen lo que pueden con lo poco que tienen.
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Desde hace dos años vengo presentando un proyecto para sancionar una ley de emergencia alimentaria y nutricional. No podemos perder más tiempo. Nuestras pibas y pibes no pueden esperar más. No es ya tan siquiera una cuestión de calidad alimentaria: hay hambre. Muchas familias llegan al final del día y solo tienen un pedazo de pan y mate cocido para poner en la mesa.
La emergencia alimentaria permitiría reordenar partidas presupuestarias y orientar la inversión pública al fortalecimiento de los comedores y los merenderos que hay en cada punto geográfico de nuestro país.
De acuerdo a un informe reciente realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo bonaerense, la inseguridad alimentaria total en el tercer trimestre de 2018 ya llegaba al 35,8% de las niñas y niños que viven en el conurbano bonaerense; mientras que el 17,4% sufre inseguridad alimentaria severa. Además, cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes que viven allí reciben algún tipo de ayuda alimentaria gratuita. A nivel país ese porcentaje es de 34,4%.
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Por eso, proponemos crear un Fondo Federal de Emergencia Alimentaria y Nutricional que coordine las estrategias públicas de corto, mediano y largo plazo para dar respuesta a los problemas de hambre de la población. Sus recursos se destinarían a la distribución de alimentos a lo largo del territorio nacional y según las necesidades de cada región alimentaria del país podrán entregarse en forma directa o a través de transferencias monetarias.
El objetivo central debe ser promover y contribuir a la conformación y sostenimiento de comedores y merenderos populares de todo el país. También se debe articular entre todos los organismos del Estado, cámaras gremiales, empresarias, organizaciones sociales y de la economía popular para establecer políticas y programas de precios especiales y/o preferenciales para la compra de alimentos básicos, de insumos y cualquier otro componente de la cadena alimenticia.
Junto al aumento del presupuesto del Programa Políticas Alimentarias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, debe implementarse una canasta básica de primera infancia. También debe sancionarse una ley de góndolas, que rompa con los monopolios en los productos de la canasta básica y apuntale el desarrollo de los productores locales. Y es necesario incorporar verduras, frutas y carnes en todos estos programas, fortaleciendo los proyectos productivos de la economía popular y la agricultura familiar.
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La situación es realmente muy grave: debemos poner en marcha políticas públicas que permitan el acceso universal a los alimentos para los sectores vulnerables. La sociedad paga con consecuencias de largo plazo la inseguridad alimentaria. El déficit de alimentos produce problemas en individuos de todos los rangos etarios y el impacto más nocivo se registra en los primeros años de vida. La falta de nutrientes esenciales afecta el crecimiento y aumenta la exposición a las enfermedades. Entre los seis meses y los dos años los especialistas marcan una edad crítica, en la cual una alimentación inadecuada puede ocasionar problemas intelectuales irreversibles.
Debe quedarnos claro que no hay tiempo para postergaciones: el hambre es urgente. Esta situación no puede naturalizarse en un país que produce alimentos para satisfacer las necesidades de 400 millones de personas.
PM CP
