El país se enfrenta a un destino sin salida. Condenado a vegetar una y otra vez entre profundas crisis recurrentes y espaciados períodos en los que a mérito de alguna coyuntura exterior (el precio de los comodities de la primera década del actual siglo o el advenimiento de esporádicos gobiernos democráticos), permitieron ilusionarse con una perspectiva menos oscura.
A pesar de un comienzo relativamente auspicioso del aislamiento social, devino posteriormente la utilización de los típicos modos populistas, generando enemigos “del pueblo”, acusando entre otros a los que viajaron al exterior, a los capitalinos, a los runners , en lugar de haber probado estrategias segmentadas geográficamente y por grupos etarios, que hubiesen minimizado el impacto económico. Como también se insistió en la mirada unilateral sanitaria, sin considerar siquiera un enfoque multidisciplinario económico, psicológico y social.
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Como consecuencia, la Argentina está en camino de sufrir una de las cuarentenas más duras y prolongadas del mundo, con el consiguiente costo humano y social, así como en términos de quiebras y la pérdida masiva de empleo. Se estima que más de cien mil comercios cerrarán sus puertas y el número de empresas concursadas tendrá cifras inéditas.
Una señal premonitoria, la retirada de la aerolínea Latam del mercado de cabotaje, a causa de la inflexibilidad gremial y el silencio cómplice del Gobierno.
Además, la fracasada intervención de Vicentin, con la intención de expropiarla, que degeneró en un papelón oficial usando slogans como "soberanía alimentaria", “empresas testigo” o "empresas transnacionales”.
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Otro dislate es el referido a la extenuante postergación de la reestructuración de la deuda externa, demora que ya está generando un costo sustancialmente superior al que habría sido de concordar de inicio con una postura menos arrogante.
El problema no reside sólo en la refinanciación de la deuda pública. Hay vencimientos próximos de una gran masa de bonos corporativos privados cuya refinanciación en caso de default entraña riesgo considerable.
La falta de acuerdo podría costar un descenso de hasta cinco puntos del producto bruto adicionales a los que ya caerá la actividad económica como consecuencia de la cuarentena y que podría llevar a ser una de las economías con peor desempeño en el mundo en 2020-2021.
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A la hora de buscar soluciones a la problemática que el país trae de arrastre y que se ha agravado por el efecto imprevisible de la pandemia, y a fin de cortar con la decadencia de los últimos 60 años, se torna imprescindible un plan estructural con base en un consenso social de largo plazo, con una sociedad comprometida a ceder privilegios sectoriales.
La única alternativa para posibilitar emerger del túnel del atraso, sería llegar a ser un país creíble, donde uno de los pilares fundamentales de esa conversión resida en la inversión, aquella que permita la generación genuina de trabajo, de factores multiplicadores del impulso inicial, y posibilite condiciones de productividad para competir con un mundo abierto.
Para ello, esa inversión nacional o externa, universalmente requiere tres condiciones básicas, que deben estar presentes concurrentemente:
- seguridad jurídica
- poder diseñar un horizonte de planeamiento de mediano y largo plazo, que incluya certezas lógicas sobre las políticas nacionales básicas, sean cambiarias, fiscales, laborales, etc.
- perspectivas ciertas de rentabilidad.
En el camino de poder concretarlas, el país debería previamente lograr consensos sobre las siguientes reformas:
- previsional
- laboral
- del Estado (equilibrio fiscal entre otras)
- judicial
Si se repara en la historia de las últimas décadas de la Argentina, y en el momento actual, está la justificación del título de estas líneas: no serían imaginables, ni los consensos transformadores, ni esas reformas estructurales, ni por ende, la salida genuina de la problemática nacional.
Lamentablemente.