Donald Trump está dispuesto a persuadir a todo el mundo sobre la amenaza que entraña el fenómeno de la migración masiva, no solo la ilegal; y también de que adopten sus métodos para combatirla. Como acaba de hacerlo con sus representaciones en Europa, Canadá y Australia, Washington pedirá a sus embajadas en América Latina que presionen a los gobiernos a fin de que endurezcan sus políticas migratorias y adviertan sobre lo que considera un vínculo entre migración, crímenes violentos y, una novedad en la fraseología trumpista, las “violaciones a los derechos humanos”. Así lo indicó un alto funcionario del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado, en una reciente rueda de prensa virtual con periodistas europeos, de Australia y Nueva Zelanda. La transcripción de esa reunión puede leerse acá.
La agencia Reuters informó esta semana que el gobierno de Estados Unidos envió un cable a sus embajadas en Europa y en países de la esfera angloparlante para que expresen su preocupación por los peligros de la inmigración masiva. El cable, que fue publicado también por The New York Times, instruye a los diplomáticos estadounidenses a que informen a Washington sobre los casos de criminalidad asociada a la inmigración y cuál es la reacción de los gobiernos frente a esos hechos.
Ese texto pide a las embajadas estadounidenses que se aliente a los gobiernos a “garantizar políticas que protejan a sus ciudadanos de los impactos sociales negativos de la migración masiva, incluidos el desplazamiento, la agresión sexual y el deterioro del orden público". Además, impulsa una reforma de las políticas migratorias, de modo que se ponga límite a cualquier tipo de programa que impulse la migración masiva.
La recomendación del Departamento de Estado será extendida próximamente, en una versión a la carta, a América latina, una región cuyo control se ha convertido en prioritario para Trump. “Si bien este primer cable sobre migración se centró en Europa y la región anglosajona debido a las necesidades urgentes en este ámbito en esas regiones y países, planeamos, dada la diversidad y los matices del problema de la migración masiva en diversas regiones del mundo, emitir cables posteriores para otras partes del mundo, como América Latina, que se adapten mejor a los problemas derivados de la migración masiva en esas regiones específicas. Estos se publicarán en las próximas semanas y meses”, dijo el informante.
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Se sabe que la Argentina de Javier Milei se ha puesto a la vanguardia mundial de la defensa de los intereses de Trump. Estimamos que Washington contará con la colaboración del Gobierno también para este fin. Mejor dicho, ya lo está haciendo: como informó Nicolas Wiñazki el lunes pasado en Clarín, el Gobierno prepara una reforma profunda en materia de seguridad que contempla la creación de una “Policía Migratoria”, encargada del control del movimiento en los pasos fronterizos. Sus miembros serán equiparables a los integrantes de las fuerzas de seguridad y reemplazarán a los agentes de la Dirección General de Migraciones, que son civiles.
El proyecto fue elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dejará el cargo el 10 de diciembre en manos de Alejandra Monteoliva. Y como también contó Wiñazki, la iniciativa busca asimilar funciones de esa nueva agencia a las del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (United States Department of Homeland Security), que dirige Kristy Noem.
“Caza inmigrantes”
Noem se reunió con Bullrich a finales de julio en Buenos Aires en el marco de la aprobación, todavía en trámite, del programa visa waiver para el ingreso de argentinos a EE.UU. exgobernadora de Dakota del Sur, conocida como la “caza inmigrantes”, es la responsable del temible Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en sus siglas en inglés), encargado de la campaña de detención -por métodos violentos, en las calles y a plena luz del día- y deportación masiva de inmigrantes ilegales implementada por Trump. Entre las tareas de la Oficina de Deportación (ERO, en inglés), según se lee en su página web, se cuenta la de “hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos en, dentro y más allá de nuestras fronteras (...) contra aquellos que presentan una amenaza para nuestra seguridad nacional o son una amenaza para la seguridad pública”.
Noem protagonizó una campaña publicitaria lanzada en febrero en países de América Latina (incluida la Argentina, donde se puede ver en canales de cable) en la que ella misma advierte: “Si usted es un delincuente extranjero que está considerando entrar ilegalmente en Estados Unidos: ni se le ocurra. Si viene aquí y viola nuestras leyes, lo perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos”. En México provocó indignación.
Circulan decenas de videos en las redes sobre los operativos de detención del ICE que parecen secuestros y se multiplicaron las protestas en Estados Unidos por la violencia que emplean sus agentes, muchos de ellos encapuchados. Las protestas han sido una de las motivaciones de Trump para el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses.
Los medios de EE.UU. publicaron esta semana que la madre del sobrino de Karoline Leavitt, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, fue detenida en uno de esos operativos cuando salía de su casa para retirar a su hijo Michael Leavitt de la escuela. Bruna Ferreira, expareja del hermano de Leavitt, llegada junto a su familia de Brasil cuando tenía seis años y residente en Boston, es una inmigrante indocumentada, está detenida en instalaciones del ICE en Louisiana y va a ser deportada, según informó la misma agencia de control.
El informe de la fuente del Departamento de Estado con el que comienza esta nota hace una libre asociación entre migración, delitos violentos, con preeminencia de abusos de orden sexual contra niñas; un criterio cada vez más extendido entre las corrientes de ultraderecha europeas (que básicamente apunta a la migración musulmana) y que utiliza Washington para justificar su campaña antiinmigración.
La fuente no ofrece, sin embargo, datos que sostengan esa asociación. Pero advierte sobre el impacto de la inmigración masiva, no solo la ilegal, en los derechos humanos. “Debemos retomar el concepto de ‘derechos humanos’ correctamente entendidos (...). La administración Trump está diciendo adiós a los derechos humanos partidistas y se está enfocando en lo que significa realmente defender los derechos naturales inalienables de las personas a la vida, la libertad y la seguridad personal”. Nueva doctrina.
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