POLICIA
Muri otro preso y las vctimas ascienden a 32

Motín: investigan nexos con crimen de La Dársena

Las autoridades de Santiago del Estero dicen que los reclusos quisieron escapar, los familiares de las víctimas hablan de represalias y los organismos de DDHH denuncian la "responsabilidad del Estado".

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| DYN

Las tres hipótesis que se tejen alrededor del motín que se produjo en el Penal de Varones de Santiago del Estero, cuyo saldo fue de 32 muertes, generan polémicas y desconcierto. Los abogados y familiares de las víctimas están convencidos de que hubo una "emboscada armada por los guardias penitenciarios". Algunos vinculan el hecho con el doble crimen de La Dársena, mientras que otros lo relacionan con una represalia a los reclamos de los reclusos.

Por su parte, las autoridades insisten en hablar de un " intento de fuga", al tiempo que organismos de derechos humanos denunciaron que los ocurrido es " responsabilidad del Estado".

Esta mañana murió Ramón Gutiérrez, un preso que se hallaba internado en grave estado en el hospital Regional de Santiago del Estero, con lo que ya son 32 las víctimas. Permanecen en el mismo centro asistencial, con pronóstico reservado, en coma farmacológico y con respiración asistida, otros tres presos identificados como Miguel Guzmán, Diego Villareal y Raúl Coronel.

Las versiones sobre cómo se produjo la rebelión de reclusos son contrapuestas y serán motivo de investigación tanto por la Justicia como por el gobierno nacional que ya envió funcionarios a la zona.

Los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares por el juez Ramón Tarchini Saavedra. Las autopsias realizadas por la Justicia determinaron que murieron por " asfixia por inhalación de gases tóxicos a altas temperaturas". Se descartó que los presos se hayan herido con puntazos.

El magistrado, al igual que los funcionarios del ejecutivo provincial, afirmó ayer que hubo un " intento de fuga que terminó en un motín" en el que los reclusos iniciaron un fuego que terminó siendo una "trampa mortal". Sin embargo, hoy aseguró que no descarta ninguna hipótesis. “ Partimos de la base de un incendio seguido de muerte. Las hipótesis son varias. No voy a descartar ni afirmar ninguna”, dijo el juez hoy al sitio del diario santiagueño Panorama.

De acuerdo a Miguel Ángel Torres, abogado de Musa Azar, ex jefe de inteligencia de Carlos Juárez, el motivo de esta presunta trampa sería para matar a José Patricio Lludgar, Silvestre Silveiro, Héctor Albarracín y a Daniel Francisco Mattar, que están acusados de los crímenes de La Dársena que se juzgan en estos días.

La madre de un recluso, en cambio, habló de represalias a los reclamos contra las violentas requisas y las humillaciones sufridas a diario. La mamá de Sergio Adrián Herrera, uno de los muertos en el motín, denunció "maltratos" a los presos y que temían que "algo malo les pasara". La mujer afirmó estar segura que los muertos fueron emboscados.

Denuncian al Estado. En un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que las muertes ocurridas en el motín son "se explican por la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales".

El CELS subrayó "la responsabilidad directa del Estado por la vida de quienes se encuentran a su cuidado, y su obligación de garantizar condiciones de detención que respeten y garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad".

El informe reportó que esa Unidad Penal tiene una sobrepoblación de 122 por ciento y "de las 444 personas alojadas allí, 276 están detenidas sin sentencia firme".

Los poderes del estado provincial "deben modificar las condiciones de detención y de seguridad de las personas alojadas en unidades penitenciarias, revisar el uso abusivo de la prisión preventiva y modificar la legislación que avala esa práctica. Estos hechos repiten situaciones similares de extrema gravedad que tuvieron lugar en jurisdicciones provinciales sin que ello haya generado una política estatal a nivel federal".

Finalmente, informó que solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que "convoque en forma urgente al Consejo Penitenciario Federal a fin de analizar la situación y establecer estándares claros sobre las condiciones de seguridad en las que deben estar alojadas las personas privadas de su libertad en todo el territorio nacional, para impedir que estos hechos sigan ocurriendo".