Acorralado por las repercusiones políticas y judiciales de su crecimiento patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, optó por un estricto repliegue estratégico durante las últimas horas. Pese a contar con el respaldo explícito del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el funcionario enfrenta el escenario más complejo desde su desembarco en la gestión pública.
La investigación judicial por su crecimiento patrimonial avanza en los tribunales federales y la oposición insiste con impulsar una interpelación en el Congreso. En este contexto, Adorni decidió concentrarse en la preparación de su próximo informe de gestión ante el Senado, previsto para el 2 de julio, con la expectativa de retomar la agenda política y dejar atrás una polémica que lleva más de tres meses ocupando el centro de la escena.
En los pasillos de Balcarce 50, la preocupación es palpable y transversal. Fuentes de la Casa Rosada admitieron ante La Nación: “Cada vez que pensamos que la espuma bajaba, volvió a subir”. En este clima de marcada tensión interna, Adorni pasó el fin de semana refugiado junto a su familia, limitando sus interacciones políticas al mínimo y exhibiendo un nulo movimiento en sus plataformas digitales, uno de los principales canales de comunicación política del libertario.
La estrategia oficial apunta a que la presentación ante la Cámara alta funcione como un punto de inflexión para recuperar la iniciativa política. Sin embargo, incluso dentro de La Libertad Avanza reconocen que el escenario es complejo y que las derivaciones judiciales y mediáticas seguirán condicionando al jefe de Gabinete en las próximas semanas.
A diferencia de otras etapas de la crisis, en las que distintos ministros se mostraron cerca de Adorni, el respaldo público de las principales figuras del Gabinete se redujo notablemente después de la entrevista que el funcionario brindó a LN+, donde justificó parte de su patrimonio con ahorros mantenidos “en negro” durante años e inversiones en criptomonedas realizadas antes de ingresar a la función pública.
La única defensa pública relevante quedó en manos de referentes del universo libertario como la diputada Lilia Lemoine y el cineasta Santiago Oría. Javier Milei también intervino personalmente para respaldarlo.
El Presidente compartió en Instagram un mensaje que sostiene que “saldrá fortalecido” de la polémica de Adorni y, además, difundió en X una columna que justificó la evasión fiscal como una forma de protección frente a lo que definió como un Estado confiscatorio.
Mientras tanto, según reconstruyó La Nación, quienes frecuentan al funcionario aseguran que se lo nota agotado después de tres meses de exposición permanente. “Lo vieron cansado”, señalaron fuentes del oficialismo. Aunque desde su entorno intentaron instalar que se había desconectado del tema, cerca del funcionario reconocen que siguió de cerca cada repercusión de sus declaraciones. “En un cargo de esa naturaleza nunca se desconecta”, afirmaron.
La investigación judicial
La mirada de la Justicia federal se posa sobre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde marzo último, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Las primeras sospechas sobre el patrimonio de Adorni surgieron tras la difusión de imágenes de un viaje privado a Punta del Este junto a su familia. A partir de allí, comenzaron a conocerse distintos movimientos patrimoniales que derivaron en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas.
De acuerdo con documentación incorporada al expediente y citada por La Nación, la Justicia analiza gastos por unos US$408.662 y deudas por aproximadamente US$335.000, además de consumos con tarjetas de crédito que habrían alcanzado los $85 millones durante 2025.
Entre las operaciones bajo análisis figura la compra de un departamento en Caballito realizada en noviembre de 2025 por unos US$30.000 más una hipoteca de US$200.000.
También se investiga una deuda contraída con dos jubiladas que habrían financiado gran parte de la operación, un supuesto acuerdo paralelo por US$65.000 mencionado por familiares de una de las prestamistas y las reformas realizadas en una propiedad de Indio Cua que, según declaró el contratista Matías Tabar, habrían demandado alrededor de US$245.000.
La semana pasada, Adorni presentó una actualización de sus declaraciones juradas y buscó explicar las diferencias patrimoniales mediante ingresos obtenidos durante su actividad privada. Según afirmó, mantuvo durante años ahorros no declarados y realizó inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2018 que le reportaron ganancias significativas.
“Todo lo hice en la actividad privada”, sostuvo durante la entrevista televisiva. También aseguró que no cometió delitos de corrupción y atribuyó la situación a una práctica extendida entre quienes buscaban resguardar sus ingresos frente a la presión fiscal.
La explicación, sin embargo, abrió un nuevo frente de cuestionamientos.
Diversos sectores de la oposición señalaron que el propio funcionario reconoció haber mantenido fondos fuera del sistema formal durante años, mientras especialistas tributarios debatieron sobre el alcance de la reciente adhesión de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al denominado Régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno.
Pese al desgaste político y a los cuestionamientos internos que comenzaron a aflorar, particularmente desde sectores cercanos a Patricia Bullrich, Javier y Karina Milei mantienen una decisión inalterable: sostener a Adorni en el cargo.
GD
