La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre con el objetivo de exigir la derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23. En la Ciudad de Buenos Aires, el gremio se movilizará al congreso a partir de las 13:30, mientras que habrá protestas en las principales ciudades de todas las provincias.
La convocatoria se formalizó mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano. El documento, fechado el 9 de octubre y dirigido al secretario Julio Cordero, lleva las firmas del secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y de la secretaria general adjunta, Mercedes Cabezas.
La medida, presentada como una “Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones”, abarca toda la Administración Pública Nacional: organismos centralizados, desconcentrados y descentralizados, entes, empresas y sociedades del Estado, además de administraciones provinciales y municipales. Cada conducción provincial definirá el alcance y la modalidad de la protesta.
Qué servicios se verán afectados
Durante la jornada sólo habrá guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias, y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) solo garantizará vuelos sanitarios y de Estado.
También se verán afectados la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, Migraciones, los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas, los radiooperadores de medios públicos, el personal de manejo del fuego, los agentes de tránsito, los controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares, además de distintos servicios públicos provinciales y municipales.
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“Motosierra contra nosotros”
“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, afirmó Aguiar. Y agregó: “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”.
El dirigente calificó al DNU como “un delivery para las grandes corporaciones”. Y añadió: “incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No sólo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”.
“Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción”, concluyó.
La movilización coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.
Qué es el DNU 70/23 y en qué estado está
El decreto, titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, fue firmado por Milei en diciembre de 2023, a pocos días de asumir. El texto, de 366 artículos organizados en 16 títulos, rige desde el 30 de diciembre de 2023. Modificó o derogó decenas de leyes en áreas como el trabajo, los alquileres, la salud prepaga, las tierras rurales y las empresas públicas.
Para que un DNU pierda vigencia, deben rechazarlo ambas cámaras del Congreso. En marzo de 2024, el senado votó en su contra con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Fue un hecho sin precedentes: hasta entonces, el Senado nunca había votado en contra de un DNU. Desde entonces, el decreto sigue vigente porque diputados nunca completaron su tratamiento.
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En la justicia, el recorrido fue dispar. En abril de 2024, la Corte Suprema desestimó los dos primeros planteos que llegaron a su despacho, uno del abogado Jorge Rizzo y otro del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por considerar que no había un “caso concreto” que resolver. En tribunales inferiores, en cambio, se discutieron distintos capítulos, entre ellos el laboral, que fue suspendido, y los referidos a las prepagas, la Ley de Tierras, las Sociedades Anónimas Deportivas y los alquileres.
El paro del jueves coincide con un nuevo intento opositor en el Congreso: distintos bloques solicitaron una sesión especial en Diputados para ese mismo día a las 14. Además del megadecreto, la oposición quiere debatir iniciativas sobre las deudas de los hogares y extender la Emergencia Nacional en Discapacidad. Para abrir la sesión necesita reunir 129 diputados.
Si diputados finalmente lo rechaza, el decreto quedará derogado, aunque, según la ley 26.122 que regula los DNU, se mantendrán los derechos adquiridos durante su vigencia.
