En el marco de la causa conocida como “Vialidad”, que se acusa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real, el fiscal de la causa Diego Luciani solicitó que la actual vicepresidenta de la Nación en ejercicio, sea condenada a 12 años de prisión, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y el decomiso de 5321 millones de pesos.
Ahora el proceso judicial continuará con los alegatos de todos los acusados a partir del próximo 5 de septiembre, desde las 8:30 hs.
Finalizada esta etapa, los jueces integrantes del Tribunal Oral Federa Nº2 Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorin, deberán dictar un fallo condenatorio o absolutorio. Difícilmente esto ocurra este año, lo que podría ser recién a partir de febrero de 2023, luego de la feria judicial de verano. Es decir que, la resolución se conocerá recién el año que viene.
Luego de conocida la sentencia, todo dependerá de los recursos de apelación y de queja (el recurso de queja es una impugnación extraordinaria frente a resoluciones que no admiten un recurso en un proceso judicial), que deberán ser analizados por la Cámara de Casación Penal.
Este proceso se podría extender durante todo el año (2023), según los tiempos “habituales” de la Justicia. Todo esto dependerá también de lo que se pueda llegar a plantear durante el mismo. Por ejemplo, la defensa de CFK podría llegar a plantear la recusación del juez Giménez Uriburu, por haber compartido una foto luego de un partido de fútbol en la quinta “Los Abrojos”, con el fiscal Luciani. Así las cosas, los tiempos podrían llegar a extenderse hacia el 2024.
Conocido el fallo de la Cámara de Casación, todavía queda la última instancia judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si esto sucede, la sentencia definitiva podría llegar recién en 2025.
Este breve análisis de los tiempos procesales estimados, está hecho en función de que se entienda el estado de la causa y sus consecuencias. De mínima faltaría más de tres años para una eventual condena firme para Cristina Fernández de Kirchner, si es que es condenada.
Entonces, lo que no se entiende es cómo inmediatamente después de conocerse la acusación del fiscal interviniente en la causa, comenzó (más bien, se profundizó) una feroz campaña de desprestigio contra la justicia argentina. Ese mismo día, el canciller Santiago Cafiero cerca de la medianoche, dijo que la extrema derecha en América Latina es antidemocrática, citando casos (como si fueran análogos) los de Evo Morales o Lula Da Silva, a través de la red social Twitter.
Al día siguiente, al haber sido denegada la ampliación de su declaración indagatoria, Cristina fue al Congreso y se defendió en una especie de cadena nacional, pero por redes sociales. Luego salió al balcón de su despacho y saludó a sus militantes.
Por su parte, el Presidente de la Nación Alberto Fernández, compartió un comunicado de Presidencia en sus redes sociales condenando la "persecución judicial y mediática" contra la vicepresidenta.
Desde el Presidente de la Nación hacia abajo, todo el aparato estatal oficialista defendió a capa y espada a la vicepresidenta apuntando directamente contra la justicia.
Además, militantes kirchneristas manifestaron su apoyo frente al domicilio particular de Cristina en el barrio de Recoleta.
Cuando parecían apaciguarse las aguas, al día siguiente Alberto Fernández es invitado al programa “A dos voces” en Todo Noticias, y es ahí donde no sólo reafirma su postura de que la causa Vialidad forma parte de una persecución judicial y mediática, sino que además asegura que el fiscal Nisman se suicidó y que espera que Luciani no haga lo mismo.
Un episodio muy similar al de Aníbal Fernández con Nik, cuando el dibujante criticó al gobierno y el ministro le respondió diciendo que subsidiaban el colegio de sus hijas, en tono amenazante. La diferencia es que ahora los dichos fueron del Presidente de la Nación, y en el marco de una causa en la que la principal acusada es la vicepresidenta. No se entiende cómo puede hacer una declaración de ese estilo.
A raíz de ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional difundió un comunicado firmado por su secretario general, Marcelo Peluzzi, y el presidente, Marcelo Gallo Tagle, en el que repudió “las expresiones perjudiciales para el sistema republicano que realizaron altos funcionarios públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo y Legislativo”. Usar calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso no hace más que debilitar las instituciones democráticas. Esas expresiones tienden a descalificar la legitimidad de la tarea que lleva adelante el Poder Judicial y los Ministerios Públicos y generan desconfianza en la ciudadanía”.
Por su parte, desde la Federación Latinoamericana de Fiscales, cuestionaron también a Alberto Fernández por sus dichos: “La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder”, reza el comunicado.
También el procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, luego de reunirse con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, le envió una carta al Presidente diciendo que sus “expresiones no solo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar (art. 120 de la Constitución Nacional), y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”.
Lo llamativo de todo esto es que el supuesto “lawfare” que constantemente se repite dentro del relato del oficialismo nacional, se estaría produciendo durante su gobierno… ¿No resulta un tanto contradictorio? Por otro lado, tampoco se entiende cómo no denuncian “lawfare” cuando el imputado es alguien de otro tinte político, o bien cuando la misma Cristina fue sobreseída en tres de los tantos juicios que se tramitan en su contra. Parecería que la justicia es independiente cuando falla a su favor, y cuando falla en su contra forma parte de operaciones político-judiciales.
Pero lo que resulta principalmente llamativo es cómo sin siquiera haber fallo de primer instancia (ni absolutorio ni condenatorio), se haya armado toda esta movida de victimización y apoyo a la Vicepresidenta de la Nación.
Evidentemente hay algo que incomoda a Cristina, que hace que está agotando todos los recursos para intentar evitar una condena. En ese intento de desviar el foco de atención, no existe ningún tipo de límite. No importan las instituciones, las investiduras, la vida privada de la gente, la igualdad ante la ley, el debido proceso, y un sinfín de principios y derechos que sólo importan cuando les conviene.
Resulta por demás preocupante y triste, el brutal avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación, Canciller, o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en mantener los valores republicanos.
Estos casos de extrema gravedad institucional se deben manejar con particular prudencia, pero siempre respetando el rol de cada actor. No puede Alberto Fernández excusarse diciendo que sus declaraciones son como las de un ciudadano común. Parecería que, nunca se enteró de que es Presidente de todos los argentinos.
