Las denuncias de violentas agresiones a docentes del plan Fines –un programa para promover la finalización de los estudios secundarios en adultos– puso sobre el tapete la precarización laboral y las polémicas condiciones en que se desarrolla. Iniciado en 2010, a partir de otros planes sociales que exigen la cursada de estudios a los beneficiarios, el plan Fines se masificó.
“Yo daba clases en la cooperativa La Fábrica, del Movimiento Evita en Avellaneda –dice a PERFIL Andrés Trigo, de 36 años, profesor de historia–. Al finalizar el cuatrimestre les había tomado un examen escrito pero Cristina Tucci, referente del Evita, me dijo que no podía hacer eso. Pensaba que yo debía aprobar a todos directamente. Cuando entregué la planilla con desaprobaciones, Tucci dijo que no la aceptaba y no me dejaba ir. Se sumaron alumnos y miembros del Evita. Al subir a mi moto me empujaron y me empezaron a pegar. Era un tumulto de patadas y golpes. Como pude escapé. Mientras, unos alumnos me tiraban piedras”.
“Le dije a una alumna que había quedado libre y así comenzó la agresión –cuenta Néstor Campos, de 54 años, profesor en un local de La Cámpora de Quilmes–. Era octubre y ya había pasado el límite de faltas. La alumna se fue insultándome, pero a los diez minutos volvió con el marido y cuatro hombres más. El marido me pegó una cachetada, agarró una birome y me la clavó en el pecho. Le pegué un empujón y entraron los otros y me empezaron a dar una paliza. Me dejaron una vértebra rota y otra fisurada”.
Como la intención del plan Fines era facilitar los estudios a los adultos cerca de sus domicilios, en un principio se dictaba en bibliotecas y centros culturales. Ante la afluencia de alumnos se comenzó a dictar en lugares insólitos. “Se dicta en garajes o en cuartos separados de la familia que duerme en ellos por una tela”, dice un docente que concurrió el jueves 15 a una movilización a Educación. “Reclamamos estabilidad laboral y no contratos que duran un cuatrimestre, el reconocimiento del Estatuto Docente, más personal y concursos no arbitrarios”, señala Trigo.
La precariedad laboral es importante. Un mail de Cecilia Navarro, coordinadora del plan Fines de Avellaneda, indicaba a los maestros que no se admitían “adhesiones a las medidas de fuerza ni licencias por no encuadrarse en el marco normativo del Estatuto Docente”. Navarro no atendió los llamados de PERFIL y Luana Volnovich, responsable nacional del plan Fines, no respondió las preguntas.
