El Servicio Penitenciario bonaerense sigue dando sorpresas para los funcionarios de María Eugenia Vidal que desde el año pasado comandan su intervención.
Uno de los descubrimientos que despertó el asombro fue detectar que en los jardines de infantes que dependen del Servicio trabajaban 154 personas para cuidar a 346 niños. Es decir, casi un empleado cada dos chicos. Los primeros “ñoquis” para infantes de la provincia.
Se trata de tres jardines de La Plata y uno de Batán, que son utilizados por los hijos de los agentes penitenciarios. Uno de ellos, el jardín Palomitas, es compartido por los hijos de los funcionarios y de las internas de la cárcel.
La auditoría, a cargo del ministerio de Justicia bonaerense bajo el mando de Gustavo Ferrari, obligó a mover a 62 personas a otras unidades penitenciarias que necesitaban personal.
Así, el equipo de los jardines quedó conformado por 92 personas. “Pero ahora con tareas identificadas”, aclaran en la Gobernación. La cifra responde a que, mediante un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, se sumarán nuevos jardines para hijos de penitenciarios que trabajan en las cárceles de Olmos y Varela con la misma dotación de personal.
Auditoría. En este marco, el jefe de Asuntos Internos del SPB, el peronista Fernando Rozas, ya abrió sumarios para 64 jefes del servicio sumados a otros 847 agentes que también fueron desplazados por distintas irregularidades.
A ellos se añaden más de cinco mil sumariados que, en algunos casos, fueron cambiados de destino (muchos de ellos no cumplían las tareas o permanecían en unidades en las que su función no eran determinante). En otros casos se encontraron “ñoquis” de la política: hasta un decorador de interiores fue descubierto en la nómina de personal. “Intendentes, diputados y senadores habían colocado su gente en el Servicio Penitenciario como si fuera una dependencia municipal”, explican a PERFIL desde La Plata. Muchos de ellos, desde que comenzó la intervención el año pasado, llamaban con desesperación para que no fueran cesanteados los “empleados” de su confianza.
Ahora el equipo de Asuntos Internos comenzó a revisar el uso –o el mal uso– del combustible de los vehículos del SPB. Otra caja de Pandora.
Otro de los datos sobresalientes de los informes de auditoría tiene que ver con el entrecruzamiento de datos con el registro de reincidencia. Según fuentes oficiales, hasta mitad de abril se encontraron con 56 condenados, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 con probation.
A la vez, el ministro Ferrari trabaja en una serie de proyectos para la salud de las reclusas (había internas que no se realizaban controles hacía más de ocho años) y para crear siete talleres nuevos dentro de las cárceles de la Provincia.
En este sentido, el Ministerio de Justicia bonaerense trabaja sobre la construcción –o en otros casos refacción– de panaderías y talleres de costura para presos. Otro caso es el tambo de General Alvear, donde se producen quesos. También quieren acrecentar el trabajo de una fábrica de colchones, con la idea de, cuando aumente su producción a más de 120 diarios, poder venderle al Ministerio de Salud y otras áreas del Estado. Incluso, no se descarta que se pruebe con una “marca” de productos del servicio. Paralelamente, en la Cámara de Diputados de la Provincia ya se debate el cambio en el estatuto del SPB, que implica una nueva carrera en el escalafón del personal y una nueva estructura de funcionamiento.
