Gladys González fue designada en febrero como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), para investigar la presunta administración fraudulenta de Omar "Caballo" Suárez, quien lideró el gremio desde 1992. Ahora que "el sindicalista favorito" de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó detenido, la mujer, designada en ese cargo por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, contó a PERFIL las irregularidades que encontró al frente del sindicato.
"El magistrado autorizó la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) el 18 de febrero de este año y en estos siete meses hemos encontrado un sistema fraudulento creado por Suárez", precisó.
En diálogo telefónico con este portal, la interventora contó que "Suárez creó un holding de empresas y utilizó al SOMU para pagarle a esas empresas que le pertenecían a él". "Además extorsionó a empresarios que no podrían usar el puerto para transportar productos porque los marinos le respondían a él a cambio de dinero y hasta bienes. Los empleados del puerto le respondían a él por miedo a perder su trabajo, no son los culpables", sostuvo.
"Nuestro objetivo es sanear el sindicato y el año que viene entregárselo a los trabajadores en condiciones. Canicoba Corral aprobó un plazo hasta el 22 de febrero del próximo año, aunque si considera que se necesita más tiempo se puede modificar", afirmó.
Los funcionarios del Poder Judicial encontraron actividades en conjunto con el Estado Nacional durante la gestión kirchnerista: "Encontramos negocios con el Estado por la compra de gas licuado, donde está implicado en la causa el ministro Julio De Vido". "El Estado protegió a Suárez para hacer estos negociados, nosotros no estamos investigando a funcionarios del anterior gobierno, pero en todos los expedientes del Ministerio aparece Suárez pidiendo plata para cosas que no existen y nunca se hicieron", argumentó la interventora judicial.
"Suárez pedía plata para capacitar gente, plata para buques. Y después esos buques ni eran comprados. La plata iba para él. Usó SOMU para hacer negocios con empresas de él y sus parientes", explicó González a este portal.
Con respecto a la reacción de los trabajadores del SOMU, que se encuentran con su gremio intervenido, González aclaró que "en estos siete meses nadie del sindicato ni de la CGT salió a presionarnos con nada. Es lógico que ellos no quieran que se intervenga porque es su sindicato, pero nadie intentó interferir con nuestro trabajo. Sí hemos recibido constantes amenazas de gente de Suárez. Hay cinco seccionales donde todavía no pudimos intervenir".
Suarez está imputado por lavado de activos y procesado por administración fraudulenta. Ahora suma este nuevo procesamiento del magistrado por asociación ilícita.
Canicoba Corral dictó además otros diez procesamientos de integrantes de esa supuesta asociación ilícita, aunque sólo dispuso la detención de Suárez y un embargo sobre sus bienes por diez millones de pesos.
"Suárez ya está procesado por dos delitos bastante graves, que están al borde de ir a juicio oral. Y ahora hay una ampliación por delitos muy graves. A él se le imputa ser el jefe y organizador de una asociación ilícita, aunque al resto no les cayó la orden de detención. De alguna manera, por haber entorpecido la investigación se decidió ayer dictar la prisión preventiva", señaló esta mañana el magistrado.
En declaraciones a radio Splendid, Canicoba Corral aclaró que Suárez ya fue indagado hace diez días, que actualmente se encuentra "comunicado" y que tomó la decisión luego de evaluar "todos los elementos recabados" en la causa.
