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POLITICA / tribunales federales
domingo 5 mayo, 2019

Dilaciones y "buenas noticias" en las causas penales que tocan a Mauricio Macri

Qué hicieron jueces y fiscales en los expedientes por presunta corrupción contra el Presidente y su entorno más cercano. El estado de los casos.

por Emilia Delfino

Comodoro Py. Los casos contra el macrismo tienen ritmo propio. Foto: cedoc

El primer –y por ahora único– mandato del presidente Mauricio Macri fue blanco de decenas de denuncias en los tribunales federales de Retiro pero pocos casos sobreviven en los despachos de los jueces y fiscales que investigan las acusaciones de presunta corrupción en el Ejecutivo. Siete grandes casos tocan directamente al mandatario, sus principales aliados y su familia. La mayoría va a paso lento, otros se cerraron o cambiaron de fuero. Este es el estado de algunos de los casos judiciales más importantes para Macri.

  • Correo Argentino SA.

En junio de 2016, el Gobierno le perdonó el 98,87% de la deuda que la compañía de la familia Macri arrastraba desde hacía 17 años con el Estado. Por este hecho, se inició en febrero de 2017 una causa penal contra Macri; los funcionarios y los ejecutivos que aprobaron el acuerdo. Dos años después, el juez federal Ariel Lijo indagó al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, hoy titular de la cartera de Defensa; a su segundo, Juan Manuel Mocoroa; al director de Correo Argentino SA y al abogado de la empresa. Aguad se convirtió así en el primer ministro de Macri en ser indagado en ejercicio en una causa de presunta corrupción. Macri no fue citado aún, tampoco los más altos ejecutivos de las compañías de la familia, que manejaron Correo. Tanto los funcionarios como los ejecutivos sostienen que el acuerdo no fue “abusivo” para el Estado ni buscó beneficiar a la familia del Presidente. Aguad afirmó que era la única forma de recuperar parte de la deuda  y Sideco sostiene que el Estado también le debe millones. Correo sigue sin pagar su deuda.

 

Tanto los funcionarios como los ejecutivos sostienen que el acuerdo no fue “abusivo” para el Estado ni buscó beneficiar a la familia del Presidente.

  • Aportantes truchos

El caso salió a la luz a mediados de 2018. Cambiemos había utilizado a beneficiarios de planes sociales para blanquear aportes de la campaña para las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Más tarde se sumaron otras revelaciones: en las campañas presidencial de 2015 y legislativa de 2017 en la Capital Federal se repetía el patrón. Aparecieron empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires y candidatos que denunciaron que nunca habían aportado dinero y que figuraban en las listas de aportantes. También, trabajadores de empresas contratistas del Estado porteño utilizados para blanquear fondos. Se activaron causas penales pero el Gobierno encontró aliados para enviar el caso de la campaña bonaerense al fuero Electoral (una buena noticia para la gobernadora María Eugenia Vidal). Hay un abismo entre una acusación de lavado de dinero y una causa electoral, que tendría consecuencias menores. Finalmente, tras varias idas y vueltas, sobrevivió una única causa penal para las campañas 2015 y la porteña 2017, que quedó a cargo del juez Lijo. También se investigan gastos de campaña presuntamente irregulares. Hasta el momento, ningún responsable fue citado y la causa está en instrucción.

 

  • Parques Eólicos

 En enero de 2018, PERFIL reveló que Sideco, principal empresa del holding Macri, había adquirido seis contratos para explotar Parques Eólicos sin pasar por licitación pública. El caso exponía a los funcionarios del entonces Ministerio de Energía. Habían entregado parte de esos contratos a Isolux, una empresa aliada de la familia presidencial, que estaba denunciada, en quiebra y retirándose del país, y que terminó vendiéndolos a Sideco, empresa de los Macri. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el caso quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. Desde hace 16 meses, se encuentran analizando la documentación secuestrada en organismos públicos y aportada por las empresas.

 

El caso quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano. Desde hace 16 meses, se encuentran analizando la documentación secuestrada en organismos públicos y aportada por las empresas.

  • Paseo del Bajo

La causa sobre la licitación del Paseo del Bajo prometía ser una piedra en el zapato de Macri y de uno de sus principales socios: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre de 2018, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a ambos gobiernos por el supuesto direccionamiento de la licitación y la presunta adjudicación a un precio mayor al que hubiese correspondido. La empresa beneficiada para construir uno de los tramos del paseo fue Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo del Presidente, con un presupuesto de $ 4.480 millones. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien allanó solo uno de los organismos denunciados y secuestró más de 35 cajas de documentación sobre la licitación. Pero la fiscalía de Alejandra Mángano y la PIA aún no pudieron siquiera revisarla porque se demoró la digitalización de los documentos. No se efectuaron ninguna de las testimoniales pedidas y la investigación está en estado embrionario.

 

  • Soterramiento

Este expediente se inició hace cuatro años y se enmarca en las supuestas irregularidades y sobornos en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El caso toca tanto a ex funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner como al primo del Presidente, Calcaterra. También involucra a la brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado coimas de al menos US$ 35 millones en la Argentina entre 2008 y 2014, y fue socia de Calcaterra. El juez Martínez De Giorgi procesó en abril último a los ex funcionarios por las irregularidades en la licitación, pero dictó falta de mérito a los empresarios, ya que sostiene que aún no habría pruebas de sobornos. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión y la Cámara Federal debe decidir el destino de la causa.

 

El juez Martínez De Giorgi procesó a los ex funcionarios por las irregularidades en la licitación, pero dictó falta de mérito a los empresarios.

  • Gustavo Arribas-Odebrecht

 El jefe de los servicios de Inteligencia y uno de los hombres más cercanos a Macri había sido denunciado por su supuesta participación en el caso Odebrecht, debido a una serie de transferencias bancarias que recibió en su cuenta en Suiza de un brasileño dedicado a gestionar el pago de sobornos en Brasil. Sin embargo, Arribas fue sobreseído de manera exprés por el juez Rodolfo Canicoba Corral. El funcionario niega categóricamente las acusaciones. En febrero, la Corte Suprema rechazó reabrir la causa por considerar que la apelación de la PIA se presentó “fuera de tiempo”. Sí permanece abierto otro expediente iniciado por Arribas contra los dos fiscales que investigaron este caso.

 

La Corte Suprema rechazó reabrir la causa por considerar que la apelación de la PIA se presentó “fuera de tiempo”

 

  • Gianfranco Macri

Uno de los hermanos del Presidente y hombre central en la empresa Sideco fue indagado por el juez Bonadio en diciembre  por la concesión de Autopistas y el supuesto pago de sobornos a los Kirchner. Fue en el marco de los Cuadernos de la corrupción. Los investigadores y la defensa detectaron supuestos errores en los argumentos de Bonadio y creen que los elementos en el expediente apuntan a una falta de mérito. El juez tiene pendiente decidir si  lo procesa o no. Gianfranco también tiene una causa derivada del caso Panama Papers por una cuenta secreta en un banco alemán con US$ 4 millones. El expediente no tuvo movimientos, según fuentes del caso.

CP


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