La justicia de los Estados Unidos le otorgó a la Argentina una victoria judicial sin precedentes al anular el fallo de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la sentencia de primera instancia que obligaba al Estado a indemnizar a los fondos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012.
Esta resolución no solo representó un triunfo legal tras una década de litigio, sino que evitó una sangría de divisas que habría comprometido seriamente la estabilidad macroeconómica de la nación y el programa de estabilización del gobierno de Javier Milei.
A continuación, los cinco ejes fundamentales para comprender la dimensión de este suceso:
1. ¿Qué argumentos utilizó la Corte de Apelaciones para anular el fallo?
La decisión del tribunal de alzada se centró en una revisión técnica de la responsabilidad del Estado. Los jueces, en una votación de 2 a 1, determinaron que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, erró al aplicar las consecuencias de un incumplimiento contractual comercial a un acto de expropiación soberana.
El tribunal concluyó que las obligaciones contenidas en los estatutos de YPF no podían utilizarse para forzar una indemnización de tal magnitud bajo las leyes de Nueva York cuando el evento principal fue una ley de utilidad pública dictada por un Congreso nacional.
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Esta distinción técnica fue letal para la demanda original. Mientras la instancia anterior consideró que el Estado actuó como un actor comercial privado al no lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), la apelación favoreció la postura argentina.
De este modo, quedó sin efecto el pago de 16.100 millones de dólares, una cifra que con los intereses acumulados ya rozaba los 18.000 millones, lo que representaba una carga impagable para el Tesoro.
2. ¿Cómo se gestó la disputa legal tras la nacionalización de 2012?
El conflicto nació cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió intervenir el 51% de las acciones de YPF, en ese entonces en manos de la española Repsol, bajo el argumento de una supuesta falta de inversión para alcanzar el autoabastecimiento energético.
Si bien Repsol aceptó una indemnización de 5.000 millones de dólares en 2014, el procedimiento dejó fuera a los accionistas minoritarios, Petersen Energía y Eton Park Capital, quienes poseían el 25,4% de la compañía a través de diversas estructuras societarias.
Estos socios alegaron que la Argentina violó los estatutos de privatización de 1993, que obligaban a cualquier entidad que tomara el control mayoritario a ofrecer la compra de la totalidad de las acciones al resto de los socios.
Al ignorarse ese paso, los demandantes iniciaron el juicio en 2015, sosteniendo que el Estado se quedó con el control estratégico de la petrolera sin compensar a los inversores minoritarios bajo las reglas pactadas cuando la empresa salió a la bolsa de Nueva York.
3. ¿Quiénes son los actores financieros que estaban detrás de la demanda?
El gran protagonista del lado demandante fue Burford Capital, una firma británica que se especializa en financiar litigios ajenos a cambio de una porción de la sentencia final.
Burford no era accionista original de YPF; compró los derechos de litigio a la quiebra de las empresas Petersen en España por una fracción mínima de lo que pretendía cobrar. Este modelo de negocio convirtió al juicio en una apuesta financiera de alta complejidad que hoy sufrió un revés definitivo.
Eton Park, un fondo de cobertura que sí era socio de YPF al momento de la nacionalización, se sumó al reclamo. Si la sentencia original quedaba firme, Burford se habría llevado la mayor parte del botín, lo que alimentó la narrativa oficial de que se trataba de una embestida de "especuladores legales".
La anulación del fallo provocó una reacción inmediata en los mercados, donde la valoración de la firma británica se vio fuertemente afectada tras conocerse la pérdida del caso.
4. ¿Qué impacto real tiene esta noticia en la economía de Javier Milei?
Para la administración de Javier Milei, este resultado fue un tanque de oxígeno vital en un momento crítico de la gestión.
El monto de la sentencia equivalía a casi la mitad de las reservas brutas del Banco Central, por lo que haber tenido que pagar esa suma habría forzado al país a emitir más deuda o a enfrentar posibles embargos de activos soberanos en el exterior, destruyendo el plan de ajuste fiscal y monetario de l a gestión de LLA.
El presidente celebró la decisión de manera efusiva en redes sociales, consciente de que esto despeja una de las mayores incertidumbres financieras que pesaban sobre el país. Al eliminar este pasivo contingente, el riesgo país experimentó una baja y se facilitó el camino para que la Argentina recupere la confianza de los inversores internacionales.
La resolución judicial quitó de encima del Tesoro Nacional una presión que amenazaba con descarrilar el programa económico de largo plazo.
5. ¿Cuál es el valor estratégico de YPF para el futuro del país?
YPF es la pieza maestra en el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más grandes del planeta.
A partir de ahora, la petrolera ya no cargará con el estigma de ser una empresa con un litigio multimillonario pendiente en Estados Unidos, lo que facilitará la firma de contratos de inversión y la llegada de capitales para grandes proyectos de infraestructura.
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Con este fallo, la compañía queda liberada para liderar proyectos críticos, como la construcción de la planta de licuefacción para exportar gas natural licuado (GNL) y la expansión de oleoductos.
El fin del litigio permite que la gestión de la empresa se concentre en la productividad, consolidando su rol como el principal activo estratégico para que la Argentina alcance el superávit energético y se convierta en un actor relevante en el mercado global en la próxima década.
Cronología de un litigio de décadas: desde la privatización hasta el fallo final
La historia comenzó en 1993, cuando la Argentina privatizó su petrolera estatal bajo el gobierno de Carlos Menem para convertirla en una sociedad anónima controlada por Repsol.
Durante casi dos décadas, YPF operó bajo una lógica puramente comercial, pero el panorama cambió drásticamente en 2012. En ese año, el gobierno de Cristina Kirchner intervino la compañía para recuperar la soberanía energética, una medida que contó con un amplio respaldo legislativo pero que generó un conflicto inmediato con los inversores internacionales.
Tras la expropiación del 51%, el Estado compensó a Repsol con bonos en 2014, pero no realizó una oferta similar para los socios minoritarios. Las empresas Petersen y Eton Park se encontraron con que sus acciones perdieron su valor de mercado y que el país no cumplió con la cláusula de compra obligatoria establecida en los estatutos de la empresa.
Ante la falta de respuesta en Buenos Aires, radicaron la demanda en Nueva York en 2015, poco antes de que Burford Capital adquiriera los derechos legales del reclamo.
El proceso se prolongó durante casi diez años y atravesó tres administraciones nacionales de distinto signo político. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska emitió una sentencia que fijó la indemnización en 16.100 millones de dólares, al considerar que el país violó el contrato con los accionistas.
Argentina apeló de inmediato, sosteniendo que se trató de un acto soberano y que la justicia estadounidense no podía imponer sanciones comerciales a una decisión legislativa de un país extranjero.
Finalmente, este 27 de marzo de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito aceptó los argumentos argentinos y revirtió la condena por completo. El fallo reconoció que no se podía responsabilizar al Estado de la misma manera que a un socio privado bajo esas circunstancias específicas.
Con este cierre, la Argentina dio por finalizado uno de los capítulos judiciales más costosos y amenazantes de su historia moderna, liberando a YPF de una carga que condicionó su desarrollo por más de diez años.
