El nuevo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner bajo la lupa el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Aunque el organismo aprobó el desembolso de US$ 1.000 millones y destacó “avances notables” en materia macroeconómica, el documento dejó algo más que elogios técnicos: expuso una batería de advertencias políticas, sociales e institucionales que revelan las tensiones detrás del programa libertario.
El mensaje central es claro: para el FMI, el ajuste todavía no terminó. El organismo reclamó avanzar hacia una mayor liberalización cambiaria, profundizar la acumulación de reservas y acelerar reformas estructurales sensibles, entre ellas el régimen jubilatorio. También pidió actualizar la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al considerar que la canasta actual “está desactualizada” y ya no refleja de manera representativa el consumo real de los argentinos.
FMI, inflación y actividad económica: “Esto podría ser un punto de inflexión para la Argentina”
No se trata de una observación menor. El debate sobre el IPC había quedado congelado tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, luego de las tensiones internas por la posibilidad de modificar la medición inflacionaria. El Fondo ahora vuelve a poner el tema sobre la mesa y deja entrever una incomodidad técnica respecto de uno de los indicadores centrales del plan económico.
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción de retenciones para sectores estratégicos del agro, como el maíz, el sorgo y el girasol, y aseguró que esas bajas se mantendrán “con independencia de la recaudación”, el FMI dejó en claro que espera señales más profundas de liberalización económica y reformas estructurales de fondo.
Uno de los principales puntos señalados por el organismo es la necesidad de avanzar hacia una liberación más amplia del mercado cambiario. El FMI considera que la Argentina todavía mantiene demasiadas restricciones y reclama acelerar la transición hacia un régimen de flotación del peso con menos controles y menor intervención estatal.
Aunque el Gobierno flexibilizó parte del esquema cambiario y permitió cierto movimiento dentro de bandas, el cepo continúa vigente para empresas y operaciones financieras. En ese contexto, el Fondo plantea que la estabilización económica no estará consolidada mientras persistan restricciones que distorsionan el funcionamiento del mercado.
Otro de los reclamos centrales del informe apunta al sistema previsional. El organismo volvió a insistir con la necesidad de una reforma jubilatoria estructural. Una discusión especialmente delicada en un contexto de caída del poder adquisitivo y creciente malestar social.
El informe también introduce una observación relevante sobre la calidad del ajuste. Más allá del cumplimiento de las metas fiscales, el Fondo pidió “focalizar mejor el gasto” y revisar la forma en que se aplican los recortes.
El organismo reconoce que el peso del ajuste no puede recaer exclusivamente sobre los sectores más vulnerables. La referencia se vincula con la “fatiga social” mencionada en el propio documento, en un escenario donde la caída del consumo, el deterioro salarial y el aumento de la morosidad empiezan a reflejar el impacto concreto del programa económico sobre la vida cotidiana.
Pero acaso el dato más relevante del informe no pase por la economía sino por el clima político y social que el propio organismo percibe en la Argentina: el FMI habló explícitamente de “fatiga social” y de “percepción de corrupción”. Dos conceptos que, aunque formulados en lenguaje diplomático, funcionan como señales de alarma y advierte sobre el costo social del ajuste, y el deterioro de la confianza pública.
Mientras Milei insiste en que el sacrificio económico comienza a mostrar resultados, empiezan a acumularse señales de desgaste: aumento de la morosidad bancaria, caída de ventas en supermercados y shoppings, y un descenso sostenido en los índices de confianza en la gestión.
El problema para la Casa Rosada es que el Fondo no solo pide sostener el ajuste: exige profundizarlo. La lógica del organismo sigue siendo la misma que acompañó históricamente sus programas en América Latina.
El equilibrio fiscal aparece como prioridad absoluta incluso en contextos de deterioro social. El Fondo Monetario, que durante años fue acusado de ignorar las consecuencias sociales de sus recetas, ahora parece intentar cubrirse preventivamente. Si bien reconoce avances, también advierte sobre los riesgos políticos de sostener un ajuste permanente en una sociedad cansada.
La pregunta de fondo es: ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esa tensión?
Porque detrás de los tecnicismos sobre reservas, flotación cambiaria o actualización del IPC, el informe deja entrever algo más profundo: incluso para el FMI, el éxito del programa libertario ya no depende solamente de las planillas económicas, sino de la capacidad política y social de resistir otro tramo de sacrificio.
GD / EM
