El Gobierno le respondió mediante un escrito ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU (que habían solicitado la libertad de la dirigente) que liberar a Milagro Sala "implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación judicial" en la que se presume una malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tuvo a cargo durante el kirchnerismo.
"Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria", consideró el gobierno, y agregó que "la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación".
En el escrito que redactó la Cancillería junto con la Secretaría de Derechos Humanos, se respondió a las entidades internacionales de la OEA y ONU, que habían solicitado que liberen de inmediato a la líder de la Tupac Amaru al considerar su detención "arbitraria".
Según los escritos a los que accedió La Nación, el Gobierno envió tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo de la ONU un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.
Además, en dicho informe invitaron a los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy "a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada".
El informe que envió el Gobierno a Washington y a Ginebra advierte que Sala está "lejos sufrir una detención arbitraria como opina el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos".
Por otro lado, en los informes de anexo se explica detenidamente el expediente judicial que investiga todas las causas contra Milagro Sala, y se puso énfasis en que "se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas"
Por último, el informe advierte "la activa participación de Sala en un mecanismo por el cual la dirigente social, a través de pequeñas cooperativas, recibía recursos provenientes del Estado Nacional, y que por medio de mecanismos extorsivos conseguía que las mismas emitieran facturas por obras que jamás se hicieron".
