En una insólita presentación, el juez mendocino Otilio Romano, prófugo en Chile acusado por un centenar de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, se quejó porque dejó de percibir su sueldo mensual como juez y se dio por "despedido".
El magistrado está procesado por la Justicia argentina como "partícipe primario y necesario" en casos de secuestro, tortura, homicidio y desaparición forzada. El último 24 de agosto, antes de que el Consejo de la Magistratura definiera su situación, huyó a Chile. Antes de fin de año se espera que sea destituido habida cuenta que el juicio político continúa.
Cada vez que un juez es suspendido de su cargo, sigue cobrando su sueldo. En este caso, sin embargo, el órgano decidió quitarle ese beneficio.
A través de su abogado, Ricardo Mastronardi, el juez manifestó: "En razón de no haber percibido los últimos tres meses de sueldo sin razón alguna valedera jurídicamente para apartarse de la intangibilidad constitucional de los magistrados, siendo el único caso en el país que ha merecido dicho tratamiento, elevo mi firme voluntad conforme a las leyes laborales y administrativas, de darme por despedido y por ende, [considerar] disuelto el vínculo laboral".
En octubre pasado le había dicho al diario trasandino El Mercurio: “Soy un perseguido político en mi país y no sé de qué carajo se me acusa".