El Frente de Todos logró en la madrugada del viernes cerrar con holgura la primera batalla parlamentaria con la que obtuvo la sanción de la denominada reforma judicial pero ahora deberá transitar otro duro recorrido, tal vez más difícil que el que hizo hasta ahora, para conquistar su aprobación definitiva en Diputados.
Por 40 votos a favor contra 26 en contra, se aprobó en el Senado un texto que apunta a modificar al estructura de la justicia federal, pero que de acuerdo al criterio de Cristina Kirchner no puede ser llamada como una “reforma judicial” pues no contempla una visión global, que también debería incluir cambios en el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, pese a que ya están en marcha.
El cronograma del oficialismo se llevó a cabo casi a la perfección en el Senado donde pasaron unos 50 expositores en cinco jornadas y se apuró luego una sesión en la que sorprendió la enorme lista de cambios que se incorporaron a último momento al dictamen de mayoría que se había conocido la semana anterior. De la creación de 323 cargos que se habían anunciado en la versión original, sobre la medianoche del jueves esa cifra se triplicó, con lo que también se estima que se multiplicó el gasto.
Tras lo dicho por Cristina, buscan rebautizar la reforma judicial
Según el Ministerio de Justicia, el proyecto implicaba un gasto de $ 1.939 millones anuales para cubrir solo los sueldos, por lo que esa cifra estará cerca de los $ 6 mil millones, muy por encima incluso de la estimación que había hecho Juntos por el Cambio, que había hablado de unos $ 4 mil millones, incluyendo sueldos, infraestructura y tecnología.
Si bien la intención original del oficialismo era llevar el tema a Diputados a continuación, el Frente de Todos aún no tiene el número necesario para alcanzar los 129 votos y para complicar aún más la situación desde Juntos por el Cambio no están dispuestos a habilitar las sesiones virtuales para tratar un tema que, según su criterio, requiere de un debate presencial.
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Mientras tanto, el bloque que comanda Máximo Kirchner decidió que correrá su tratamiento para dentro de dos meses, con la expectativa de combinarlo con la discusión del Presupuesto y otros proyectos de índole económica con los que podría convencer a algunos diputados provinciales. Como primer paso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, logró ayer que la mayoría de los bloques se unieran en un pedido de sesión especial para tratar algunos temas de consenso y abrió la puerta a futuras negociaciones que podrían incorporar a la reforma judicial.
Entre ellos figura el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, quien comanda un espacio de ocho diputados y se mostró dispuesto a evaluar su postura en caso de que se incorporen cambios a la reforma judicial. También firmaron el pedido conjunto los lavagnistas de Consenso Federal, que se oponen a la modificación de la justicia y los integrantes de Córdoba Federal, referenciados en el gobernador Juan Schiaretti, que también habían planteado su rechazo. Los diputados de izquierda también manifestaron su postura en contra de la reforma pero se mostraron dispuestos a analizar su presencia para dar quórum, un primer paso que suma a la estrategia oficialista.
