Pese al fallo adverso de la Corte Suprema, Cristina Kirchner no tiene ningún interés en archivar la reforma judicial, al contrario, doblará la apuesta. La mantendrá viva en los discursos de campaña con críticas a la “corporación judicial” pero además abrirá la puerta para que un particular o una ONG recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que los jueces sumpremos violaron los derechos de los ciudadanos a elegir a sus representantes.
El martes, la Corte Suprema declaró inconstitucional la elección de consejeros de la magistratura mediante el voto popular. Se trata del organismo que nombra y destituye a los jueces, hoy integrado por legisladores, abogados, jueces, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.
La reforma judicial impulsada por el kirchnerismo incluía como punto neurálgico que los académicos, jueces y abogados fueran votados por popularmente. La oposición y la mayoría de los jueces entendían que era una forma de aumentar la dependencia de los magistrados con los partidos políticos. La Corte la declaró inconstitucional. Sin embargo, CFK no se quedará de brazos cruzados.
Para preparar el terreno, un miembro del Gobierno argumentó a PERFIL que lo que hizo la Corte Suprema fue “violar el artículo 25 del pacto de San José de Costa Rica”. El artículo puede dar lugar a múltiples interpretaciones: dice que todo ciudadano tiene derecho a un recurso de la CIDH siempre que se violen los derechos de la Constitución, la ley o la convención de los estados americanos. Para el Gobierno, lo que se fractura es la posibilidad de que la población elija a los funcionarios públicos, donde los K ubican a los consejeros de la magistratura -con excepción de los legisladores-.
El kirchnerismo dio varias señales de que no tiene ninguna intención de dejar archivada la reforma. A los discursos de la Presidenta atacando a la “corporación judicial”, se sumó la idea de la diputada nacional Diana Conti, quien propuso recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA). Otros, en voz baja, alimentaron la teoría del plebiscito, aunque sería un arma de doble filo para el Gobierno. La polémica por la reforma está lejos de las principales preocupaciones de los votantes. Nada garantiza una victoria de la postura kirchnerista.
En la Casa Rosada se entusiasman con las encuestas en su poder que dan cuenta del descontento de la ciudadanía con la Justicia. Pero de ahí a que la gente apoye una reforma del Poder Ejecutivo hay un largo trecho.
En el oficialismo reina la indignación contra la Corte. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo ayer que el fallo se “quedó en el pasado” y que pone a “las corporaciones por encima de la voluntad popular”. En síntesis, que el Poder Ejecutivo y Legislativo están por debajo de las sentencias del máximo tribunal. CFK se permitió, el jueves, ironizar sobre la sentencia: “En 2015 quiero ser jueza, para qué presidenta, si puedo firmar una cautelar y decir, qué me importa la gente”.
Por ahora, el enfrentamiento parece quedar reducido a las idas y vueltas discursivas
En la Rosada promueven la idea de recurrir a la Corte Interamericana
