La política salteña no da tregua. Tras los numerosos escándalos que tuvieron al gobernador peronista Gustavo Sáenz como protagonista en la malograda lucha contra el covid-19 y sus peleas con los municipios, ahora se suma otro bochorno más. Se trata del caso del intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, del Frente de Todos, quien pasa momentos de zozobra acusado de manejar planes sociales truchos y, a la vez, jaqueado por una auditoría que puso la lupa sobre las obras públicas.
La información a la que tuvo acceso PERFIL surgió en el portal Noticias en Red, que armó un detallado informe con testimonios que acusan a Solís. En el video, denominado “Rosario de la frontera, intendencia en llamas”, hablan los protagonistas de una historia, entre ellos el ex secretario privado del intendente, Matías Iturre, quien trabajó desde 2015 a 2018.
“En 2017 empecé a ver irregularidades: gente que figuraba con planes que no los cobraba”, denuncia en el video. El periodista Miguel Padilla consiguió, entre otros, el testimonio de Julieta Méndez, quien estaba anotada para cobrar un plan social pero jamás percibió un centavo.
El video
El propio Iturre, entrevistado por el sitio Salta4400, aseguró: “Vi muchas irregularidades como los planes truchos. Me pareció raro que el tesorero le deje al intendente una bolsa que después me di cuenta que era dinero”. Y ahondó: “Eran de estos cinco planes truchos que con ese dinero, en una discusión con el intendente me dijo que era para pagarle a un asesor de él. Me dijo nombre y todo”.
Y agregó: “A mí me tocó que me imputen por este tema. Porque me apuntó él en una auditoría que hizo, como que yo me hacía quedar los planes. Yo con toda la tranquilidad me presenté en la justicia con mi abogado”.
De hecho, Iturre fue efectivamente imputado el año pasado por el delito defraudación pero la causa no avanzó. “Fui el único imputado, o sea que fui intendente, secretario de hacienda, tesorero y de planes. Me tocó ser todo yo”, concluyó.
Auditoría e irregularidades
Paralelamente, el otro escándalo de magnitudes surgió tras una detallada auditoría provincial que reveló diversas irregularidades en el municipio. El auditor general local, Mariano San Millán, denunció ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal la gestión de 2017. El dato se conoció hace pocas semanas y, según reveló el auditor se “detectaron facturas duplicadas, contratación irregular de empresas e incumplimiento de normas por parte de la gestión de Gustavo Solís”, según recogen medios locales. Especificó que se encontraron “cuatro casos específicos”.
Según Salta 12, uno de ellos data del 28 de diciembre de 2016 con Mirta Verónica Corimayo, “por la provisión de hormigón H21 para realizar pavimento”, pero, según el auditor, esa empresa tenía un juicio ejecutivo por parte de la firma Hierronor, “algo que el municipio ya conocía a través de una notificación judicial del 6 de diciembre del mismo año”, por lo que no podrían haberle encargado esos trabajos “porque Corimayo ya tenía un embargo en su contra”.
El mismo medio publicó que al contrato que le otorgaron a esa empresa hormigonera fue sin llamado a licitación y que le pagaron $ 940.000 en concepto de adelanto por los trabajos, mientras que el mismo día le abonaron otros $ 201.000 “como primer certificado”.
Además, en el mismo estudio se encontró una factura por los $ 201.000 y otra de $ 171.900 con la misma numeración, lo cual supone que hubo recibos duplicados.
Ante esto, el intendente Solís tuiteó: “Tanto miedo le tienen a un @FrenteDeTodos unido en Salta? Tanto les molesta que nos reunamos en mi ciudad? Necesitamos un gobierno con actitud y responsabilidad democrática, que no pretenda una oposición obediente y sumisa”.
Tanto miedo le tienen a un @FrenteDeTodos unido en Salta? Tanto les molesta que nos reunamos en mi ciudad?Necesitamos un gobierno con actitud y responsabilidad democrática, que no pretenda una oposicion obediente y sumisa. pic.twitter.com/BJdWdKCvEO
— GUSTAVO SOLIS (@solisg79) November 25, 2020
Tras el informe, Solís fue citado para audiencia de imputación por parte de la unidad Fiscal. El tema recién comienza en Salta.
