El titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, sorprende en su mensaje a los jueces: No actúen en forma alocada o movidos por presiones contra la ex presidenta Cristina Kirchner. El ministro envió señales de prudencia y pidió no abusar de las detenciones; una voz contraria a las ansiedades que brotan desde otros sectores del poder político.
—¿El Gobierno está incentivando la aparición de arrepentidos?
—No. La Oficina Anticorrupción está trabajando en prevención de casos de corrupción y participando activamente en casos trascendentes. Pero son los fiscales y los jueces quienes pueden avanzar en acuerdos. El Gobierno no tiene ninguna participación formal.
—¿Le parece que van a aparecer más arrepentidos?
—Creo que sí, porque hay una fuerte demanda social. Y además porque la figura del arrepentido se hizo más conocida. El sistema tenía herramientas, pero no eran utilizadas, como la figura del arrepentido para lavado de dinero o narcotráfico.
—En un país como la Argentina, ¿no se abre una puerta para que florezcan falsos arrepentidos que acusen para generar daño político?
—Lo que aportan es información. Pero la información tiene que ser verificada por otros medios. Así funciona el sistema de justicia en gran parte de los países del mundo. De hecho, uno de los grandes problemas que teníamos es que había información pero faltaban mecanismos para volcarla en los expedientes y terminaba por aparecer como informantes de la policía y se generaban nulidades. Hace falta transparentarlo.
—¿En la investigación en torno a Lázaro Báez se llegó a un techo?
—No. Creo que todavía hay tela para cortar. Nosotros no opinamos sobre procesos judiciales. Pero en este caso fue muy llamativo, está en boca de toda la población. Incluso los mismos actores del proceso estaban sorprendidos por lo que se encontró.
—¿Cómo evalúa el Gobierno si los problemas judiciales de la ex presidenta puedan eventualmente llevarla a quedar detenida? ¿Es bueno o malo para la Argentina?
—Yo creo que eso nunca es bueno. Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan; sobre todo en estos momentos tan duros para el país cuando se están pagando los costos de la fiesta. Pero eso no justifica avanzar de modos alocados o políticos ni sobre la ex presidenta ni sobre ninguna persona. En esto es muy importante ser solventes con las pruebas y con los procesos, y rápidamente elevarlos a juicio oral. Las detenciones en nuestro sistema son subutilizadas, lamentablemente para las víctimas de los delitos. Pero tampoco las sobreutilicemos porque lo pide una mayoría circunstancial. El buen juez es aquel que tiene equilibrio para resolver sin presiones, ni de la opinión pública, ni del gobierno de turno, ni de una empresa. Si la ex presidenta cometió delitos, tendrá que ser juzgada y condenada, y eventualmente en ese momento tendrá que cumplir la pena que le impongan. Pero no hay que apresurar reacciones.
—¿No hay oportunismo político en los jueces que antes dormían causas y ahora las aceleran?
—El desafío es ver si estamos frente a una reacción o un cambio. Son dos cosas distintas. Toda la Justicia necesita hacer un cambio profundo. En el caso del fuero federal y de los casos de corrupción, la sociedad necesita que sean elevados a juicio. En un juicio oral y público, es donde se determina si una persona es culpable o inocente. Ahí se incautan todos los bienes. Eso es lo que reclama la sociedad más allá de indagatorias y allanamientos.
—El Gobierno anunció una reforma judicial y, de entrada, un grupo de jueces federales anticipó su rechazo.
—Por un lado, hubo desconocimiento. Tal vez por la forma como se transmitió la información, ellos consideraron que los podía afectar. La reforma Justicia 2020 tiene 103 iniciativas. Apoyamos por ejemplo la iniciativa de la Corte y del Consejo de la Magistratura de avanzar con el expediente electrónico. Y también queremos avanzar hacia procesos orales en las primeras audiencias.
—¿Otros jueces deben dar un paso al costado como Norberto Oyarbide?
—Sí. Pero en general. Se piensa que uno solo habla de los 12 jueces de Comodoro Py. Pero eso es sólo una parte del problema.
—La difusión de los Panamá Papers generó denuncias contra funcionarios que aparecieron vinculados a firmas offshore. ¿El Gobierno va a sostenerlos?
—Venimos de un momento en que se denuncia todo. Tenemos que ser más razonables. No se van a tolerar hechos de corrupción dentro del Gobierno. Hay mucha hipocresía y los Panamá Paper le vineron bien a un sector de la oposición. Se ve que era un mecanismo muy utilizado por empresas y personas para hacer un montón de actividades. Si hubo actividades ilícitas, el responsable deberá rendir cuentas. Dentro de las lícitas, algunas serán éticamente aceptables y otras no. Pero hasta ahora hubo mucha sobreactuación.
Cambios en la Corte
—El peronismo congeló en el Senado la designación de los jueces para la Corte que propuso el Gobierno porque quiere negociar sus propios lugares.
—No tenemos esa información. Nosotros sabemos que los pliegos están en el Senado y estamos próximos a que los senadores les den acuerdo en los próximos treinta días. El Senado tiene su lógica, es responsabilidad de Federico Pinedo, de Gabriela Michetti y del resto de los jefes de bloque ponerse de acuerdo. Pero el Gobierno con la Corte no negocia procesos de ampliación o cambio de nombres.
—Es decir que el Gobierno no va a proponer otros candidatos.
—Son esos.
—Y no hay negociación posible.
—No hay negociación de nombre a cambio de nombre, o de ampliación de la Corte Suprema. Esas dos negociaciones de toma y daca están descartadas.
—¿Y si pasa el tiempo y no avanzan?
—El Gobierno lo exhibirá ante la opinión pública. Hoy tenemos una Corte Suprema de tres miembros que está obligada a tener unanimidad para resolver cualquier cuestión. Es más irregular que se siga como hasta ahora, convocando a conjueces, que Rosatti y Rosenkrantz asuman nombrados en comisión.
