Este miércoles, el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada obtuvo dictamen favorable durante un plenario de comisiones del Senado y quedó más cerca de llegar al recinto de la Cámara alta, una instancia que el oficialismo aspira a convocar dentro de aproximadamente dos semanas.
De todos modos, la iniciativa atravesó modificaciones sustanciales respecto de la versión original impulsada y defendida en el Senado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esos cambios fueron el precio político que La Libertad Avanza debió asumir para asegurar el acompañamiento de los sectores dialoguistas de la oposición.
Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: los cambios del Senado al proyecto de Federico Sturzenegger
Entre las alteraciones de mayor peso sobresale la eliminación total del apartado que pretendía dar de baja el programa nacional de regularización de tierras en villas y barrios populares administrado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). El planteo había sido impulsado por la Iglesia Católica y recibió coincidencias entre distintos espacios opositores.
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El bloque libertario encabezado por Patricia Bullrich por la Ciudad de Buenos Aires también resignó uno de los puntos que buscaba impulsar la administración de Javier Milei: la implementación de un procedimiento sumarísimo para ejecutar desalojos de viviendas y terrenos en un plazo de tres días, tal como lo había diseñado Sturzenegger en el proyecto inicial.
El despacho firmado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General estableció una diferenciación entre intrusos y usurpadores, por un lado, y locatarios, tenedores u ocupantes precarios por otro.
En principio, los tiempos de intimación fueron extendidos a diez días corridos en aquellas situaciones en las que un inquilino hubiera ingresado en mora respecto de las condiciones fijadas en el contrato de alquiler. El mecanismo de restitución inmediata del inmueble permanecerá únicamente para los casos considerados de “usurpación”.
Otro de los cambios relevantes quedó vinculado con el esquema regulatorio sobre tierras rurales. El texto aprobado en comisión transfiere a las provincias la atribución de habilitar operaciones de venta a capitales extranjeros.
La iniciativa conserva la prohibición total para la compra de tierras ubicadas en áreas fronterizas y también para adquisiciones realizadas por otros Estados o por personas físicas o jurídicas con participación extranjera. En esas situaciones, la autorización continuará bajo jurisdicción nacional.
“Hemos receptado una cantidad de modificaciones, tanto propuestas por expositores como por los senadores de todos los bloques”, señaló Bullrich al comienzo del debate, antes de detallar los cambios incorporados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el pasado 27 de marzo.
Inviolabilidad de la propiedad privada: cuestionamientos del kirchnerismo y pedidos de cambios
Los sectores más duros del kirchnerismo rechazaron el planteo impulsado por el oficialismo argumentando falta de tiempo para analizar el nuevo contenido. “Están dejando en indefensión a los senadores, están haciendo circular un dictamen con un montón de modificaciones que no hemos tenido la mínima posibilidad de consultarlo y venir con una posición formada”, cuestionó Florencia López, senadora del peronismo riojano, quien además solicitó interrumpir la reunión.
La propuesta no prosperó. El debate continuó y, cuando el encuentro ingresaba en su tramo final, la senadora oficialista Nadia Márquez, representante de Neuquén y titular de la Comisión de Legislación General, informó que el dictamen quedaba habilitado para su firma según la versión leída por Bullrich. Aun así, la presidenta del bloque libertario dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas modificaciones antes del tratamiento en el recinto.
Desde el peronismo disidente también reclamaron más tiempo para el análisis. Sin embargo, la senadora jujeña Carolina Moisés, senadora de Convicción Federal por la provincia de Jujuy, sostuvo que su espacio “hizo los deberes” y presentó una serie de modificaciones que, anticipó, derivarían en un dictamen alternativo si el oficialismo decidía no incorporarlas.
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Entre las propuestas impulsadas por Moisés apareció la fijación de un plazo de 180 días para los desalojos y la incorporación de una autorización mediante ley provincial para habilitar operaciones de venta de tierras a compradores extranjeros o asociados con otros países.
Tal como había ocurrido durante el tratamiento de la ley de Glaciares, el kirchnerismo también insistió con la convocatoria a una audiencia pública al sostener que la iniciativa aborda aspectos vinculados con cuestiones ambientales.
“Estamos hablando de la posibilidad de extranjerizar territorios que tienen recursos naturales y ahora lo dejan en manos de las provincias. Lejos está esto de ser federal, esto es un federalismo de fragmentación, antisoberano, eliminan restricciones para vender tierras en zonas de fronteras”, expresó Ana Marks, senadora justicialista por Río Negro.
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Expropiaciones y tierras rurales: los cambios finales del proyecto
De acuerdo con lo explicado por Bullrich, también fueron incorporadas modificaciones en el apartado que regula el régimen de expropiaciones, con un endureciminto de los requisitos para que el Estado pueda avanzar, mediante una ley del Congreso, sobre un bien de carácter privado. Sin embargo, se agregó un límite equivalente al 30% del valor del daño emergente en concepto de lucro cesante.
Asimismo, el texto determina de manera expresa que la tasa de interés que regirá para los procesos de expropiación será calculada mediante una combinación entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento a 30 días.
NG
