El proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal y desplazar de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, permitiría que Cambiemos y el Frente Renovador tengan incidencia directa para decidir a qué fiscales quieren en 12 fiscalías. Eso incluye dos fiscalías federales encargadas de investigar causas de corrupción contra el Gobierno y el poder político, y fiscales que llevan adelante juicios orales sobre corrupción, lesa humanidad y otros delitos federales.
Se trata de 12 cargos clave: los fiscales son los encargados de acusar, e inmediatamente después de la sanción de ley podrían quedar presos de las negociaciones políticas entre el Ejecutivo, el massismo y el Partido Justicialista (PJ).
La decisión afectaría el funcionamiento de la Justicia en distritos clave: Capital Federal, Rosario, Salta y Córdoba. Además de Neuquén, Entre Ríos, Mendoza y Posadas.
Esta modificación quedó plasmada esta semana en el dictamen de Diputados que dio luz verde al proyecto de ley del Ejecutivo, tras varias modificaciones acordadas con el Frente Renovador, el PJ disidente y Margarita Stolbizer. Hay cuestiones sensibles que el dictamen no explica. Muchos de los fiscales trasladados en los últimos cinco años se encuentran llevando adelante juicios orales y, según el dictamen, en pleno juicio deberían abandonar sus funciones.
Tienen 48 horas para ocupar su puesto original. Los lugares que dejan vacantes serían ocupados por otros fiscales que elegirán entre el procurador de turno y una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, presidida por la diputada Graciela Caamaño (Frente Renovador) e integrada por otros 15 legisladores que junto a ella tendrán la última palabra.
El rol de la Bicameral es uno de los ejes de la polémica. El oficialismo busca recortar el poder de Gils Carbó y de sus sucesores pero termina empoderando a un grupo de 16 diputados y senadores, que responden a los intereses de sus partidos y de los gobernadores de sus provincias en constante toma y daca con el Gobierno.
Los opositores al proyecto dicen que podría afectar a treinta fiscalías, si se tienen en cuenta a todos los fiscales trasladados, no sólo por Gils Carbó, sino por los procuradores que la precedieron, Esteban Righi y Luis Santiago González Warcalde. Entre los tres procuradores trasladaron unos treinta fiscales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron ayer a PERFIL que de ser aprobada, la ley sólo afectará a los fiscales trasladados en los últimos cinco años, es decir, a traslados decididos por Gils Carbó.
La distinción, igualmente, podrá ser utilizada por los fiscales afectados, quienes podrán pedir igualdad ante la Ley. Por ejemplo, en los tribunales federales de Retiro cuatro fiscales fueron trasladados por Righi luego de un concurso de antecedentes dentro del ámbito de Capital Federal. Otros dos fueron elegidos por concurso público y trasladados por Gils Carbó entre distintas jurisdicciones. El proyecto sólo afectará a los dos últimos.
