martes 11 de mayo de 2021
POLITICA Derechos humanos en Formosa
27-01-2021 00:05

Pietragalla viaja a Formosa a analizar la situación de los DDHH: qué encontrará

En medio de las fuertes denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán, el secretario de Derechos Humanos viaja a la provincia del norte.

27-01-2021 00:05

En medio de las fuertes denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, viajará este miércoles 27 de enero a Formosa para constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos luego de las acusaciones de que en los centros de aislamiento se vive en condiciones "inhumanas".

Tras la invitación de Insfrán, la cartera de Derechos Humanos envía una delegación que tiene como finalidad "recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas", indicó un comunicado del organismo nacional.

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La Corte Suprema ya falló contra Insfrán

Los cuestionamientos a Formosa por las fuertes restricciones vienen desde hace varios meses. Primero con los varados fuera de la provincia que el Gobierno no dejaba entrar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de Insfrán y tuvieron que permitir el ingreso a la provincia a todos los que quería volver a Formosa.

Pero en los últimos meses las denuncias apuntaron a las "condiciones inhumanas" en las que se vivía en los centros de aislamiento a los que el Gobierno provincial obligaba a ir a los casos positivos y a los contactos estrechos.

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La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue una de las primeras políticas nacionales en apuntar a la provincia y denunció una "gravísima violación de derechos humanos en Formosa" por el "hacinamiento" en los centros de atención de pacientes con Covid-19.

Crítica denuncia de Amnistía Internacional

La organización Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Insfrán obliga "a permanecer en los centros de aislamiento a personas con Covid-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen COVID-19 , exponiéndolas al contagio". Además, a muchas personas "no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test Covid-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros".

Según Amnistía, los aislados son sometidos a encierros mayores a los 14 días prescriptos por los médicos, "llegando incluso a los 30 días". "Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento", agregó la organización.

Menores de edad detenidos sin sus padres

Amnistía dice que el gobierno obliga a permanecer en centros de atención de salud "a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares". Además, la organización afirma que las fuerzas de seguridad "trasladarían compulsivamente a las personas" a dichos centros, que están custodiados las 24 horas por personal policial "mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día".

La organización afirma que los centros de aislamientos, localizados en escuelas o estadios, "no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios".

En muchos casos, esos espacios resultan contraproducentes para evitar la generación del virus y exponen a las personas al contagio", afirma la organización. "Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente".

Dos concejales fueron detenidas

Dentro de la provincia, la concejal opositora Gabriela Neme fue la que encabezó los reclamos y acusó a Insfrán de cometer delitos de lesa humanidad y afirmó que en la provincia del norte no existe el Estado de Derecho. Días más tarde, fue detenida en una protesta y generó el rechazo de todo Juntos por el Cambio.

A las denuncias se sumaron casos que se fueron conociendo y viralizando con el correr de los meses. Los más emblemáticos fueron la muerte de un joven que se ahogó al intentar cruzar un río porque no lo dejaban entrar a la provincia para ver a su hijo. Y en las últimas horas, el caso de una mujer que perdió su embarazo en un centro de aislamiento por estrés, pese a que no tenía Covid-19.

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La oposición pide intervenir el Poder Judicial

Este 26 de enero se sumó una nueva polémica, luego de la invitación de Insfrán a Pietragalla, circularon videos de que estaban vaciando el principal centro de aislamiento, justamente en uno de los que denuncian que se vive en condiciones "inhumanas".

Desde la oposición pidieron desde la intervención del Poder Judicial formoseño hasta la caducidad del mandato, de Insfrán. Incluso también recurrieron a pedir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

Desde el Gobierno de Formosa reiteraran que son la provincia menos afectada por el coronavirus. Y tienen razón. Con apenas 814 casos y 10 muertos, están lejos de cualquier otra jurisdicción.

Por último, en apoyo a Insfrán de cara a la visita de Pietragalla, 37 intendentes de Formosa firmaron una solicitada en respaldo a la estrategia sanitaria llevada adelante por el gobierno provincial en relación a la pandemia de coronavirus, al destacar "sus resultados exitosos" y el "carácter humanista de dicha política".

EuDr

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