Un Estado que no sabe —o no quiere— controlar a los privados. Intermediarios que aparecen en cada compra pública. Empresarios con negocios con todos los sectores políticos. Bancos que no avanzan con las decisiones que toma el Poder Ejecutivo y aprovechan la emergencia para aumentar ganancias. El Congreso paralizado y la Corte Suprema que no ayuda a agilizar la cuestión.
El coronavirus provocó que salga a la superficie la peor Argentina. La de todos los días. Esa que no está en un discurso oficial, en un acto de campaña o en una gacetilla de prensa. Es la Argentina real, que nunca vemos pero que ahora irrumpió y dejó al sistema desnudo.
Ni bien comenzó la cuarentena, el titular de ANSES, Alejandro Vanoli, se enteró que el 50 por ciento de los jubilados no estaban bancarizados. Cuando se habilitaron los bancos para ir a cobrar, el sistema colapsó. La imagen recorrió el mundo y el presidente Alberto Fernández debió interceder. Mientras tanto, ANSES, bancos y el sindicato que lidera Sergio Palazzo se tiraron con de todo para evitar quedar como responsable.
Por esos días también se lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La crisis social y la falta de ingresos en la población hizo que, al igual que con los jubilados, la página colapsara. El Gobierno estimaba tres millones de peticiones: en las primeras cinco horas se anotaron casi un millón de personas, y el total terminó siendo de casi ocho millones. Fueron tantos los rechazados que debieron abrir una instancia de reclamos.
Apuntan a Desarrollo Social por una compra de alimentos con supuestos sobreprecios
Mientras tanto los bancos ofrecieron tasas de interés por las nubes para prestarle a PYMES y pusieron cientos de trabas para que desesperados emprendedores puedan acceder a dinero y así pagarle a sus empleados. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo con tranquilidad: "Los bancos no actuaron a la velocidad que esperábamos". Quizás tampoco los instaron a actuar. Por eso el enojo que el kirchnerismo dejó correr contra un funcionario central por estas horas.
Como demostró hace casi 150 años José Hernández en el Martín Fierro, "la ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos". Por eso a nadie sorprendió que Techint, una de las mayores empresas del país, decidiera avanzar con despidos de casi 1500 operarios aunque la emergencia lo prohibiera.
Intermediarios. Aplausos para los médicos, énfasis en #quedateencasa y pedidos de solidaridad por doquier. Pero dentro del ministerio de Desarrollo Social brotaron los intermediarios que le vendieron al Estado con evidentes sobreprecios. Un sistema aceitado que funciona hace décadas pero que nadie modificó. ¿Y ahora? El ministro Daniel Arroyo desplazó a 15 funcionarios y busca mostrar transparencia. "Contratos así debe haber miles. Van a seguir apareciendo", se sinceró ante PERFIL un funcionario político que desembarcó el 10 de diciembre. En el eje de la polémica, un grupo empresario de la familia Lusardi, el "Grupo L". ¿Solo proveedor de esa área? De ninguna manera: salieron a la luz los negocios con diversas provincias, el sistema carcelario en Buenos Aires y comedores sociales. Todo como intermediario entre productores y el Estado.
Amigos. Cuando el escándalo nacional comenzaba a apagarse mientras la pandemia seguía avanzando, explotó un caso similar pero ahora en la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO hace 13 años. El ministerio de Salud porteño había comprado barbijos a 3 mil pesos cada uno a una empresa creada en octubre del 2019 por un abogado que conoce todo el círculo rojo: Ignacio Sáenz Valiente. Este letrado tiene, entre otros negocios, una sociedad en la que participa Rodrigo Miguel, hermano del jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel”
Debajo de la noticia emergió un iceberg de contactos que incluyó a todo el poder porteño. Puntos en común con el hijo de Silvia Majdalani, histórica funcionaria de los servicios de inteligencia; sociedades con el Grupo Clarín y negocios junto a Víctor Santa María, sindicalista y empresario del PJ porteño, entre otras cuestiones.
48 horas más tarde, a través del Boletín Oficial, el gobierno porteño contrató a una empresa que administra hoteles para alojar turistas que hayan regresado a CABA. En el directorio de la beneficiaria apareció nada menos que la hermana de Horacio Rodríguez Larreta, Ximena Vallarino Alfaro Diaz Alberdi. El cimbronazo fue tal que el gobierno porteño buscó por todos los medios recuperar la iniciativa. Lanzaron un nuevo plan de emergencia y obligaron, a partir de ahora, a que los proveedores del Estado afirmen bajo Declaración Jurada que no hay vínculos con funcionarios y presenten listado de accionistas que tampoco los tenga. El llamado "efecto barbijo".
En paralelo a esa presentación, a la misma hora del miércoles, los móviles televisivos se amontonaron en la puerta de un geriátrico porteño que terminó clausurado por presentar 19 casos positivos de adultos mayores. Y la falta de control (o complicidad delictiva) volvió a posarse sobre los privados y el vínculo con el Estado. ¿Tiene el establecimiento todos los certificados correspondientes? Los administradores insistieron con que habían advertido al ministerio de Salud de la Ciudad. Los funcionarios aseguraron lo contrario. Es un escándalo que está lejos de terminar. Lo cierto es que el SAME constató que los ancianos estuvieron 72 horas prácticamente abandonados.
Poderes. Por último, mientras el Poder Ejecutivo acapara las decisiones y la centralidad, el Poder Judicial intenta avanzar con la digitalización para trabajar de forma remota a partir del 27 de abril dejando en evidencia que los proyectos para modernizar la Justicia están muy lejos de lo planteado en lo discursivo.
A esto se sumó una disputa con el Congreso de la Nación. Por un lado, en el Senado, la presidenta del recinto, Cristina Fernández de Kirchner pidió el 14 de abril una garantía para sesionar de forma remota. La respuesta del procurador llegó recién el 22 del mismo mes. Es decir, se tomaron 8 días para rechazar el planteo. Las cosas no son muy distintas en la Cámara de Diputados. O quizás son peores. Hace ya tres semanas que Sergio Massa y Juntos por el Cambio discuten si es mejor sesionar de forma virtual o presencial. Las posturas van y vienen, pero aún no tomaron una decisión. El Congreso, salvo exposiciones a distancia de ministros, está paralizado.
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