Fue como una larga y penosa resaca. Negocios otrora bien protegidos salían a la luz. Los secretos financieros de empresarios, celebridades, delincuentes y funcionarios públicos quedaban expuestos alrededor del mundo. La Argentina no fue la excepción. Para el estudio panameño Mossack Fonseca, “el día después” de los Panama Papers fueron dos años de reclamos y debacle, hasta su cierre definitivo en 2018. Así surge de las nuevos documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a los que accedió PERFIL junto al equipo argentino de esta segunda etapa de la filtración mundial.
Tras las revelaciones de abril de 2016, las autoridades judiciales y del fisco de distintos países debieron tomar cartas en el asunto y comenzar a investigar a los clientes de Mossack Fonseca. Dos años después, los periodistas alemanes que encabezan esta investigación consultaron a la Procuraduría General de la Nación en Panamá cuántos pedidos de colaboración había recibido el organismo por parte de otros países a raíz de Panamá Papers. La respuesta oficial arrojó los siguientes resultados: entre 2016 y 2018, Panamá receptó 73 pedidos de asistencia de 22 países. Argentina envió un total de 11 pedidos (tres en 2016 y ocho durante 2017). Es el segundo país con mayor cantidad de solicitudes de información, después de Ecuador, según la información obtenida por Süddeutsche Zeitung.
Mossack Fonseca también debió contestar numerosos pedidos de información de jueces, fiscales y organismos extranjeros. Uno de los casos más resonante fue el desesperado intento de los abogados panameños de obtener la documentación de la compañía offshore Fleg Trading, como reveló el equipo argentino el miércoles. El estudio panameño presionó a un contador de la familia del presidente Mauricio Macri en Uruguay para que fabricara un documento con fecha 1998 informando que Fleg Trading había sido creada por Franco Macri, según los mensajes internos que retratan días frenéticos en el estudio panameño.
El caso de la offshore Mega Star Enterprises Inc, de Lionel y Jorge Horacio Messi, también desató una alerta en Mossack Fonseca. Tras la revelación del vínculo entre el jugador y la compañía en 2016, los abogados comenzaron a reclamar documentación para poner los papeles en orden y cumplir con la ley en Panamá. Los Messi dijeron que la sociedad estaba inactiva, pero los nuevos documentos revelaron lo contrario. Ante el silencio de los intermediarios uruguayos, el estudio renunció a seguir siendo su agente. Los Messi se enteraron por la prensa y acusaron al Mossack Fonseca de haberles provocado un “daño irreparable”. Mossack Fonseca terminó presentando un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) contra la compañía.
Otras historias de argentinos también consumieron gestiones del estudio tras el caos interno que desató la filtración mundial. Una de ellas es la de Hugo y Mariano Jinkis, empresarios argentinos acusados en el FIFAGate de pagar sobornos para quedarse con licencias televisivas del fútbol. En abril de 2016, La Nación y Canal 13 revelaron que el estudio panameño había ayudado a los Jinkis a montar varias empresas offshore. La historia alcanzó incluso al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que había firmado en 2006 un contrato con una de esas compañías, Cross Trading,para entregar a los Jinkis la exclusividad de la transmisión de la Champions League en Ecuador.
Los nuevos documentos demuestran que 24 días después de los Panama Papers, el abogado penalista de Mossack Fonseca en Uruguay solicitó los antecedentes de las sociedades relacionadas al FIFAGate. Buscaba corroborar que el estudio hubiera renunciado a representarlas y no estuviera relacionado con los Jinkis o Eugenio Burzaco, entre otros involucrados en el escándalo. La compañía offshore de los Jinkis también fue blanco de la Comisión de Ingresos de Seychelles, que solicitó información sobre Cross Trading SA en noviembre de 2016.
Cuando los abogados intentaron recolectar los documentos de la sociedad, se dieron cuenta de que no los tenían y que el intermediario uruguayo ya ni siquiera estaba en contacto con esos clientes. Más tarde, corroboraron que Mariano y Hugo Jinkis habían renunciado al directorio en 2012.
La falta de documentación que comprobara quiénes estaban detrás de las estructuras offshore montadas por Mossack Fonseca era una constante y los e-mails demuestran que no preocupó a los abogados hasta que comenzaron a recibir notificaciones judiciales o requerimientos oficiales.
En abril de 2016, el abogado del estudio en Uruguay también solicitó “las renuncias que hayamos tenido por el tema de las dos sociedades con Aldyne de Manager y La ruta K y el juicio en USA donde se llamó a MF Nevada como testigo”. Se refería al proceso abierto en los Estados Unidos por la conexión entre los titulares de la sociedad Aldyne y el caso de lavado de dinero contra el empresario y testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.
Aldyne tiene relación con la firma Helvetic Services Group, que se quedó con la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Aldyne fue creada en Nevada, Estados Unidos, y su función es administrar otras 133 compañías offshore.
Ex directivos de IOMA. Otros ex funcionarios argentinos también fueron alcanzados por las consecuencias de la filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca. El ex titular de IOMA durante el gobierno de Daniel Scioli, Antonio Atilio La Scaleia, figuró como uno de los accionista de la firma panameña IT Invest Group Technologies SA, desde abril de 2014, según los documentos analizados en los Panama Papers. No era el único. En total, llegaron a ser 15 directivos de la obra social. Entre ellos estaba también Daniel Burgos, ex jefe de gabinete del IOMA y segundo de la Scaleia en la obra social.
Según publicó La Nación en septiembre de 2016, IT Invest Group Technologies SA fue creada en 2012 para realizar venta digital de publicidad en distintas plataformas, en distintos países, y cobrar los dividendos a través de la compañía panameña. "Se hizo allí por las trabas comerciales y el cepo que existían en la Argentina", explicaron las fuentes.
IT Invest Group Technologies SA aparece en decenas de correos en los nuevos documentos de Mossack Fonseca. “Producto de la filtración de datos que sufrió Mossack Fonseca y de la investigación de los llamados Panamá Papers, algunos accionistas se verán en la necesidad de dar explicaciones ante nuestras autoridades fiscales”, le escribió el 23 de mayo el representante de la sociedad en Buenos Aires, Paul Etenberg, a la responsable de las relaciones con los clientes de Mossack Fonseca en Uruguay.
Frente a esa situación, Etenberg le reclamó al estudio panameño los registros y actas de la sociedad, y una certificación de que la firma no abrió ninguna cuenta ni tuvo activos, a fin de poder acreditar “que no existieron ni patrimonio ni movimientos”. E inmediatamente agregó: “No tenemos ninguna intención de reactivar ni de utilizar la sociedad; sí tenemos la intención de disolverla”.
Al buscar los documentos sobre IT Invest Group Technologies, Mossack Fonseca descubrió – como en otros cientos de casos- que nunca había completado el proceso de Debida Diligencia sobre los accionistas de la firma, tal como exigen las normas que debe cumplir para operar como agente registrado en Panamá.
El estudio panameño había intentado avanzar con esos trámites en marzo y abril de 2016, sin éxito. Los documentos sobre los accionistas de IT Invest Group Technologies no llegaron. “El proyecto por el cual nuestros clientes han formado esta sociedad ha desaparecido y por tanto debiéramos considerarla como inactiva a todo y cualquier efecto”, fue la respuesta de Etenberg.
Pero no solo la falta de cumplimiento con las normas preocupó a Mossack Fonseca. Al hacer una búsqueda de sus nombres, encontró que La Scaleia tenía una denuncia en la Justicia por destinar partidas presupuestarias de IOMA para cubrir prestaciones de manera irregular, o darles otro destino al que se previó en el presupuesto anual para el Instituto. Incluso mencionaba que se lo vinculaba con la madre de la ex presidenta Cristina Kirchner, por el reintegro excepcional de una operación de cadera en un sanatorio privado no incorporado a la cartilla de IOMA.
No era la única denuncia penal. La Scaleia viene siendo investigado en una veintena de causas por participar de una maniobra de desvío de fondos públicos durante la gestión de Scioli. Ante la insistencia del estudio panameño por precisiones, el representante de la sociedad en Buenos Aires, no sin cierta molestia, le respondió que nunca completaron el proceso de Debida Diligencia porque, según él, “la sociedad nunca llegó a operar” y “se convirtió, en ese sentido, en un costo hundido". Asimismo, advirtió que “la composición accionaria que tenía MF era inexacta”, que no contemplaba a otros socios, a quienes tampoco identificó.Ante la falta de documentación reclamada para cumplir con las normas antilavado, el estudio panameño se desvinculó del intermediario y de la sociedad panameña.
Lo Turco. Otro argentino que había recurrido a los servicios de Mossack Fonseca y que reaccionó tras Panamá Papers fue Carlos Augusto Lo Turco, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Finanzas que hoy pasa al área de Legales del Banco Nación, tras la fusión de esa cartera con la de Hacienda. El funcionario fue presidente y director de la empresa panameña Marbira SA, junto con Fernando Azzurro - uno de sus asesores jurídicos en la Secretaría de Finanzas- quien figuraba como director y secretario de la compañía. Según informó el funcionario ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, “cada uno tenía el 50% de la sociedad”.
Marbira SA fue registrada el 28 de diciembre del 2006 en Panamá y dada de baja en junio del 2009. Cuando el nombre de Lo Turco apareció en los Panama Papers, este abogado buscó demostrar que la firma estaba inactiva. Un correo electrónico enviado por el estudio uruguayo que actuó de intermediario -Fides Capital- a Mossack Fonseca, el 8 de agosto de 2016, señalaba que los clientes argentinos de Marbira preguntaban “si es posible obtener alguna constancia de M&F de que la sociedad está inactiva /dada de baja del registro” y que “nunca operó”. El bufete panameño confirmó en otro mail que, efectivamente, la compañía había sido dada de baja y envió la carta solicitada a Fides Capital con fecha 15 de agosto de ese año.
Lo Turco envió este documento sobre Marbira SA a la Oficina Anticorrupción, como complemento de la presentación de su declaración jurada patrimonial 2016. Consultado por los periodistas del Consorcio, el funcionario explicó que “la firma fue creada para brindar una asesoría legal, vía un estudio mexicano, a una empresa de España que buscaba operar en Latinoamérica. Como condición, esta empresa exigía conformar una sociedad en el exterior para canalizar los honorarios y gastos. Pero finalmente el objeto para el que fue creada no se concretó, y no tuvo ningún tipo de actividad ni movimientos”.
Los Ciccone. Los fundadores de la fábrica de billetes también fueron clientes de Mossack Fonseca y blanco de la primera entrega de los Panama Papers. En enero 2009 habían registrado en Panamá la sociedad Santa Fe Investments Worldwide SA, con acciones al portador. Identificaron que los beneficiarios finales eran Nicolás Ciccone, cofundador de la imprenta –hoy en juicio acusado por cohecho junto al ex vicepresidente Amado Boudou- , y sus dos sobrinas Silvia y Graciela, hijas de su hermano Héctor, fallecido en 2012, y también accionistas de la imprenta. Pablo Amato, yerno de Ciccone, figuraba como apoderado.
En diciembre 2015, venció el plazo impuesto por un cambio de la ley panameña para que las acciones de las sociedades offshore al portador pasaran a ser nominativas, y se identificaran así a sus accionistas. Entonces, Amato quedó como dueño del 50%. Pero de los archivos de Mossack Fonseca que se filtraron en 2016 no surgía quién era el titular del otro 50%.
Según los nuevos documentos, en marzo 2017, el estudio reiteró su reclamo al intermediario uruguayo Casarotti por la información personal y documentos bancarios faltantes sobre los beneficiarios finales y accionistas de Santa Fe Investments. Ya lo había solicitado anteriormente en tres oportunidades, sin respuesta.
En medio de ese reclamo, Casarotti le comunicó a Mossack Fonseca que sus clientes evaluaban disolver Santa Fe Investments Worldwide, frente a lo cual el bufete panameño le informó cuál es la documentación necesaria para proceder al cierre. En una comunicación posterior del 29 de abril, el estudio uruguayo señaló que ya no querían avanzar con la disolución.
Después de varios intentos sin éxito de Mossack Fonseca por obtener la documentación solicitada sobre Santa Fe Investments y sus accionistas, finalmente llegó la respuesta del estudio uruguayo: “Les informamos que lamentablemente hemos perdido contacto con el cliente”. Mossack Fonseca resolvió renunciar como agente registrado.
Según sostuvieron los Ciccone y Amato en 2016 ante las consultas del equipo argentino, Santa Fe Investments Worldwide se había creado para desarrollar un proyecto que no prosperó. "Jamás movió dinero, ni tuvo una cuenta bancaria asociada", indicó Amato.
El equipo argentino que trabajó en la continuación de Panamá Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación), Mariel Fitz Patrick (Infobae), Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil).
