Además, una destacada figura del Gobierno argentino, en reciente viaje relámpago a París, habría cobrado una coima en efectivo por el mega proyecto del tren bala que unirá las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, según aseguró una fuente independiente que requirió el anonimato. Todos estos caminos conducen a Suiza.
El escándalo saltó en Suiza en 2004, cuando, por casualidad, el Ministerio Público, revisando documentos de un banco en Zurich en busca de conexiones con un cartel colombiano de la droga afincado en Medellín, descubrió nueve expedientes confidenciales relativos a pagos de comisiones ocultas fraguados por Alstom de 1995 a 2003.
Se trataba del Tempus PrivatBank, cuyo dueño era el riquísimo hombre de negocios Oskar Holenweger, vinculado al entonces ministro helvético de Justicia y Policía, Christophe Blocher, quien durante su gestión, concluida a fines de 2007, fue acusado de forzar la renuncia del jefe del Ministerio Público, Valentin Roschacher, encargado del caso.
Roschacher había sucedido a Carla del Ponte, promovida como fiscal del Tribunal Penal para la ex-Yugoeslavia, luego embajadora de Suiza en Argentina desde principios de 2008.
Se pudo precisar después, y solamente con relación a Brasil, que Alstom pagó 6,8 millones para obtener la licitación de una parte de la extensión del subte de San Pablo por 45 millones de dólares. Pero en su informe anual 2005-2006, el gigante francés del transporte ferroviario sólo admitió veracidad para alegaciones de corrupción por otros dos contratos, en México e Italia.
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