Los cuatro integrantes de la Corte Supremarechazaron el planteo de un ex intendente pampeano contra un fallo de la Cámara de Casación que lo había absuelto del delito de trata de personas. Fue en el marco de una causa de gran impacto en la provincia de La Pampa, donde se llegó a comprobar que el jefe comunal peronista había firmado 101 libretas sanitarias de mujeres que eran explotadas sexualmente en un prostíbulo. Así, confirmó la realización de un nuevo juicio con un nuevo tribunal.
Se trata de Jorge Luis Cabak, quien fue intendente de Macachín, un pueblo ubicado a 112 kilómetros de la capital provincial, desde 2003 y que perdió frente a Juntos por el Cambio en las elecciones de este año.
El dirigente estaba involucrado en una compleja causa federal por explotación sexual de mujeres.
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Se trata de un caso que había sido elevado a juicio en agosto del 2017 por la fiscal federal subrogante Adriana Zapico, que en un dictamen lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, ello en calidad de partícipes necesarios.
"La chicho show", cuando fue clausurado.
Para el Ministerio Público Fiscal, el intendente y un ex comisario de la localidad, Hugo Mario Iglesias, le habían dado protección a una banda dedicada a la trata de mujeres en el marco del cabaret "La chicho show", que funcionó hasta 2011. Hasta allí llegó Susana Trimarco a buscar rastros sobre Marita Verón.
Cómo se inició el caso
Ese año, un testigo denunció en la policía la situación de explotación de una mujer. A partir de ahí se ordenaron una serie de medidas, se identificó al local ubicado en Macachín y se realizaron decenas de escuchas. Gracias a ese material clave para el caso se pudo corroborar cómo era la red de trata, la existencia de explotación sexual a cambio de dinero y la protección que recibía la actividad por parte del jefe comunal y el comisario del pueblo.
Pero la situación sobre el jefe comunal se agravó todavía más cuando se supo que Cabak había firmado "de puño y letra" 101 libretas sanitarias de mujeres que eran explotadas por la organización criminal que operaba "La Chicho Show". Además, se lo responsabilizó por no haber revocado la habilitación municipal del lugar y por no vetar un artículo de una ordenanza municipal que le permitió a los dueños del lugar continuar con las actividades ilegales.
"Nunca violé ninguna norma, pero jamás tuve herramientas del Concejo Deliberante para cerrar el cabaré. Siempre estuve a favor de cerrarlo", declaró Cabak durante el juicio.
Cabak fue candidato a intendente este año y perdió.
El juicio se llevó a cabo en diciembre de 2018, pero terminó de manera sorprendente: el Tribunal integrado por Pablo Díaz Lacava, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi absolvió a Cabak y al resto de los acusados en el juicio. En el fallo absolutorio, los magistrados habían considerado la existencia de vicios formales en el inicio de la investigación que tornaban nulo todo lo que se había hecho. Es decir, aplicaron la famosa teoría del fruto del árbol envenenado.
Un nuevo juicio
La decisión fue celebrada por las defensas, pero inmediatamente apelada por los fiscales Leonel Gómez Barbella, de Santa Rosa, y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina (PROTEX). En su presentación ante la Cámara Federal de Casación buscaron desestimar la teoría del Tribunal pampeano con una valoración de las pruebas del expediente, tales como las declaraciones de una denunciante, las escuchas y los resultados del allanamiento.
En diciembre del 2019, la Cámara de Casación anuló esa polémica sentencia judicial al hacer lugar al requerimiento de los fiscales. Así, anuló la sentencia y apartó al Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Rosa y ordenó que la causa vuelva a origen para que se sortee un nuevo tribunal que lleve adelante el segundo juicio oral y público.
El interior del prostíbulo.
Como era de esperar, las defensas volvieron a apelar y el caso llegó a la Corte.
El martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti firmaron una resolución de dos carillas donde convalidaron lo definido por Casación. Ello al tener en cuenta que "el apelante no ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el reglamento aprobado por la acordada 4/2007, por lo que corresponde desestimar la presente queja". Es decir, rechazaron la apelación porque no estaba redactada de la forma correspondiente según decisión del Máximo Tribunal.
Así las cosas, confirmó que se tiene que realizar un nuevo juicio.
