A los 80 años, Eugenio Zaffaroni no tiene filtros. El ex juez de la Corte Suprema opina libremente, aun cuando su voz resulte por momentos incómoda para el gobierno de Alberto Fernández, con el que Zaffaroni simpatiza. Así, propone sin vueltas reformar la Constitución e intervenir la Justicia jujeña. “El que no tiene bozal es peligroso”, afirma.
—¿Qué opina del cambio en el régimen jubilatorio de los judiciales?
—No soy especialista, pero todo régimen especial debe ser autosustentable. Nadie debe pagarle la jubilación al vecino. Debe solventarse entre contribuyentes y beneficiarios. Si no es sustentable, hay dos posibilidades: se paga menos o se contribuye más. No son excluyentes: quien quiere contribuir más, cobra más; quien no quiere, contribuye menos y cobra menos. Sería una solución racional.
—¿Cómo ve la dinámica de la Corte, con un presidente (Carlos Rosenkrantz) aislado de los demás jueces?
—No tengo idea de lo que sucede en la Corte. Me imagino un clima bastante tenso y poco amigable.
—¿Qué cambió en Comodoro Py tras el triunfo de Alberto Fernández?
—Lo veo igual, no creo que nada haya cambiado mucho.
—Fernández quiere una reforma que profundice el sistema acusatorio y diluya el poder de Comodoro Py. ¿Cómo lo ve?
—Es bueno, pero no suficiente: el lawfare argentino no lo hicieron solo algunos jueces, sino también algunos fiscales.
—¿En Argentina hay lawfare o hay lawfare y a la vez bolsos de López, como dijo Juan Grabois?
—Hay lawfare y a la vez un señor que nos dijo que nos habían engañado al creernos con derecho a vacaciones, aguinaldos y tarifas baratas, pero que dio 350 millones de crédito a una empresa fallida y que ahora dice que lo hizo por orden de un presidente, cuando él encabezaba una entidad autárquica, cuyo patrimonio comprometió en ese negociado.
—Se refiere a Javier González Fraga y Vicentin.
—Sí. También hay testigos protegidos que reciben dinero por la protección, pero que todo el mundo sabe dónde viven.
—¿Cuáles son los presos políticos de la Argentina y por qué los define así?
—No quiero perderme en cuestiones semánticas: tenemos presos que no deberían estar presos, llámense como quieran. Esta es la cuestión. Y no es un problema solo para los presos, sino para todos. Si hay presos que no deben estar presos, y lo están por orden judicial, mañana podemos estar presos vos o yo.
—¿Qué propone entonces?
—Es un escándalo inconstitucional que de alguna manera hay que resolver. Es un agujero de inconstitucionalidad en nuestra institucionalización que debe cubrirse con garantía del Estado de derecho y los habitantes.
—¿Es necesario reformar la Constitución?
—No creo que mañana podamos reformar la Constitución, pero te pregunto dos cosas: ¿Te parece correcto que cada juez pueda decidir que una ley es constitucional o inconstitucional, sin importarle la jurisprudencia de la Corte? ¿Funciona una Constitución que permite a una persona que gana una elección por un punto contraer deudas que debemos pagar todos por miles de millones de dólares?
—¿No hay un riesgo ahí de judicializar la política por izquierda, digamos?
—No me vengan con que quiero imponer una Constitución chavista o esas idioteces. Díganme si en Europa, Canadá o Estados Unidos esto pasa. Solo aquí pasa. Si me permiten una expresión poco académica, déjense de joder y pensemos un Estado de derecho normal, ni siquiera ideal. No tenemos menos neuronas que los europeos o norteamericanos, es cuestión de usarlas sin inventar la pólvora.
—Un senador kirchnerista presentó un proyecto para intervenir el Poder Judicial en Jujuy. Usted sugirió algo parecido. ¿Es viable?
—Si me preguntás si es viable constitucionalmente, el artículo 5º de la Constitución garantiza a las provincias su autonomía y, entre sus condiciones, establece garantizar su administración de justicia. Es obvio que, más allá de la vulgar clonación y reproducción de juicios y de los testigos comprados, después de lo que declaró la presidenta del Supremo jujeño, a quien sus propios pares sacaron de la presidencia, y de la catarsis telefónica de uno de sus miembros, el escándalo es total. La razón de la prisión de Milagro Sala y sus compañeros queda confesada y corresponde la intervención federal al Poder Judicial.
—¿Políticamente es viable?
—Políticamente, no lo sé.
—¿Qué le parece la postulación de Daniel Rafecas para la Procuración?
—Muy buena, excelente. Es un tipo correcto, lo que no es poco, y sabe derecho.
—En el kirchnerismo algunos lo consideran inconveniente. Sobre todo los que buscan ir hacia un gobierno de centro. ¿Qué piensa?
—Derecha, izquierda y centro me parecen ideas vacías. En Latinoamérica la opción desde nuestra independencia es soberanía o colonialismo. No sé si alguien me considera inconveniente, pero no debe ser por eso, sino por algo común en la política: el que no tiene bozal es peligroso. Y yo no tengo bozal por la edad, por la carrera académica y por no andar buscando cargos. Ese podría ser el problema para algunos.
Defensor de Evo
Después de haber sido ministro de la Corte por más de once años, Zaffaroni asumió como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la vez se convirtió en un polemista part-time, elegido como puchingball doctrinario por un sector del macrismo. En especial, por el que encarna Patricia Bullrich.
Desde enero pasado, recobró centralidad política: ya en la Argentina, Evo Morales lo eligió como su abogado, ante las acusaciones de sedición y terrorismo. “Si lo de Bolivia no fue un golpe de Estado no se qué fue”, se queja Zaffaroni.
Sobre la inhabilitación para que Morales sea candidato a senador opina: “Se ha inventado un nuevo método para privar de derechos políticos que a ninguna dictadura del mundo se le había ocurrido hasta ahora”.
