A. La judicialización de la política llegó para quedarse en la democracia Argentina. El poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero también como amenaza a esos derechos e instituciones. Este fenómeno, en pleno ascenso, lo vemos con la judicialización de la política. Se manipulan expedientes, plazos, derechos y garantías para hacer un espectáculo que está lejos de la calidad institucional y de las reglas de juego republicanas y constitucionales. Se utilizan, justamente, para poner en jaque a la república democrática.
En 2010, un sector del kirchnerismo impulsaba judicialmente una campaña para negar el derecho político de Mauricio Macri a presentarse a su reelección como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por estar procesado en el caso de presuntas "escuchas ilegales". El derecho era claro entonces, como lo es hoy con el expresidente Carlos Saúl Menem: sólo una sentencia definitiva permite negar el derecho constitucional a ser candidato en una lista electoral. En ese momento opinamos que Macri tenía derecho a postularse, en contra de interpretaciones forzadas y manipulaciones evidentes.
Un sector del macrismo hace hoy lo mismo que el kirchnerismo supo hacer en ese entonces, pero con una relación algo más fluida con los actores judiciales. Tanto en el ámbito interno como internacional (ver los casos de Brasil y Uruguay), las investigaciones judiciales son instrumentalizadas para tomar decisiones de carácter netamente político y discrecional, lejos de la legalidad y cerca de la arbitraria respuesta de primera instancia: una legalidad contingente y efímera que no representa una decisión judicial de un órgano razonable –esto es, que funde los hechos en una investigación rigurosa y fundamente precisamente en derecho vigente respetando las garantías constitucionales-. Los casos de corrupción se convierten en simples medios de hacer daño político. Realizar una investigación judicial profunda y en tiempo eficaz, que demuestre el carácter estructural de la corrupción y sus protagonistas recurrentes, se deja de lado para utilizar el expediente como arma política. Quizá la impunidad judicial, que es el resultado habitual de esos procesos, sea también resultado de la utilización de estos procesos como una forma de ensuciar la cancha. La instrumentalización de los procesos judiciales, usarlos como medios para un fin, no tomárselos en serio, fomenta la impunidad.
B. Razones para judicializar la política. Teniendo esos dos casos en mente postulamos algunas razones para entender por qué se judicializa la política.
1. Judicializar para hacer el show de tribunales. Para construir una política de desgaste del gobierno/oposición y capitalizar el protagonismo en los tribunales y en los medios, a través de denuncias, indagatorias y procesamientos. Judicializar para protagonizar. Usualmente el que denuncia capitaliza y el denunciado se desgasta. La sentencia definitiva llega junto al olvido o la irrelevancia de los protagonistas de los expedientes. El objetivo del show puede ser remover, debilitar y/o hasta proscribir.
2. Judicializar para dilatar la resolución del conflicto. Alargar los plazos, permitiendo más tiempo para ser usado por los interesados. Ya sea para hacer más negociación política o para, simplemente, hacer pasar el tiempo y sembrar el olvido. Dilatar una respuesta y hacer cronoterapia.
3. Judicializar para sedar el dolor. Judicializar como forma de estabilización de una crisis institucional, una tragedia, un suceso que conmueve a todos/as. Se dice "la justicia lo investigará...", y de esta manera se logra adormecer el conflicto, aquietar aguas y respirar ante demandas de respuestas concretas en un estado de shock colectivo. Cabe pensar en atentados y tragedias como la Embajada de Israel, AMIA, Cromañón y Once.
4. Judicializar para desacreditar. Se denuncia a personas para forzar sus renuncias o como parte de una campaña en las que los poderes judiciales operan como una herramienta de exclusión y persecución selectiva. Se ve tanto en casos nacionales e internacionales, como por ejemplo el del expresidente José "Pepe" Mujica en Uruguay.
5. Judicializar para legitimar una decisión política. La Corte o los tribunales pueden legitimar, con sus fallos, políticas centrales de un gobierno, a pesar de su dudosa constitucionalidad. Judicializar para vestir (o disfrazar) una decisión política con los ropajes técnicos de la ley. En 1999 el Juez Federal Busto Fierros habilitó al por ese entonces Presidente Carlos S. Ménem podía presentarse a un tercer mandato presidencial. El reciente fallo que exige un título de abogado para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Esos son dos ejemplos claros. Lejos de la letra de la ley, cerca de facilitar una acción política.
6. Judicializar para ocultar la decisión política. El lenguaje de la ley puede ocultar, en sus tecnicismos, una decisión política. Los jueces pueden dar una respuesta, pero al mismo tiempo ocultarla con su extensión o con ambigüedad. Es posible ocultarse con un fallo de miles de páginas donde se resuelve el fondo con imprecisión deliberada y muchas citas variadas pero inconsistentes. Se puede enmascarar una decisión política con un expediente perfectamente técnico. Cuando un juez quiere esconder una decisión política, escribe cientos o miles de hojas en una sentencia con citas generosas y deliberadamente contradictorias, que nadie lee, ni mucho menos, entiende.
7. Judicializar para trasladar costos de la decisión al Poder Judicial. Tomar decisiones que los órganos políticos no quieren tomar por sus altos costos mediáticos y/o electorales. Los jueces asumen estos costos con resultados diversos en temas como estupefacientes, interrupción del embarazo y garantías constitucionales del proceso penal.
8. Judicializar para cerrar el debate. Se puede cerrar los debates al judicializarlos, de dos formas diferentes. Primero con un rechazo directo, por vía procesal -eso es el famoso sello 280 de la Corte- sin dar razón alguna y fin del debate. Así se esquiva una causa e impide una decisión de fondo, sustancial, que de respuesta concreta. Los jueces pueden rechazar sin fundamento ciertas causas y cerrarlas (cierre por vía procesal) pero también pueden dar una respuesta final a un debate puntual (cierre por decisión de fondo). El cierre del debate puede darse con una decisión de fondo que sea breve y tajante, en el opaco lenguaje judicial. De una forma o de otra, se puede judicializar para cerrar un expediente y así un tema candente abierto.
9. Judicializar para negociar. Es posible hacer denuncias sin pruebas o con expedientes armados con carpetas azarosas, solo para fogonear esos expedientes en momentos electorales o estratégicos. El impulso de ciertos actos procesales se convierte en herramienta de negociación con personalidades judiciales o políticas. Presentar más pruebas, anunciarlas, prometerlas y usar todo eso como otro capítulo de la telenovela judicial.
10. Judicializar para amenazar. Denunciar puede funcionar para intimidar a personas, especialmente líderes sociales y/o militantes, políticos famosos, a través de la criminalización de la protesta o denuncias explosivas. El derecho se transforma en una herramienta de amenaza y presión a actores políticos activos. La amenaza de judicializar o de impulsar ciertos expedientes puede ser muy persuasiva y tiene más efectividad con aquellos que tienen menos recursos y menor conocimiento respecto a cómo funciona el especial mundo judicial.
Lo más insólito de este fenómeno social y cultural es que el resultado de la inmensa mayoría de los procesos mediáticos termina en la nada pero consume recursos y una energía extraordinaria. La judicialización mediática tiene como desenlace la impunidad judicial y el olvido popular. Los expedientes son devorados, literalmente, por las ratas del archivo judicial; mientras que los medios y la sociedad olvidan las acusaciones y a sus protagonistas.
Un uso estratégico de los tribunales hace que el Derecho y las disputas judiciales sean, en efecto, disputas políticas por otros medios, medios no convencionales. Analizar las razones que ciertos actores tienen para esa práctica debería ser un primer paso para evitar los abusos y peligros provenientes de la manipulación de las palabras de la ley y del ideal de justicia.
*Lucas Arrimada es Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho (UBA).
