La Cámara Nacional del Trabajo dictó este miércoles una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU dictado por el Gobierno, ante lo cual la administración de Javier Milei anunció que apelará y pedirá que se declare la incompetencia de ese tribunal para que el caso sea tratado en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
El tribunal de feria hizo lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había apelado una resolución de primera instancia, y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU, informaron fuentes judiciales.
Los jueces que suspendieron la aplicación de la reforma laboral fueron José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, mientras que María Dora González votó en disidencia y sostuvo que el caso debía enviarse a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, para que decidiera si era competente ese fuero, que ya suma diversos expedientes contra el "Mega DNU", o el laboral, tal como había dicho el fiscal general Juan Manuel Domínguez.
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Sudera pertenece a la lista Bordó, que actualmente conduce la Asociación de Magistrados. En la audiencia pública ante el Senado realizada en el 2021, Sudera contó que trabajaba en la Justicia desde hacía “29 años” y que fue juez de primera instancia durante “15 años”. Según detalló Infobae, ese mismo año fue denunciado por violencia de género por descalificar el trabajo de una colega con especial vehemencia, y ya había sido denunciado en otras tres oportunidades.
Por su parte, García Vior se había desempeñado en varios cargos de la Cámara del Trabajo y, desde 2014, fue jueza de primera instancia antes de ser designada camarista. Su carrera comenzó en 1987, fue secretaria de la Sala II durante diez años y desde el 2019 estuvo a cargo del juzgado 54. Ambos jueces se sumaron a la Cámara Laboral a mediados de 2021 y Vior se mostró a favor de que los jueces paguen ganancias.
El voto de ambos citó jurisprudencia de la Corte, restrictiva en cuanto a las atribuciones legislativas del presidente, señalando que “una inveterada doctrina del máximo tribunal (sostiene) que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
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Asimismo, citaron al libro del máximo representante del liberalismo latinoamericano, Juan Bautista Alberdi, “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, cuyas ideas fueron adoptadas o incorporadas posteriormente en la Constitución Nacional argentina de 1853. Mientras que Milei cita a Alberdi en su DNU para justificar sus medidas, Sudera destacó la siguiente cita: “En vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley”.
“Ya es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable. Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una Constitución”, recordó Sudera y añadió (ya sin citar a Alberdi) que "las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema".
El Gobierno apelará el fallo de Sudera y García Vior
La presentación para apelar la decisión de los camaristas está siendo elaborada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, confirmaron fuentes del Gobierno a PERFIL. En la misma, no solo apelarán la medida cautelar, sino que pedirán que la causa se tramite en el fuero Contencioso Administrativo Federal en lugar del fuero laboral, tal como dictaminó el fiscal del fuero del trabajo Juan Manuel Domínguez.
"La Procuración aún no ha sido notificada, tiene tres días, y pedirá inmediatamente la incompetencia del Fuero del Trabajo. Ya que en una discusión de competencias positivas, cuando participa el fuero administrativo, corresponde al fuero administrativo saldar la decisión. El fiscal compartió nuestro criterio, así como lo hizo la jueza María Dora González", indicaron las fuentes oficiales a este medio.
Si la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal acepta la competencia del caso, habrá un conflicto con la Cámara del Trabajo, por lo que la Corte Suprema debería decidir a qué fuero le corresponde actuar. "Están desoyendo el criterio que adoptaron todos los otros tribunales del país, tanto en la Ciudad, como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos", agregaron desde el Gobierno.
ML / ED