“Un paso más hacia la regularización de los legítimos usuarios de armas”. Con esta frase, Patricia Bullrich anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que generó controversias. En el oficialismo dicen que se trata de una iniciativa que pretende facilitar trámites y derribar barreras burocráticas para que el Estado tenga información sobre las armas que circulan en la Argentina. Sin embargo, hay quienes creen que se trata de otra cosa, de una especie de primer paso para “blanquear” a quienes tienen una tenencia ilegal, cualquiera sea su origen.
La libre portación de armas es un tema de la agenda libertaria desde hace años. En el 2022, cuando el presidente Javier Milei era diputado aseguró: “Aquellos Estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos”, pero el dato fue desmentido luego por diferentes sitios de fact checking. Bullrich, en 2018, hizo declaraciones que al día de hoy se replican en redes: “El que quiera estar armado, que ande armado. El que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”.
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Por eso, apenas se conoció la iniciativa oficialista se encendieron las alarmas. El proyecto podría dividirse en dos: por un lado, se propone prorrogar durante cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (PEVAF), que implementa la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) desde el 2007. Por el otro, llamar a las personas que tienen armas sin estar legalmente autorizados a que se presenten ante las autoridades a regularizar su situación, sin importar proveniencia del material.
A primera vista, se trata de dos asuntos en los que hay consenso: la necesidad de sostener el programa de desarme voluntario y obligar a los tenedores de armas a registrarse. La pregunta es, entonces, por qué diferentes organizaciones de derechos humanos y referentes en el tema pusieron el grito en el cielo. En diálogo con PERFIL, la extitular de la ANMAC Natasa Loizou aseguró que para comprender los cuestionamientos hay que mirar el texto con lupa: “Es un proyecto tramposo”, sostuvo.
Loizou es cientista política y de Relaciones Internacionales e investigadora en temas de seguridad y defensa. Su paso por la ANMAC, además, le aportó un conocimiento sobre el funcionamiento interno del organismo. Según Loizou, desde La Libertad Avanza elaboraron un proyecto que transforma el enfoque de la amnistía penal, un concepto clave en el desarme voluntario. Acorde a la Ley 26.216 de creación del Programa, hasta ahora, este “perdón” solo podía alcanzar a quienes tuvieran un arma ilegal y la entregaran Puestos de Desarme Voluntario de la ANMAC. Pero, si se aprueba el proyecto oficialista, en cambio, el beneficio alcanzaría a quienes son tenedores de armas de manera ilegal, de calibres mayores y de cualquier proveniencia. Es decir, a quienes no busquen entregar sus armas al Programa de Desarme sino, simplemente, “blanquear” su tenencia ilegal.
Con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza, el exlegislador bonaerense Juan Pablo Allan asumió al frente de la Anmac. El hombre, del riñón de Bullrich, coincide con la ministra en que el problema no está en las armas sino en que no haya un registro actualizado. "Es una de las principales funciones de la agencia y siempre tardó muchísimo. Tenemos legítimos usuarios con el carnet vencido y queremos que todos estén dentro de la ley. Pero para eso tenemos que hacerles la vida más fácil: digitalizar procesos, que hoy son en papel, y eliminar barreras burocráticas", dijo en diálogo con PERFIL.
Si bien quienes cuestionan el proyecto celebraron que la prórroga del programa de desarme voluntario propuesta por el Ejecutivo sea de cuatro años -hasta ahora era solo de dos-, insisten en que reducir la cantidad de armas que circulan o la desburocratización del registro no son los principales objetivos del Gobierno. De hecho, cuando en el 2022 el Congreso debatió la prórroga, Milei se ausentó del recinto y su compañera de bloque y actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, votó en contra. En el 2023, los legisladores no trataron el asunto y el 31 de diciembre el PEVAF se suspendió.
Artículo por artículo, que propone el proyecto sobre armas de Bullrich
El proyecto que se envió al Congreso tiene dos carillas y siete artículos. En su anuncio, Bullrich argumentó que “en Argentina hay más de 800 mil armas de fuego con tenencia irregular”. El dato se desprende de una auditoría interna que comenzó la Anmac en el 2022. Sin embargo, la comunicación de la ministra tiene un error: esa no es la cantidad de armas, sino la cantidad de usuarios que están en una situación irregular (con su licencia vencida, por ejemplo).
“Muchas de esas personas tienen más de un arma así que el número podría ser mucho más alto. Pero más allá del numero de las armas, la ANMAC ya tiene conocimiento sobre la existencia de esas armas, lo que se debe hacer es promover la regularización de la condición de Legitimo Usuario de esas personas, cosa que no estamos viendo que promueva la Agencia, ni en acciones administrativas y ni en acciones judiciales”, explicó Loizou.
Más allá de la precisión de los números, la preocupación de Loizou radica en la redacción del proyecto, en particular lo que se propone en el artículo 3. En el primero se insta a que quienes tengan armas de “uso civil” o de “uso condicional” sin estar legalmente autorizados se presenten ante las autoridades a regularizar su situación; el segundo le otorga a la ANMAC facultades para dictar normas técnico-registrales; y, el tercero, se sostiene que quedan exentas de ser pasibles de acción penal las personas alcanzadas por el artículo 189 bis del Código Penal.
El 189 bis del Código Penal habla de la pena que se le impone a quienes cometen delitos con armas de fuego, que es de reclusión o prisión de 5 a 15 años. A ellos, con este proyecto, podría alcanzar la exención. Es decir, a cualquier delincuente.
Desde que se creó el programa hasta ahora, la exención servía para que las personas pudieran trasladarse hasta la ANMAC a entregar un arma ilegal sin tener problemas. El perfil de quienes entregan armas al PEVAF suele repetirse: varones cuyas mujeres les insisten sobre la peligrosidad del armas en el hogar, madres desesperadas que saben que su hijo está vinculado con el delito y le quitan el arma y las municiones a escondidas, mujeres que sufren violencia de género, personas que heredaron alguna propiedad en la que había, por ejemplo, escopetas.
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“Más allá del incetivo económico, la amnistía penal que brinda el el PEVAF busca que la gente no tenga miedo si los para la Policía en la calle y no la documentación del material”, explicó la experta y agregó: “Pero en el nuevo proyecto tomaron el concepto de la amnistía penal y le dieron un giro a la tenencia ilegal, no para promover el desarme. Es decir, antes tenías la amnistía porque entregabas el arma y no porque tenías un arma”, resumió Loizou.
Por otro lado, Loizou señala que el tercer párrafo del primer artículo también es problemático. En el texto se sostiene que quien no obtenga la condición de Legítimo Usuario de Armas deberá transferir dicho material a un Legítimo Usuario de Armas debidamente inscripto en la ANMAC.
"Para que se pueda transferir un arma a otro Legitimo Usuario de manera legal, es tenedor debe ser registrado como legitimo usuario. Entonces, lo que plantea el proyecto que una persona se presente a la ANMAC declarando que tiene un arma, no siendo legitimo usuario, podrá transferirla a un legítimo usuario, acción que no se permite bajo la actual normativa. La registración de ambos usuarios es fundamental para garantizar la legal procedencia de la tenencia del arma. Ahora bien, hay actores en el sector de armas que están interesados en la desincentivación del desarme para que puedan acceder a las armas no registradas y poder realizar las transacciones de transferencia de armas. Entonces, lo que se propone en el proyecto responde a demandas de un sector comercial y de tenedores de armas no regularizados", explicó Loizou.
Por último, la experta señala que en el artículo 1 las autoridades no incorporaron un detalle que sí está expresamente aclarado en la resolución 269/93 del Ministerio de Defensa: “En esa resolución, que es sobre reempadronamiento, cuando se habla de ‘uso civil’ o ‘uso civil condicional’ se aclara que las personas particulares solo pueden tener armas de menor calibre a 22. En el proyecto de ley esa aclaración se borra y sabemos que una ley tiene más peso que una normativa ministerial. ¿Qué significa eso? No queda claro y surgen preocupaciones sobre el trasfondo del proyecto”, reflexionó Loizou.
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Aquellas personas particulares que deseen tener de forma legal un arma de uso civil condicional de mayor calibre deben solicitar un “permiso especial” a la ANMAC y al Ministerio, podría autorizar con cierta discrecionalidad. En general, el perfil de este grupo es totalmente opuesto al de quienes entregan en el PEVAF: persona adineradas, coleccionistas, amantes de la caza. Según Loizou, a pesar de que no se trata de un sector grande, sí tiene capacidad de influir.
Loizou no es la única que lo cuestiona. Adrián Marcenac, el titular de la Red Argentina Contra el Desarme; María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); o el fiscal Gabriel González da Silva, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM), también alertaron sobre las consecuencias de su aprobación. El proyecto acaba de entrar al Congreso y serán los legisladores quienes resuelvan si se aprueba o no.
gl / ds
