El cerco judicial sobre Juan Grabois terminó de cerrarse en los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del dirigente social por haber liderado la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón a mediados del año pasado, y le aplicó un embargo que alcanza los 5.000.000 de pesos.
La resolución llevó la firma de los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes respaldaron en su totalidad la investigación preliminar del juez Sebastián Ramos. Los magistrados ratificaron que el líder del Frente Patria Grande debe responder penalmente por los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad. La medida judicial también alcanzó al militante Valentín Peralta, procesado y embargado por un millón de pesos.
El expediente se remonta al mediodía del sábado 7 de junio de 2025. En medio de reclamos por despidos y rumores sobre una posible venta del histórico edificio ubicado en Recoleta, un grupo de manifestantes (acompañado por Grabois, la diputada nacional Natalia Zaracho y la legisladora Victoria Freire) irrumpió en la sede gubernamental. El ingreso se concretó de manera irregular a través de una puerta interna que conecta el establecimiento con el bar lindero "Un Café con Perón". Tras varias horas de tensión, efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad desalojaron el lugar y se llevaron detenido al dirigente entre empujones y forcejeos.
Acorralado por las pruebas, Grabois intentó una maniobra de defensa institucional. En un principio, evitó declarar frente al juez durante su indagatoria, pero presentó un descargo a través de su abogado, Nicolás Rechanik. En ese documento, aseguró que su presencia en el lugar se limitó a su rol como abogado de una cooperativa y que su único objetivo era mediar pacíficamente en el conflicto.
El juzgado no compró esa versión. La coartada se desmoronó cuando el magistrado analizó los videos de seguridad: las imágenes mostraron a Grabois avanzando por los pasillos internos y encabezando la intrusión al edificio justo después de que cayera una placa de durlock y un ventilador. A esto se sumó una prueba aportada por sus propias redes sociales, donde el dirigente convocó públicamente a "defender" el Instituto de lo que calificó como un "gobierno oligarca". Con esos elementos, el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano (que actúa como querellante) lograron sostener la acusación.
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El fantasma de Lago Escondido y el contraataque político
Lejos de guardar silencio, el entorno del dirigente salió con los tapones de punta contra Comodoro Py. Desde el Frente Patria Grande emitieron un comunicado donde fulminaron la resolución, tildándola de "mamarracho jurídico", y apuntaron directamente contra el Ejecutivo y los magistrados intervinientes. "No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido", dispararon.
Esa referencia no fue casual y esconde un fuerte pase de facturas interno contra el juez de primera instancia. Sebastián Ramos, el magistrado que procesó a Grabois en primer lugar, es el mismo que en su momento sobreseyó a todos los implicados en el polémico viaje de jueces, empresarios y funcionarios al sur, un contingente que incluía al actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
La ironía del destino judicial le dio a la agrupación política un último dardo para lanzar. En la lista de pasajeros de aquel vuelo a Lago Escondido figuraba Pablo Yadarola, quien en ese entonces se desempeñaba como juez de primera instancia. Hoy, ya ascendido a camarista, Yadarola fue precisamente uno de los tres magistrados que estampó su firma para confirmar el procesamiento y el embargo millonario contra el líder social.
TC/MSS
