Más de 600 allanamientos, unas 200 horas de filmaciones, testimonios que se suman y otros tantos que faltan. Tres víctimas fatales y un imputado de homicidio. El rol de los policías y el posible nexo con los saqueadores, todo golpea la puerta de los fiscales de Concordia. José Costa, coordinador de la Unidad Fiscal de esa ciudad está a cargo de la investigación de los hechos ocurridos entre el domingo 8 y el lunes 9.
Una semana después de los hechos, hay tres muertos. Eduardo López, 23 años, cartonero, murió en la madrugada del lunes 8, electrocutado. El fiscal Costa dice que “todavía no se pudo determinar dónde estaba, él ingresa al hospital llevado por sus familiares, pero está claro que la muerte es por electrocución”.
En los días siguientes fallecieron dos jóvenes que estaban malheridos por defenderse frente al saqueo a la distribuidora de alimentos La Esperanza, propiedad de Juan Javier Huerta, quien está imputado por los hechos.
Allí, uno de los empleados, Eduardo Cáceres, de 22 años, recibió un disparo y el otro Claudio Román, de 21, sufrió graves quemaduras, ya que el local fue incendiado. Los familiares dicen que ambos trabajaban en un aserradero de Huerta, que es además dueño de la distribuidora, y que ese día, trasladó a los jóvenes del trabajo habitual para que le cuidaran el negocio. Y aseguran que el mismo Huerta disparó y ordenó el incendio.
El fiscal Costa confirma la versión según la cual el propietario podría tener responsabilidad en los hechos, “producto de la desesperación que estaba viviendo”.
Carina Cáceres, madre de Eduardo, dice: “Sólo quiero justicia, porque él fue a trabajar al aserradero, no a la distribuidora donde pasó todo”.
“Tenemos cientos de horas de grabación para analizar”, dice el jefe de los fiscales. En estos días ha reunido “pruebas, información, videos, fotos, material fílmico y periodístico, de cámaras de seguridad que de ahora en adelante tendremos que analizar”. También se dispusieron centenares de allanamientos para recuperar elementos robados. “Se allanaron domicilios vinculados a policías, primero el de la madre de un funcionario policial, y otro en el dormitorio del hermano de un funcionario policial que tenían elementos procedentes de saqueos”, indica y anticipa que “hubo una organización previa, fue simultánea la toma de la Jefatura con el inicio de los saqueos pero nos llevará tiempo establecer la conexión”.
El Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, apunta al delito de sedición.
